En el marco de la implementación del nuevo Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SNRSJ) en la macrozona norte, continuamos destacando los diversos hitos e iniciativas impulsados por nuestro Ministerio. El pasado 23 de junio, se llevó a cabo la primera sesión del Consejo Nacional de Reinserción Social Juvenil, instancia de concurrencia interministerial que coordina a los distintos servicios involucrados en la puesta en marcha del nuevo Servicio, tales como el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Ministerio del Deporte, Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Ministerio de Desarrollo Social y Familias.

El primer desafío de este Consejo interministerial fue revisar el borrador de la Política Nacional de Reinserción Social Juvenil, donde las observaciones incorporadas deberán ser luego aprobadas por Presidente de la República, Gabriel Boric Font. Esta Política tiene como objetivo orientar y normar las acciones del sistema de reinserción social juvenil a través de la coordinación pública, la acción integral y especializada, resguardando y garantizando la dignidad y los derechos de las y los jóvenes en conflicto con la justicia, para evitar la comisión de nuevos delitos y así contribuir con su plena integración social.

La implementación de esta política, su aprobación y posterior implementación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, es la posibilidad de hacer un cambio significativo, que no solo implica un fin de garantías y derechos, sino también en el largo plazo dar garantías de seguridad.

De esta forma, comenzamos a saldar la gran deuda que como sociedad tenemos con los jóvenes que se encuentran en conflicto con la justicia, hasta ahora atendidos por el Servicio Nacional de Menores. Precisamente, este nuevo servicio busca hacer las cosas distintas para quebrar las trayectorias de vida ligadas al delito que, lamentablemente, se encuentran presentes en parte de la población joven de nuestro país.

Destaco también que, durante el segundo semestre, continuaremos trabajando en la implementación del servicio, ya que próximamente se anunciará la Creación del Consejo de Estándares y Acreditación y la Creación de la Comisión Nacional de Reinserción Social Juvenil.

A nivel local, estas instancias se fortalecerán a través del Comité Operativo Regional, con los servicios antes mencionados, para llevar adelante los planes de intervención individual, programas, y en definitiva la nueva política de reinserción social juvenil. Se busca, en definitiva, dar posibilidades reales de reinserción social a los jóvenes a través de la colaboración coordinada de los distintos actores del sector público, así lo ha manifestado a nivel regional la delegada presidencial regional Karen Behrens Navarrete.

De manera muy tangencial y en honor a los tiempos de la televisión, la senadora por O'Higgins, Alejandra Sepúlveda, manifestaba una preocupación colateral a lo que se está investigando en el denominado caso convenios. La parlamentaria hacía referencia a la eterna lucha de las regiones por contar con una mayor autonomía económica para destinar recursos a las necesidades locales, fruto de la mirada de quien habita determinado territorio.

Esta aspiración con frecuencia chocaba con una negativa, que entre varios aspectos, insistía en la necesidad de mantener una supervigilancia desde el área central y con ello evitar un mal uso de los recursos fiscales. Ese era el discurso políticamente correcto, porque en el fondo se apuntaba a evitar actos de corrupción con los recursos públicos .

Es aquí se encuentra la implicancia y el revés para las aspiraciones regionales, porque si bien el caso convenios está en una fase investigativa, hasta el mismo partido de los involucrados se querelló por posibles actos de corrupción.

Con esto se confirma uno de los argumentos de los defensores del centralismo, que la autonomía tiene que ser acotada para que no se dilapiden los fondos del erario nacional en temas personales, de organizaciones u otros. Este caso fue como una bofetada para quienes aspiran por un país más descentralizado.

Lamentablemente no es el único ejemplo. También hay otros que están en etapa de investigación y que afectan a autoridades regionales y comunales que estuvieron en ejercicio hace un corto tiempo.

Es cierto que hay falta de madurez en las regiones para administrar grandes volúmenes de dinero y también la tentación de hacerse de dinero fácil es grande. No obstante, lo que debiera importar es cómo regulamos la actividad y cómo castigamos a quienes la transgreden.

Allí pareciera estar gran parte de la solución.