Pablo Orellana G.

El intento de desconocidos por volver a ocupar un inmueble intervenido por el municipio (narco casa), en calle Vargas motivó que la municipalidad de Calama determinara efectuar un seguimiento a aquellas viviendas que han sido clausuradas.

Ayer por la mañana, y tras una denuncia de los residentes de calle Vargas, cercano al sector de la intersección con calle Santa María; el alcalde de Calama, Eliecer Chamorro, visitó el lugar junto a Carabineros y constató que desconocidos habían efectuado un forado en el frontis del inmueble derribado, y por lo cual pidió se cerrara nuevamente.

El jefe comunal dijo al respecto que "ante la denuncia de los propios vecinos que se percataron de este intento por abrir y ocupar este recinto, es que estamos acá y clausurando nuevamente el sector afectado. Y con esta visita, estamos también efectuando además un recorrido por otros puntos del sector que también presentan problemas".

"Esto igual preocupa, que nuevamente vuelvan personas que sólo saben de drogas a nuevamente tomarse esas casas. Hoy -ayer-, se vino a cerrar la casa intervenida, pero esperamos que esto no vuelva a ocurrir", comentó una de las residentes del sector de calle Vargas.

Seguimiento

Tras un recorrido por calle Vargas, y por otras de alta ocurrencia de delitos (Santa María, Aníbal Pinto, el pasaje Guillermo López), el grupo encabezado por el alcalde se detuvo además en una exresidencial. En el lugar y con apoyo policial se hico ingreso al recinto y tras lo cual el alcalde comentó que "el lugar presenta no sólo evidentes daños estructurales. Hay también empalmes irregulares a la energía eléctrica, y se requiere mayor apoyo para efectuar una evaluación más profunda".

Eliecer Chamorro, y luego de las inspecciones comentó que "vamos a efectuar un seguimiento, un monitoreo a las casas ya intervenidas. No podemos permitir que sean nuevamente ocupadas por el microtráfico, el delito, la prostitución y otras incivilidades. Vamos a seguir actuando preventivamente".

En tanto la jefa del departamento municipal de Seguridad Pública, Diana Veas, agregó que "en este seguimiento vamos a mantener toda la comunicación necesaria con los vecinos y residentes. Gracias a ellos se nos informó de esta situación y además acogimos otras denuncias. Eso es clave".

En cuanto a la exresidencial se constató además que es un punto de consumo de drogas, "y vamos a efectuar todas las averiguaciones para saber quién es el propietario y poder levantar más información sobre este inmueble en particular. Vamos a compartir esta información también con las policías y el Ministerio Público y trabajar en conjunto", agregó Veas.

En tanto el alcalde Chamorro agregó sobre el sector de calles Vargas, Santa María, Aníbal Pinto y el pasaje Guillermo López que "está en permanente evaluación este sector. Obviamente hay información que no podemos revelar sobre ciertas acciones que queremos efectuar. Sabemos que es un sector complejo, pero estamos trabajando".

"Vamos a efectuar un seguimiento, un monitoreo a las casas ya intervenidas. No vamos a permitir que sean tomadas".

Eliecer Chamorro, Alcalde de Calama

3 "narco casas" han sido intervenidas y se continuará en otros 12 inmuebles más.

Un diálogo participativo entre los dirigentes de las comunidades indígenas y ayllus de San Pedro de Atacama y las autoridades de justicia se desarrolló en la sede social de la comuna para analizar en conjunto los alcances de la instalación de un centro de justicia en esa zona.

En la reunión participaron el presidente de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Jaime Rojas; el alcalde de San Pedro de Atacama, Justo Zuleta; y el presidente del Consejo de Pueblos Atacameños (CPA), Vladimir Reyes, y a ella también se sumaron el fiscal regional, Alberto Ayala, el coordinador de Defensa indígena de la Defensoría Penal Pública, Hernán Díaz, y el director regional de la Corporación de Asistencia Judicial, Giancarlo Fontana, entre otros.

El encuentro, que forma parte de un trabajo coordinado entre los distintos actores de la justicia en los ámbitos civil, familiar y penal, tuvo por objetivo consultar la visión de las comunidades indígenas frente a la iniciativa conjunta, que busca resolver los problemas de acceso a los servicios de justicia que hoy afectan a ese territorio, considerando aspectos vinculados a la pertinencia cultural y medioambiental.

Opiniones

Para Leidy Ossandón, presidenta de la comunidad atacameña de Coyo, "lo que se ha visto hoy es buscar un acercamiento, un diálogo, es buscar nuestras posiciones en conjunto para un avance", destacó la dirigente, quien además planteó la necesidad de considerar en el proyecto aspectos como la pertinencia cultural, el buen vivir y la preocupación por el área ambiental.

La secretaria de la comunidad de San Pedro de Atacama, Sonia Ramos, también puso énfasis en la pertinencia cultural, social y ambiental que debe tener el proyecto, y pidió que "no sea una justicia más desde el ámbito centralista", sino que considere "el lugar que habitamos".

"Es un anhelo de mucho tiempo ya que siempre hemos debido trasladarnos a Calama ante cualquier conflicto o situación judicial. Sería un alivio para todos quienes habitamos este territorio contar con un tribunal", agregó Vladimir Reyes, presidente del Consejo de Pueblos Atacameños, tras el ciclo impulsado por distintos servicios e instituciones del ámbito de la justicia.