Claudio Cerda Santander
El vendaval de cuestionamientos surgidos por el convenio suscrito por más de $400 millones entre la Seremi de Vivienda de la Región de Antofagasta y la Fundación Democracia Viva, para eventualmente intervenir espacios territoriales en asentamientos precarios, ha contado con voces de dirigentes de campamentos que han salido en defensa de este tipo de trabajo territorial.
Un comunicado del miércoles pasado, respaldado por representantes de 13 macrocampamentos de sectores de borde cerro de Antofagasta, manifestaba la inquietud de estas organizaciones por la eventual paralización de estas iniciativas, tras revelarse el cuestionado convenio que involucra a integrantes del partido oficialista Revolución Democrática (RD). La Fiscalía de Antofagasta incluso dio a conocer el inicio de una investigación por eventual fraude al fisco, entre otros delitos, por los contratos firmados entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva.
"Como dirigentes responsables de cada comunidad no permitimos que los valiosos procesos realizados en su gestión queden paralizados, por todo el trabajo territorial realizado por la seremía y los pobladores de borde cerro", dice el comunicado de los dirigentes de 13 asentamientos de la ciudad.
"Somos una gran fuerza pobladora, que más allá de nuestros individualismos y egoísmos estamos convencidos que debemos trabajar en unidad y compromiso", agrega el documento.
La revelación del convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda ha causado una crisis política para el Gobierno por la participación de miembros de RD en el acuerdo. El estallido del caso significó la renuncia del seremi de Vivienda, Carlos Contreras, y su posterior suspensión del partido. Una medida que la colectividad extendió a Daniel Andrade, quien figuraba como representante legal de la Fundación Democracia Viva y a quien además se ha identificado como pareja de la diputada por la Región de Antofagasta, Catalina Pérez, al momento de trascender este considerado escándalo político. A Pérez, en tanto, integrantes de la directiva de RD también han pedido suspender su militancia. Mientras que el alcance del convenio entre la Seremi de Vivienda y la Fundación Democracia Viva significó además esta semana la renuncia de la Subsecretaría de Vivienda, Catalina Rojas, también militante RD.
En este contexto, dirigentes de campamentos de Antofagasta, que suscribieron el comunicado difundido la semana pasada, expresan la necesaria continuidad de la labor del Ministerio de Vivienda (Minvu), fundaciones y ONG'S a través de los proyectos ya asignados y en desarrollo. Aunque sostienen, estos deberían ser mejorados para no interrumpirlos. "Estamos pidiendo que no se detengan los trabajos que (Seremi de Vivienda) ha realizado. Más allá de toda la corrupción los afectados somos nosotros, los vecinos y vecinas de los macrocampamentos en general, porque Comunidad Viva (sic) ni siquiera trabajaba acá en Los Arenales ni en Villa Constancia ni en Balmaceda ni en la Chimba, por ejemplo. Al cuestionar, entonces, el trabajo que se ha hecho territorialmente los perjudicados somos nosotros", comenta la residente peruana Elizabeth Andrade (55), dirigenta del campamento Los Arenales.
"Yo no voy a discutir que debe haber una limpieza y se debe quitar el proceso en tema de corrupción, pero tampoco se puede negar el trabajo que se ha hecho territorialmente. Esa es la posición de los vecinos. No es que se respalde lo que ha pasado, sino lo que se está haciendo en los diferentes macrocampamentos", agrega Andrade, quien en 2022 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
A este pronunciamiento se sumaron representantes de los macrocampamentos Villa Constancia, Arenales, Balmaceda, Los Leones, sector Cachimba del Agua, Coloso, Génesis, Hijos de la Covadonga, Altos las Cruces, Betzabel, Arca de la Alianza Villa Trinidad, Rosa de Guadalupe y René Schneider. Además, una treintena de dirigentes de estos asentamientos se reunieron el viernes pasado en la plaza Sotomayor de Antofagasta, conocida también como Plaza de la Revolución, para leer el comunicado.
Apoyo directo
Valeria Contreras (30), dirigente del Comité Flor de Chile y del campamento Villa Constancia, también plantea la necesaria continuidad de los programas en beneficio de distintos asentamientos precarios. "Que se sigan manteniendo, y no como podría ocurrir por temas políticos, porque finalmente nos está dañando a nosotros, que estamos en estos proyectos. Porque ayudan también en un trato más directo con las autoridades, con el Serviu y el Minvu, como también para presentar los trabajos que se hacen acá en los territorios. Aunque también depende de los dirigentes también seguir 'cateteando' para que estos proyectos sigan y no se queden estancados, porque cuando cambia de gobierno empezamos desde cero nuevamente".
"Ellos (fundaciones) postulan y se ganan proyectos para estudios, capacitaciones y escuelas de líderes en que hemos participado. Dentro del territorio, ayudan a arreglar las sedes que están en mal estado o cuando se necesitan materiales o modificarlas (…) Es necesario entregar un respaldo a las fundaciones que han estado trabajando en los campamentos", añade Contreras.
"Yo no voy a discutir que debe haber una limpieza y se debe quitar el proceso en tema de corrupción, pero tampoco se puede negar el trabajo que se ha hecho territorialmente".
Elizabeth Andrade, dirigenta del campamento, Los Arenales