Durante la última semana de mayo un grupo de diputados oficialistas a través de una moción parlamentaria presentaron un proyecto de ley que tipifica el delito de "negacionismo", prevé sanciones de privación de libertad y fuertes multas pecuniarias para quienes incurran en este tipo de conductas. Si bien, en la actualidad existen varios proyectos de ley en el Congreso relacionados con esta temática, las declaraciones del consejero constitucional Luis Silva dieron nuevos bríos a la idea de la proscripción del "negacionismo" en Chile. Silva en una entrevista sostuvo que, Augusto Pinochet, a pesar de las violaciones a los Derechos Humanos verificadas en su régimen, fue un estadista y que a 50 años del 73´ es necesario llevar a cabo "una lectura un poco más ponderada de su gobierno".

En este contexto, nos ha parecido oportuno explicar sucintamente qué es el "negacionismo".

El "negacionismo" es un fenómeno político social que tiene su origen y se desarrolla principalmente en Europa y se relaciona con la proliferación de una serie de opiniones, columnas e investigaciones que han puesto en duda el holocausto nazi o bien han minimizado sus atrocidades. Se puede decir que el "negacionismo" es un conjunto de comportamientos y discursos que tienen en común la negación, total o parcial, de la veracidad de hechos históricos percibidos por la mayor parte de una comunidad como conductas de injusticia máxima y por tanto deben ser prohibidas.

La reacción frente al "negacionismo" en el continente europeo ha sido drástica. Así, el Consejo de la Unión Europea (2018) ha señalado que cada Estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que se castiguen una serie de conductas intencionadas que favorezcan la apología pública, la negación o la trivialización flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, etc.

En la actualidad es posible constatar una suerte de expansión del concepto de "negacionismo", ya que se comienza a extender más allá del solo cuestionamiento al Holocausto y de los crímenes de genocidio y contra la humanidad. Así, se comienzan a escuchar voces que llaman a sancionar los discursos que niegan, por ejemplo, el cambio climático o la efectividad de la vacunas validadas científicamente.

Lo cierto es que el "negacionismo" es una figura que entra en tensión con la libertad de expresión, ya que supone un límite a su ejercicio. En este contexto, creo que la tipificación del delito de genocidio, es un límite razonable y aceptable a la libertad de expresión con base en los valores que subyacen a esta decisión política, en especial el respeto a la dignidad humana como eje central del desarrollo de las sociedades democráticas.

En todo caso, considero que cualquier figura que sancione el negacionismo debe partir de la base de la determinación precisa de lo que se va a entender por tal, ya que, si estas prohibiciones se dejan establecidas en forma demasiado abierta, la figura puede ser utilizada no solo para salvaguardar los bienes jurídicos que busca proteger, sino que también para censurar y obstaculizar la libre circulación de las ideas, aspecto esencial en cualquier sociedad democrática.

Como era de esperar los dirigentes políticos del oficialismo y la oposición tuvieron dispares opiniones respecto a la maratónica Cuenta Pública, que realizó ayer, el Presidente, Gabriel Boric. Era su segunda oportunidad en la que rendía cuenta al país y estuvo casi tres horas y media en una extensa exposición de lo realizado y lo que pretende hacer durante su mandato.

Calificativos como "sólido" o "contundente" se reiteraron entre los políticos de sus filas. Mientras que en contraparte, los opositores dijeron que extrañaron anuncios para la reactivación económica o que "parece no estar en sintonía con el país".

Y para quienes no están en ninguna de las veredas pareció extenso, sin muchas novedades, pero sí con un valor importante en el llamado a la unidad, al diálogo y a lograr acuerdos en beneficio del país, en especial de los más desposeídos.

Pero, las miradas y los análisis no se detienen ahí. Hay quienes creen que la propuesta de acuerdos, está bajo el tinte y la necesidad de sacar adelante las reformas de pensiones y tributaria. No obstante, lo distinto es que claramente la búsqueda de consensos no parte desde la imposición, sino de la seguridad que todos deberán estar dispuestos a hacer actos de grandeza y concesiones.

Una lección aprendida y que difiere de anteriores posturas en que el "sí o sí ,a cómo dé lugar", tenía una mayor preponderancia. Un nuevo sistema de gobernar.

Es obvio que se requerirán recursos para resolver los problemas de seguridad, en salud y en economía. Lo importante será equilibrar esos desafíos con las cargas tributarias para empresas y las personas, en momentos en que la aflicción económica es la característica.

Sólo el diálogo fructífero permitirá que se pueda ir avanzando en temas sensibles, en demandas históricas y en resolver los pendientes con la población vulnerable. No hay certezas, pero sí esperanzas en que se logrará.