El segundo proceso constituyente chileno cerró su primera etapa, luego de que el pleno de la Comisión Experta despachara el anteproyecto de la nueva Carta Fundamental que será presentado al Consejo Constitucional, que se instalará el miércoles 7 de junio.

Los 24 expertos, de los cuales 12 fueron escogidos por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, representantes de todas las fuerzas políticas presentes en el Congreso en Santiago, cerraron el debate con aplausos, abrazos y el himno nacional.

La estructura del anteproyecto de la Comisión de Expertos está compuesta por 14 capítulos y un decimoquinto de disposiciones transitorias: (1) Fundamentos del orden constitucional; (2) Derechos y libertades fundamentales, garantías y deberes constitucionales; (3) Representación política y participación; (4) Congreso Nacional; (5) Gobierno y Administración del Estado; (6) Gobierno y Administración Regional y Local; (7) Poder Judicial; (8) Corte Constitucional; (9) Ministerio Público; (10) Justicia electoral y servicio electoral; (11) Contraloría General de la República; (12) Banco Central; (13) Protección del Medio Ambiente, Sostenibilidad y Desarrollo; (14) Procedimientos de cambio constitucional; y (15) Disposiciones transitorias.

Los expertos trabajaron en un marco de 12 bases institucionales que habían acordado los partidos para impedir una propuesta refundacional que se pareciera al frustrado texto de la Convención Constitucional.

Así, el borrador entregado por la Comisión de Expertos fija que Chile es "un Estado social democrático de derecho", reconoce a los pueblos indígenas "como parte de la nación chilena, que es una e indivisible", y consagra el sistema bicameral.

"Buen augurio"

Los integrantes electos del Consejo Constitucional valoraron de manera transversal que se alcanzaran grandes consensos.

Beatriz Hevia (Republicanos) afirmó que "el insumo que entregan los expertos es muy importante, pero también es muy importante lo que nosotros en representación de la ciudadanía podamos incorporar a la propuesta que finalmente sea votada por la ciudadanía".

El futuro jefe de bancada de la UDI en este órgano, Arturo Phillips, destacó que sea "un anteproyecto acordado desde distintas visiones de mundo, un anteproyecto pluralista".

La presidenta de Evópoli y consejera Gloria Hutt resaltó "la seriedad con que trabajó la Comisión Experta. Lograron un trabajo muy riguroso y que no hubieran conflictos de política coyuntural que entorpecieran la posibilidad de acuerdo".

En el oficialismo el consejero del PS Miguel Littín manifestó que "me parece un buen augurio que hayan terminado un trabajo muy serio y muy profundo. Hay acuerdos transversales, se ve que está motivado por el bien común".

La consejera del PC Karen Araya expresó que "será un camino cuesta arriba y debemos avanzar en consagrar los derechos sociales y garantizar un Estado social y democrático de derecho, tarea para la cual, desde nuestra posición de minoría, será fundamental el acompañamiento de las organizaciones sociales para establecer desde la participación ciudadana las demandas del pueblo".

Diputados oficialistas impulsarán una ley para castigar el negacionismo de las violaciones de los derechos humanos y otros abusos cometidos por durante el régimen de Augusto Pinochet. La idea es tipificar y sancionar incluso con penas de prisión de hasta 61 días el "negacionismo", informó radio Biobio. Se trata de una iniciativa presentada por diputados comunistas, socialistas, PPD, humanistas y del Frente Amplio que pretende "tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos por la dictadura" o "apruebe, justifique o niegue los crímenes consignados en los informes de las cuatro comisiones estatales que registraron las violaciones a los derechos humanos" en aquel tiempo. Estas últimas son la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Agencias/Redacción

Las principales autoridades de Gobierno salieron ayer a criticar duramente a Luis Silva, el consejero constituyentes más votado, miembro de Republicanos y parte del grupo que redactará la nueva Constitución, quien valoró de forma positiva el régimen de Augusto Pinochet (1973-1990).

En declaraciones a Emol TV, Silva describió a Pinochet como "un gran estadista" y pidió que "se haga una lectura ponderada de su Gobierno".

"Hay un dejo de admiración porque el hecho de que creo que fue un gran estadista, un hombre que supo conducir el estado", afirmó antes de subrayar que "no se debe "simplificar o reducir con toda la gravedad que tiene esos 17 años a las violaciones de los derechos humanos".

"Porque creo que entonces nos privamos como chilenos de una comprensión equilibrada de nuestra historia y cuando eso ocurre somos muy malos intérpretes del presente. Hay un desafío ahí, especialmente para las generaciones jóvenes, de superar esa lectura dicotómica del gobierno de Pinochet", agregó.

Preocupa en la moneda

La vocera del Gobierno, Camila Vallejo, expresó una gran preocupación" por este tipo de discursos e insistió en que el objetivo debe ser hacer "un ejercicio de memoria, de reconocer lo que sucedió en nuestra historia, de no negarlo, de reparar, de señalar la verdad, y hacer justicia, pero a la vez pensar también en nuestro presente, y en nuestro futuro".

"A 50 años del golpe cívico-militar nos preocupa que exista negacionismo y se pretenda validar un golpe de Estado, una dictadura, que violó Derechos Humanos, que masacró a parte de nuestro pueblo y generó heridas hasta el día de hoy", subrayó.

"Más allá de las declaraciones en particular (de Luis Silva), en los 50 años del golpe, no solo valoremos la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino que trabajemos en el presente por fortalecerla. Porque todos los problemas de la democracia hay que solucionarlos, como decía el presidente, con más democracia, y nunca con menos, y nunca con salidas fáciles o autoritarias", agregó Vallejo.

En la misma línea, la ministra de Interior, Carolina Tohá, opinó que "ningún dictador merece admiración. Ciertamente, Pinochet que lo conocimos de cerca no, ni él ni ningún otro".

La polémica estalló 24 horas después de que se publicara el resultado del Barómetro CERC-MORI, que examina la transición desde 1989, en el que se apuntó que más de un tercio de los chilenos apoyan el "legado" del régimen de Pinochet, quien recupera imagen y la dictadura no es condenada unánimemente. (…) No existe en occidente ningún otro dictador que haya sobrevivido el paso del tiempo como lo ha hecho Augusto Pinochet", asegura el estudio, en el que se detalla que el 36% de los chilenos piensa que los militares "tenían razón" para dar un golpe de Estado, otro 36% dice que Pinochet "liberó a Chile del marxismo", y 39% cree que el dictador "modernizó la economía chilena".

Boric en twitter

El Presidente Gabriel Boric respondió más tarde a Silva en Twitter. En su cuenta, el Mandatario escribió que "Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente antidemócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto. Fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final hizo todo lo que estuvo a su alcance x evadir la justicia. Estadista jamás".

Previamente había compartido en la misma red social que un comentario que enumera algunas consecuencias del régimen que encabezó el extinto militar.