La expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez lanzó el libro "Jeanine, De Puño y Letra", un compendio de más de un centenar de manuscritos en los que habla de su vida política, su detención desde hace más de dos años y sus "vivencias como presa política".

"Escribir este libro desde la cárcel no ha sido fácil, primero por el temor a que las hojas manuscritas sean requisadas por las guardias del penal y, en segundo lugar, porque lo he hecho a mano rehaciendo muchas veces", cuenta en la introducción. La expresidenta interina reitera que fue "secuestrada" hace más de dos años por el Gobierno de Luis Arce y el Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige el exmandatario Evo Morales, y recuerda "las escenas macabras" de todas sus "vivencias como presa política".

Carolina Ribera, su hija, dijo a EFE que Áñez se mantiene incomunicada y le "impiden recibir visitas que no sean de su familia", sin embargo, "mantiene la esperanza de una Bolivia libre y con verdadera justicia". Hace un mes, Áñez demandó al Estado boliviano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negarle un juicio de responsabilidades.

El expresidente colombiano Andrés Pastrana hizo el prólogo del libro en el que señala que "los acontecimientos dramáticos que están ocurriendo en Bolivia desde fines de 2019 (...) permiten afirmar que Jeanine Áñez es hoy día una mártir de la democracia".

En ese entonces, hubo violentos enfrentamientos luego de que Morales fuera electo para un cuarto mandato consecutivo, entre denuncias de fraude que llevaron a que anulara los comicios y renunciara denunciando ser víctima de un "golpe de Estado". Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión acusada de situarse "indebidamente" en línea de sucesión tras la renuncia de Evo.

El gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, extendió el estado de emergencia en la sureña región Puno por 60 días para que las fuerzas armadas dirijan el control del orden interno en esa jurisdicción, con apoyo de la Policía Nacional.

En esa ciudad fronteriza con Bolivia se produjeron violentos enfrentamientos con las fuerzas del orden en las protestas antigubernamentales de inicios de año y que mantuvo el bloqueo de caminos y carreteras por más tiempo. La semana pasada, las organizaciones sociales convocaron a un paro de 24 horas para retomar las movilizaciones de protesta contra Boluarte, pero el acatamiento a la medida fue bajo.

La prórroga del estado de emergencia en Puno establece la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión, y libertad y seguridad personales.

El Ejecutivo peruano dispuso que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) asuma el control. Durante este periodo de emergencia, las fuerzas armadas tienen la labor de proteger los activos críticos nacionales, con intervención y apoyo de la Policía Nacional, y la protección a instituciones públicas, privadas e instalaciones estratégicas vinculadas con la explotación o transporte de recursos naturales y vías.

En una reciente asamblea de organizaciones sociales de Puno, se acordó también realizar una nueva marcha de protesta hacia Lima en las próximas semanas.

Las protestas estallaron en Perú tras el fallido golpe de Estado de Castillo el 7 de diciembre pasado, y continuaron en enero con movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden en rechazo al gobierno de Boluarte, quien asumió la jefatura del Estado por ser la vicepresidenta. Las protestas dejaron 77 fallecidos.

Al menos doce personas murieron asfixiadas dentro de una mina de oro y que estaba clausurada, ubicada en el amazónico estado Bolívar (fronterizo con Brasil), la cual se vio afectada por las intensas lluvias registradas en los últimos días, informaron autoridades de esa región sureña de Venezuela.

Dependencias de la Gobernación de Bolívar publicaron, a través de las redes sociales, declaraciones del secretario de seguridad ciudadana de la entidad, Édgar Colina, quien confirmó el hecho, que tuvo lugar en una mina llamada Talavera, ubicada en el municipio El Callao.

"Por fuertes precipitaciones, mineros artesanales que se encontraban allí laborando, por insuficiencia respiratoria, fallecieron. Tenemos un total de 12 fallecidos", dijo el funcionario, tras adelantar que la mayoría de las víctimas eran oriundas de otras regiones del país.

Ocurrió el miércoles

La emergencia, prosiguió Colina, ocurrió el pasado miércoles, tras lo cual equipos de bomberos y de Protección Civil comenzaron labores de rescate desde otra mina cercana, la mina Isidora.

Colina dijo puntualizó que "las labores fueron muy difíciles porque (las víctimas) ya tenían 72 horas en descomposición en la mina de oro, pero muchos tenían tatuajes y tienen plena identificación".

De acuerdo al encargado, estas personas no tenían la experiencia de los lugareños para operar en esta zona, pues "cuando está lloviendo hay minas que no pueden ser trabajadas" y los oriundos del lugar lo saben.

Eso sí, el funcionario acotó que el yacimiento "estaba clausurado hace mucho tiempo", de manera que las víctimas habrían estado realizando trabajos de manera ilegal, al igual que otras 112 personas que sobrevivieron a la tragedia provocada por las inundaciones.

Según Colina, las autoridades volverán a acceder al lugar para buscara posibles supervivientes o más víctimas fatales.

Hasta el cierre de esta edición, las autoridades no habían explicado el tipo de afectaciones que sufrió la mina, aunque imágenes del sector dan a entender que se trató de derrumbes producto de la inundación.

Arco Minero del Orinoco

En efecto, la zona es conocida como el Arco Minero del Orinoco, proyecto creado en 2016 por el gobierno de Nicolás Maduro y que abarca 111.000 kilómetros cuadrados.

Este lugar tiene la particularidad de realizar minería por medio de túneles rudimentarios abiertos por los propios mineros.

El Arco Minero del Orinoco ha sido cuestionado por organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales, debido a la precariedad con que se permite desarrollar las actividades mineras.

De hecho, el año pasado la Organización de las Naciones Unidas (ONU), emanó un informe donde aseguraba que en la zona, las personas "están atrapadas en un contexto generalizado de explotación laboral y altos niveles de violencia por parte de grupos criminales que controlan las minas en el área". Esto, porque la actividad está controlada por "sindicatos" que someten a extorsión y castigos físicos a los mineros.

En los últimos años, el Gobierno venezolano ha intensificado su lucha contra la minería ilegal en Bolívar, una actividad que ha dejado decenas de muertos, muchos de ellos debido a enfrentamientos entre grupos irregulares o de estos contra las autoridades.