Sin duda son altas las expectativas en el trabajo que desarrollará el nuevo Consejo Constitucional a contar de este mes en la redacción de la nueva Constitución política. Se cuenta con una ventaja innegable: la existencia de un anteproyecto que permitirá trabajar sobre bases sólidas, ordenando la discusión.
Sin perjuicio de lo anterior, los sectores políticos y muy especialmente el Partido Republicano, tienen la responsabilidad de defender ideas de sentido común. "Sentido común" no implica tomar definiciones en base a encuestas, como es costumbre en la mayoría de los políticos.
Por cierto, entre ideas de sentido común podemos mencionar la libertad individual, como patrimonio adquirido y reforzado en los/s chilenos/as a partir de los retiros de fondos previsionales. Difícilmente, prosperen visiones estatistas en dicho contexto. La libertad individual es fundamental en el progreso social, a través del rol de los grupos intermedios, pero ello no implica que el Estado no deba involucrarse en la generación de normas claras que protejan a las personas de abusos del sector privado y la libre competencia. El justo equilibrio pareciera ser la receta perfecta añorada por nuestros compatriotas, que en el plebiscito de salida de septiembre de 2022 mostraron un contundente rechazo a un texto constitucional extremadamente ideologizado y con una génesis no exenta de polémicas, como quedó retratado en la cotidianeidad de la extinta convención e incluso relatada por el exconvencional Jorge Baradit en su libro "La Constituyente".
La mayoría republicana del nuevo Consejo Constitucional tiene el deber moral de encauzar las iniciativas y discusiones con sentido de patriotismo, entendiéndose por éste la capacidad de escuchar y pensar en un mejor país desde una visión armónica. Si el derrotero consiste en una lectura decimonónica, que se base en denostar constantemente al adversario porque no emite declaraciones que generen orgasmos mentales y auditivos en la nueva mayoría republicana, estamos condenados al fracaso del nuevo proceso constituyente y deberemos contentarnos con una reforma de gran envergadura a la Constitución de 1980, replicando lo acaecido el año 2005 bajo la Presidencia de Ricardo Lagos. Por ello, el Partido Republicano debe tomar nota del justo equilibrio en el debate.
Es menester reconocer la astucia del Partido Republicano en enfocar su campaña electoral para la elección del Consejo Constitucional en el tópico de seguridad, ya que sin duda les reportó un gran éxito, pero aquello no es todo. Un proceso electoral es un fenómeno coyuntural, mientras que la Constitución es un conjunto de normas que ordena la convivencia social incluyendo un entramado de variables sociopolíticas que no se agotan en la seguridad. Por cierto, la ciudadanía la demanda, ya que existe una fatiga de los/as chilenos/as al respecto por la inactividad del Estado y por una aparente defensa sistemática de los DD.HH en favor de los victimarios en lugar de las víctimas; pero también encontramos un anhelo de mejorar la calidad de vida de la población y mayor equidad social, aspectos que debiesen expresarse en el nuevo texto constitucional, concretándose de forma gradual.
Por ende, recurrir a la otrora "retroexcavadora" del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, transmutada en "retroexcavadora republicana" sólo generaría frustración en nuestro país y un punto de no retorno a discusiones políticas ponderadas.
