La Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) anunció la llegada de un alto funcionario del Vaticano al país para "analizar" las acciones ante las denuncias por pederastia y abusos sexuales en contra de varios sacerdotes, algunos ya fallecidos, que son investigadas por la Fiscalía.

El oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, monseñor Jordi Bertomeu, analizará "los avances realizados hasta el momento" en la labor de la "cultura de prevención" que impulsa el Papa Francisco.

"En esta ocasión los encuentros de carácter reflexivo que tendrán lugar los próximos días, serán llevados en un clima de profunda cercanía hacia todos aquellos que han sido víctimas de la lacra de los abusos en la Iglesia", señaló la CEB en un comunicado.

"Como Iglesia en Bolivia manifestamos una vez más el firme compromiso con la justicia y con una pastoral atenta a los más vulnerables", manifestó la CEB.

El español Bertomeu, cuya visita a Bolivia se gestionó "hace tres años", ya ha estado en otros países de Latinoamérica para investigar caso de abusos a menores por parte de miembros de la iglesia Católica.

Ese fue el caso de Chile, a donde viajó dos veces en 2018 para reunirse con las víctimas de estos hechos y también para indagar las denuncias contra el entonces obispo de Osorno, Juan Barros, por encubrimiento en el marco del caso Karadima.

El medio español El País publicó hace unas semanas una investigación que realizó con testimonios de víctimas y allegados sobre un diario del jesuita español Alfonso Pedrajas en el que habla de su vida y parece hacer un recuento sobre los presuntos abusos a decenas de niños y adolescentes bolivianos, cuando estuvo al frente del Colegio Juan XXIII en Bolivia, desde 1971.

El caso de Pedrajas, que murió en 2009, ha provocado en Bolivia que se denuncien a otros sacerdotes que presuntamente también abusaron de menores.

En febrero de 2019, EFE dio a conocer el caso de Luis Roma, ya fallecido, mediante la denuncia de un ex miembro de la Compañía de Jesús que pidió el anonimato y que basó las acusaciones en una treintena de fotografías explícitas en las que dijo reconocer al supuesto agresor de varios menores de entre 6 a 12 años.

El Gobierno de Reino Unido prohibirá a los estudiantes extranjeros llevar con ellos a sus familiares dependientes a partir de enero de 2024, como medida para controlar la inmigración, aunque la medida excluye a quienes cursan determinados estudios de posgrado, anunció ayer la ministra británica del Interior, Suella Braverman.

"Me complace anunciar un paquete de medidas para ayudar a lograr nuestro objetivo de reducir la migración neta, al mismo tiempo que apoyamos la prioridad del Gobierno de hacer crecer la economía", dijo Braverman en una declaración parlamentaria.

En concreto, las medidas incluyen eliminar el derecho de los estudiantes extranjeros a llevar personas a su cargo -a menos que estén en cursos de posgrado designados como programas de investigación- y acabar con la posibilidad de que cambien su condición de estudiantes a la de trabajador antes de completar su formación.

Según el Gobierno, en 2022 se concedieron unas 136.000 visas a dependientes de estudiantes, ocho veces más que las 16.000 de 2019.

La ministra se marcó como objetivo reducir el número de inmigrantes tanto legales como indocumentados, ante el incremento de pateras que cruzan el Canal de la Mancha de Francia a Inglaterra.

Se estima que, en lo que va del año, más de 5.000 migrantes han cruzado las aguas del Canal.