El "Caso convenios" entró al área judicial luego de que el martes Revolución Democrática (RD) presentara una querella y la Fiscalía encargara a la PDI allanar el domicilio que compartían la diputada del mencionado partido Catalina Pérez con su expareja Daniel Andrade, quien a su vez ingresó un escrito para ser parte del proceso en calidad de imputado, pues se le apunta como el principal responsable de los millonarios acuerdos entre la fundación Democracia Viva, que representa legalmente, y la seremi de Vivienda de Antofagasta cuando era dirigida por Carlos Contreras, ambos también militantes de RD.

Un nuevo paso en la arista judicial de este escándalo lo dio ayer el ministro de Vivienda, Carlos Montes, quien personalmente fue a la Fiscalía de Antofagasta a entregar datos que podrían ser relevantes para la indagatoria.

Montes conversó con el fiscal Cristián Aguilar y tras la cita contó que "hemos entregado tres archivadores con toda la información que nosotros tenemos, el conjunto de información necesaria para la investigación, los datos que tenemos de las obras que se están realizando acá".

"A nosotros no nos corresponde determinar qué es irregular o no, es un tema del fiscal. Nosotros hemos entregado toda la información necesaria, la han acogido como un apoyo, y hemos quedado con una línea directa para nuevas informaciones", apuntó el ministro.

"Resultado favorable"

En la víspera, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI llegó a la vivienda de Pérez en la comuna de Pedro Aguirre Cerda -que compartía con Andrade- preguntando por él.

El fiscal Aguilar aclaró que el allanamiento no estaba dirigido a la parlamentaria y que en uno de los domicilios "pudo obtenerse un resultado favorable, incautando un computador, un notebook y además un teléfono celular. No teníamos ningún antecedente de que se domicilio pudiera ser compartido o tener vinculación con la diputada Pérez".

Sin embargo, se mantiene abierta la arista política de este caso. Ayer la bancada UDI designó a los abogados Teresita Santa Cruz, Pablo Toloza y Carlos Oyarzún, para que recopilen por todo el país las informaciones que puedan proveer sus consejeros regionales y concejales y aportarlas a la investigación.

El diputado Juan Antonio Coloma advirtió que "al ministro Montes simplemente se le está acabando el tiempo. No basta con presentar apoyos en la Región de Antofagasta; se necesita transparentar todo lo que ocurrió en Chile. Uno se pregunta hasta dónde siguen trabajando en el ministerio personas que hipotéticamente hubiesen tenido un doble contrato. Es simplemente impresentable".

De acuerdo con una versión dada a conocer ayer por fuentes cercanas a la investigación de la Fiscalía, los datos recopilados por el ministro Montes no solo apuntan a Democracia Viva, sino también a la ONG Fundación para la Superación de la Pobreza, organización privada sin fines de lucro creada en 1994 cuyo fin es generar "mayores grados de equidad e integración social en el país que aseguren el desarrollo humano sustentable de las personas que hoy viven en situación de pobreza y exclusión social".

Según los datos recibidos por el fiscal Aguilar, durante 2022 esta fundación durante se adjudicó más de 500 millones de pesos para proyectos en solo tres meses. Entre las filas de la ONG en el pasado aparece Paz Fuica, concejala por la comuna, exencargada territorial de la diputada Pérez y quien trabajó de cerca con el exseremi Carlos Contreras.

Ayer se dio a conocer un nuevo detalle que vincula a la fundación Democracia Viva con las donaciones a la campaña del Apruebo en el plebiscito constitucional de septiembre de 2022.

Felipe Heusser, co-coordinador de dicha campaña, envió una carta al Consejo para la Transparencia detallando los aportes recibidos por distintas organizaciones, una de las cuales fue Democracia Viva.

En ella afirma que "los reprochables hechos que hemos conocido a través de los medios de comunicación respecto al proceder de esta Fundación y el manto de dudas que su actuación está generando en la opinión pública respecto a todas las instancias en las que ha participado la Fundación Democracia Viva, me han motivado a título personal para escribir esta carta a ustedes con el ánimo de entregar información respecto al funcionamiento de la campaña Aprueba x Chile y respecto al rol que cumplieron las organizaciones de sociedad civil en general y la Fundación Democracia Viva en particular".

Mediante resolución del Servel, con fecha 12 de julio del año pasado, Democracia Viva fue una de las decenas de organizaciones de la sociedad civil que se inscribieron ante el órgano para realizar campaña.

En la carta, el coordinador mencionó que la campaña funcionó a través de un banner en una página web para que la gente hiciera sus aportes de campaña, pero que los donantes no tenían cómo saber a qué entidad le donaban, sino que lo hacían a través de la entidad "Aprueba x Chile". Así llegaron dineros de campaña a Democracia Viva.

Heusser dijo que en el caso de esa Fundación, "se recibieron un total de $51.763.098 en donaciones online (a través de la sección Haz tu aporte) y se realizaron gastos electorales por un total de $51.762.612. Todas las rendiciones, boletas, facturas e informes de actividades también fueron debidamente rendidos al Servel" y cuentan con respaldos.

En este punto, sin embargo, hay una diferencia con lo registrado por el Servel, según cuyos registros Democracia Viva recibió $31.540.000 de aportes.

El presidente del CPLT, Francisco Leturia, afirmó que entregará los antecedentes al Ministerio Público y al Servel, "órganos competentes en esta materia".