En medio de la destrucción en diversos grados de cientos de casas, provocada por el desborde de ríos, el Presidente Gabriel Boric afirmó ayer en Licantén, Región del Maule, que "el Plan de Emergencia Habitacional (PEH) no se detiene por la culpa de un par de inescrupulosos, delincuentes", en referencia al Caso Convenios, entre la seremi de Vivienda de Antofagasta y Fundación Democracia Viva, liderada por militantes de RD, que recibió transferencias por $426 millones.

"Hemos visto los últimos días casos que empañan y que, seguramente o probablemente, lo tendrá que comprobar la Justicia, constituyen delitos alojados en algunos sectores", agregó el Mandatario.

Hoy el ministro de Vivienda, Carlos Montes, viajará a Antofagasta para entregar a la Fiscalía los antecedentes recopilados en la investigación interna de la repartición.

Responsabilidad política

Su par de la Segegob, Camila Vallejo, señaló en San Fernando, O'Higgins -donde permanecía junto al titular de Desarrollo Social y fundador de RD, Giorgio Jackson-, que "el Presidente ya estableció una responsabilidad política recientemente con la renuncia de la subsecretaria", Tatiana Rojas.

La exautoridad dejó el Gobierno este fin de semana luego de reconocer públicamente que "no alcanzó" a avisar a Montes de la denuncia de corrupción enviada por funcionarios de la seremi, ya que estaba ordenando los antecedentes.

El secretario de Estado pese a lamentar la partida de Rojas, afirmó que "esto no ha terminado, está empezando".

Vallejo ayer reafirmó que "pondremos a disposición toda la información que se cuenta dentro del Ministerio de Vivienda a la Fiscalía", porque "lo que más nos preocupa es que esto se esclarezca y que se asuman las responsabilidades".

Urbanismo social

El senador Fidel Espinoza (PS) afirmó en CNN Chile que "el caso de Democracia Viva claramente es corrupción", por lo que junto con pedir sanciones contra esta entidad, se refirió a Fundación Urbanismo Social, que recibió $227 millones de la seremi de Antofagasta en 2021.

Su exdirector jurídico, Rodrigo Hernández (RD), actualmente es el seremi de Vivienda del Maule. Sin embargo, el año pasado la fundación recibió otros $577 millones desde la repartición estatal en el norte.

"El seremi del Maule ya no debería estar en el cargo", agregó Espinoza, sumado a que "perdimos el plebiscito (constitucional) por conductas que provenían de ese partido (RD), y en particular del ministro Giorgio Jackson".

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, inició ayer su viaje a Nueva York, Estados Unidos, y Toronto, Canadá, para participar en actividades en el marco de Chile Day 2023 que se desarrollará en ambos países y que desde 2009 busca promover el mercado financiero chileno como destino de inversión en el contexto global.

Más de 270 personas, entre ejecutivos de empresas, gremios, bancos y fondos de inversión, estudios de abogados e inversionistas, están inscritos para las tres jornadas, que comienzan en Nueva York hoy con un almuerzo organizado por el Council of Americas y más tarde expondrá sobre la situación actual de la economía chilena y las oportunidades para un crecimiento sustentable.

Mañana se trasladará a Toronto, donde se realizará por primera vez un Chile Day.

El presidente de la República Italiana, Sergio Mattarella, realizará la semana próxima, entre el 3 y el 8 de julio, una visita oficial a Chile y Paraguay.

Durante su estancia en Chile, del 3 al 6 de julio, Matarella acudirá al Palacio de la Moneda para encontrarse con el presidente Gabriel Boric, y el 7 llegará a Paraguay, indicó Efe.

El 4 de julio Mattarella se encontrará además con el canciller, Alberto van Klaveren, y la ministra de Defensa, Maya Fernández. Asimismo, se prevé que acuda a la Universidad de Chile y se encuentre con representantes de la comunidad italiana en el Stadio Italiano de Santiago.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) mostró su preocupación por la decisión del Gobierno de crear una comisión oficial para combatir la desinformación, una iniciativa que, según esta organización, podría generar "la tentación de instaurar mecanismos de censura".

El 20 de junio, el Diario Oficial publicó el decreto de creación de una Comisión Asesora contra la Desinformación dentro del Ministerio de Ciencia.

La comisión tendrá por objetivo asesorar a la Secretaría General de Gobierno (Segegob) en temas sobre desinformación y calidad democrática, alfabetización digital, desinformación en plataformas digitales y buenas prácticas digitales, y recomendará políticas públicas.

El presidente de la SIP, Michael Greenspon, dijo que más allá de lo loable que puedan parecer los objetivos, "debe haber preocupación cuando los Gobiernos se involucran en forma directa en el análisis de información, expresión, medios o periodismo".

Greenspon, director de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, agregó que comisiones, observatorios u otras formas gubernamentales de vigilancia "siempre suelen mirar la realidad desde ópticas ideológicas, aconsejando políticas públicas sesgadas, con efectos negativos sobre las libertades de expresión y de prensa".

Por su parte, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico de La Voz del Interior de Argentina, dijo que la SIP favorece que los Gobiernos promuevan la alfabetización digital y que los legisladores exploren la adopción de políticas públicas para combatir la desinformación.

Sin embargo, subrayó Jornet, "es muy distinto cuando el Estado crea una comisión propia, estudia y busca determinar, desde su óptica, lo más conveniente".

Greenspon y Jornet recordaron que tanto la Declaración de Chapultepec como la Declaración de Salta no dejan resquicios para que los Estados impongan requisitos, condiciones o lineamientos en materia de libertad de expresión o desinformación.

"El espíritu de estos documentos -dijeron- es defender las libertades de prensa y expresión como principios esenciales de la democracia y por ello prescriben que los Gobiernos no deben imponer medidas, para evitar la tentación de instaurar mecanismos de censura".

Las autoridades de la SIP, con sede en Miami (Florida), dijeron que para combatir la desinformación, el Gobierno de Chile debería incentivar medidas de apoyo al periodismo, a los medios, a la academia y a las organizaciones de la sociedad civil, "pero no involucrarse en forma directa en las soluciones".