Por estos días se ha generado un intenso debate respecto de la capacidad de los recintos penitenciarios. Algunas propuestas apuntan a nuevas cárceles que permitan descomprimir el hacinamiento y respondan al mayor flujo, incidido fuertemente por la población imputada con medidas cautelares. Dichas medidas son soluciones transitorias que si no incorporan la prevención social y la reinserción efectiva serán absolutamente insuficientes en muy corto plazo.

Sin perjuicio del inmenso trabajo de organizaciones religiosas y sociales tanto al interior de las cárceles como en el post penitenciario, su alcance es limitado, insuficiente y muchas veces no sostenible, con equipos que dependen de una subvención o una licitación que impide acumular capacidades y experiencia de los equipos en un sistema altamente complejo.

Con todo, los niveles de reincidencia delictiva alcanzan sobre un 50% antes de los 2 años y, entendiendo que el proceso de reinserción tiene avances y retrocesos en la vida de una persona, se hace fundamental fortalecer la política pública en la prevención de factores de riesgo que emergen en el medio libre, una vez cumplida una condena.

Hace algunos años, el estudio de exclusión de Fundación San Carlos de Maipo y Paz Ciudadana ya daba cuenta del agravamiento de los niveles de exclusión y la baja efectividad y cobertura de los programas. Los factores de riesgo, como la baja escolaridad, el consumo problemático, son gravitantes en el desarrollo de trayectorias delictivas, las que evidentemente terminan en situaciones complejas que llevan a la cárcel.

Hoy las organizaciones criminales sustentan su control territorial en el involucramiento delictivo de niños y jóvenes, hacer frente a ello requiere de familias y comunidades que cuenten con herramientas para generar espacios protectores efectivos. La evidencia es contundente, 7 de cada 10 jóvenes que delinquen dejan de hacerlo en la medida que vuelven a un hogar prosocial o retornan al colegio o tienen un desenlace laboral formal. Y el resto, requiere de un mayor apoyo en materia de Salud Mental que hoy día no está disponible.

En consecuencia, el acento no debe estar sólo en mejorar la infraestructura carcelaria o ampliar el número de recintos, sino que sobre todo debe invertirse con decisión en prevención social para interrumpir las trayectorias delictivas de manera temprana, con una oferta sólida basada en la evidencia que logre evitarla o apoyar el desistimiento cuando han comenzado. Necesitamos fortalecer la capacidad de retención y reingreso de los centros educacionales, generar oportunidades y fundamentalmente, contar con oferta programática que permita robustecer las habilidades parentales que redundan en un modelo familiar pro social, el que debe trabajarse desde la primera infancia.

El Estado debe apoyar decididamente la prevención temprana, perfeccionar la justicia juvenil con tribunales especializados de ejecución de penas y entregar oferta programática a los inimputables menores de 14 años para ir cerrando el flujo en su origen. Tenemos que hacerlo. Dejemos de llegar tarde.

El alza de delitos de alta connotación social, así como de la aparición de nueva criminalidad ha generado una serie de medidas e iniciativas de ley por parte del Ejecutivo.

Las cifras ponen atención en la situación del alza de delitos en la macrozona norte. Una de las medidas de urgencia fue el denominado "criterio Valencia" que instruye a los fiscales a solicitar la prisión preventiva a todos aquellos imputados en delitos violentos en caso de no tener una identificación oficial o pasaporte que dé cuenta de la real identidad de esa persona. La medida, respaldada en general por la opinión pública, genera un efecto de sobrecarga en el sistema penitenciario que parecería llegar a cifras límites en los próximos meses.

En particular, una de las situaciones más extremas se presenta en la región de Antofagasta, donde el penal ubicado en la comuna de Taltal, registra una ocupación de 458% sobre la cobertura original, generando una riesgosa situación de seguridad para los internos y para los funcionarios de Gendarmería que allí laboran. A nivel de penales femeninos, la unidad de Tocopilla también registra una de las cifras más altas del país, con un 200% de ocupación.

La crítica situación queda reflejada en los testimonios de los dirigentes gremiales de Gendarmería quienes detallaron la creciente inseguridad a la que se encuentran expuestos diariamente. A juicio de los representantes, la importación de nueva criminalidad trae asociados mayores niveles de riesgos y amenazas. Extorsiones y seguimientos a familias son solo parte de los nuevos riesgos que debe enfrentar el personal de gendarmería.

Es de esperar que la discusión sobre la necesidad de mayor infraestructura penal, traiga consigo una actualización de los recursos para el mejoramiento técnico de las capacidades de Gendarmería, así como también, la incorporación a la discusión de quienes viven a diario la dura realidad carcelaria del país.