La Corte de Apelaciones de Santiago acogió ayer el recurso de amparo presentado por la defensa del exsenador UDI Jaime Orpis, por lo que le otorgó el beneficio de libertad condicional, lo que se concretó en horas de la tarde cuando abandonó el anexo penitenciario Capitán Yáber.

El tribunal respondió así al requerimiento presentado ayer contra la Comisión de Libertad Condicional, que el 24 de abril consideró que, si bien "el postulante ha permanecido privado de libertad por el tiempo mínimo para acceder al beneficio" y que tuvo "conducta intachable durante los cuatro últimos bimestres de su condena", dio cuenta de "la existencia de factores de riesgo de reincidencia que desaconsejan, por ahora, otorgarle el beneficio solicitado".

El tribunal aseguró que tras revisar los antecedentes, principalmente el informe psicosocial del recurrente, "es posible advertir contradicciones que resultan palmarias, las que se extendieron a la propia decisión de la Comisión de Libertad Vigilada".

El exparlamentario fue condenado a cinco años y un día de presidio por fraude al Fisco y 600 días por cohecho tras recibir dinero de Corpesca en 2013 para favorecerla en la tramitación de la Ley de Pesca.

Redacción

La académica Elisa Loncon, quien fue la primera presidenta de la Convención Constitucional, cuestionó la solicitud de entrega de información de sus actividades docentes y académicas durante el año sabático que se tomó de su trabajo en la Universidad de Santiago (USACh) y atribuyó esta petición al supuesto "racismo" que sufre por su origen mapuche.

Acompañada por el secretario general de la USACh, Francisco Zambrano, y la directora de Género, Diversidad y Equidad del plantel, Yenniffer Ávalos, Loncon se refirió a la decisión de recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago para impugnar la orden que le dio el 4 de mayo el Consejo Para la Transparencia (CPLT) sobre la entrega de los datos requeridos.

La solicitud la realizó la sección El Polígrafo del diario "El Mercurio" para conocer los antecedentes académicos de Loncon, sus cursos de pregrado y posgrado, y la publicación de estudios y papers en los últimos cinco años, luego que la casa de estudios le otorgara un año sabático por su "jerarquía académica y antigüedad".

La profesora inició sus descargos en mapudungún para luego explicar que "me animé a hacerlo así, porque uno de los grandes cuestionamientos que se han hecho a mi trabajo académico es a partir del lenguaje".

Luego expuso que "lamento mucho ser yo la persona a la que han perseguido. Son muchas las personas que han tenido (año) sabático, pero hay una que lleva los apellidos Loncon Antileo, y me han expuesto al escarnio público solo por una cuestión. ¿Será por mi apellido? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no puedo estar en igualdad respecto al otro, si en el fondo estoy haciendo las mismas contribuciones?".

"Mi mayor contribución al conocimiento es a partir de mi lengua, de la investigación en interculturalidad, de la filosofía mapuche, eso hice en el sabático, terminé de escribir tres libros, fui a diferentes universidades de renombre en Europa, América y Oceanía, y dejé muy en alto el trabajo que hace la Universidad de Santiago", expuso.

A juicio de Loncon, la petición de sus antecedentes específicamente respecto a ella constituye un "hecho de discriminación racial". Añadió que su negativa a entregarlos se debe a que desde que asumió como presidenta de la antigua Convención "he sido objeto de desinformación respecto a mi trabajo y mi persona. Entonces, he perdido la confianza en la entrega abierta de esa información, que por lo demás es pública y está resguardada por las leyes y los reglamentos de la universidad".

Respuesta del CPLT

El presidente del CPLT, Francisco Leturia, respondió a los dichos de Loncon: "Nosotros no vamos a polemizar por la prensa; los descargos los vamos a hacer ante la Corte, pero somos un órgano garante de derechos y nuestra obligación es cumplir la ley y hacer cumplir la ley".

Añadió que "el tema de fondo no es un tema procesal; es saber si la USACh va a entregar o no una información que es pública, que por ley es pública y que ellos mismos nunca han negado que sea información pública".

El próximo veintinueve de mayo podría ocurrir algo que, bien mirado, transgrede el sentido de las instituciones. Según informa la prensa ese día la Corte Suprema se reuniría a fin de ponderar cuál de dos proyectos en trámite legislativo, o si ninguno, cumple o se ajusta al fallo relativo a la tabla de factores, conocido como el fallo relativo a las Isapres.

Es verdad que mirado desde el punto de vista de la opinión pública esa reunión tendría todo el sentido del mundo. La gente de a pie, aquella que ha celebrado contratos con las Isapres, no podrá sino aplaudir. Por fin, dirán para sus adentros -o si son más audaces, pronunciarán una exclamación- los jueces podrán ayudar a que su sentencia se ejecute y de esa forma poner fin a una situación injusta, una situación abusiva que se ha mantenido durante mucho tiempo.

Pero si esa reunión se realiza y los jueces se pronuncian acerca de esos proyectos -y se pronuncian acerca de ellos no en tanto se relacionen con sus facultades jurisdiccionales, sino acerca de su contenido relativo a la situación general de las Isapres- se habrá iniciado, o según se lo mire, consumado, un sacrificio de las instituciones por razones de justicia material.

Quizá sea útil explicar eso con mayor detenimiento.

Una razón de justicia material es una razón relativa a la distribución de un bien. Las leyes se fundan en general en ese tipo de razones. Los legisladores, legitimados por la voluntad ciudadana, deliberan y sobre la base de razones de ese tipo dictan la ley. Algo parecido ocurre con el ejecutivo. Delibera acerca de lo que es mejor para el bienestar general y con arreglo a esa deliberación o a ese discernimiento adopta sus decisiones ¿Y los jueces? ¿Qué hacen los jueces? Bueno, los jueces no deben adoptar decisiones en virtud de lo que crean mejor para la ciudadanía en su conjunto, sino que deben adoptar aquella decisión que se sigue de lo que la ley dice. Es la voluntad de la ley, para decirlo gruesamente, lo que los jueces deben discernir, no lo que sea mejor para el conjunto de la ciudadanía. Por supuesto al ejecutar esa tarea de discernimiento que es la interpretación de la ley, los jueces llevan adelante un análisis complejo; pero el supuesto de ese análisis es su sometimiento, su subordinación a la ley.

Esa es la razón de porqué contamos con jueces profesionales, con jueces con capacidad técnica. Y por qué no escogemos a los jueces en razón de su punto de vista respecto de cuestiones de interés general o por su opinión en asuntos de política pública. Es que el supuesto de las instituciones con que contamos es que a los jueces no les corresponde decidir cuestiones de política pública o lo que sea mejor para el mayor número de personas. A los jueces les corresponde decidir con arreglo a un complejo razonamiento técnico que se llama dogmática -y que está a la base la las sociedades modernas- qué es lo que la ley dice.

A los jueces, en suma, no les corresponde enmendar la ley, ni pronunciarse acerca de lo que ella debe decir.

Ello deben pronunciarse acerca de lo que dice.

Pero desgraciadamente hoy por las mejores razones de justicia material, se está consintiendo, incluso con la participación o la iniciativa de los propios legisladores, y el incomprensible silencio de los juristas o del gremio que los reúne, que ese principio fundamental de nuestro entramado institucional se abandone. Se incurrió en un error al dar al fallo de la Corte Suprema alcance general. Ese error se subrayará -en perjuicio del papel de los jueces al interior del entramado institucional- si la Corte decide ahora pronunciarse sobre el contenido general de esos proyectos.