El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, canceló la segunda parte de su viaje por la cumbre del G7 a Papúa Nueva Guinea y Australia para continuar con las negociaciones sobre el techo de deuda, dijo ayer la Casa Blanca.

Biden viajará hoy a Japón para la cumbre, pero volverá a Washington antes de lo previsto ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con los republicanos para aumentar el límite de deuda, que se alcanzó a comienzos de año y que amenaza con abocar al país a un histórico impago de su deuda pública.

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca, ya había adelantado durante una rueda de prensa que el presidente estaba reevaluando el resto de su viaje a Asia ante las dificultades de alcanzar un acuerdo con el Congreso.

Según la vocera presidencial, Karine Jean-Pierre, Biden volverá el domingo a Washington, nada más terminar la cumbre del G7, y no irá a Sydney ni parará en Papúa Nueva Guinea en el camino, como había planeado inicialmente.

El mandatario ya avisó al primer ministro australiano, Anthony Albanese, y a las autoridades de Papúa Nueva Guinea. También invitó a Albanese a visitar la Casa Blanca en el futuro.

Biden volverá el domingo para "reunirse con los líderes del Congreso" y asegurar que "actúen antes de la fecha límite para evitar el impago".

La noticia se conoce al mismo tiempo que finaliza una reunión entre el demócrata y los líderes de ambos partidos en el Congreso para tratar de buscar un acuerdo y acabar con el impás sobre la deuda.

La Casa Blanca aseguró que fue una charla productiva y directa, y que si bien queda mucho trabajo por delante, es posible un acuerdo sobre el presupuesto.

El Ejecutivo estadounidense ha tratado de disociar la idea de un acuerdo sobre el presupuesto de la necesidad de aumentar el techo de deuda, algo que debería hacerse sin condiciones, según el equipo del demócrata.

Sin embargo, los republicanos, con el presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, a la cabeza, defienden que no permitirán un aumento del techo de deuda hasta que el Gobierno no acuerde límites al gasto público.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ratificó ayer ante la Asamblea Nacional (Parlamento) que el juicio político de censura en su contra por presunta malversación de caudales públicos (peculado) planteado por la oposición es "infundado".

Al inicio de su intervención, que duró 49 minutos, el gobernante señaló que sus interpelantes "han hecho gala de una inventiva sin parangón en la historia de la República, han estirado los límites de la imaginación humana, han creado una situación ficticia que no resuelve los problemas del pueblo ni de nadie".

Dijo admitir que ha sido instructivo ver cómo "se las ingeniaban para tratar de armar una trama medianamente verosímil con hechos que ocurrieron en el año 2018, cuando este Gobierno ni siquiera existía".

¿malversación?

Según la oposición, Lasso incurrió en un supuesto peculado al tener conocimiento de presuntas irregularidades en un contrato firmado por la empresa estatal Flota Petrolera del Ecuador (Flopec) y la firma privada Amazonas Tanker y no haber actuado para evitar mayores perjuicios para el Estado.

En cambio, la defensa del presidente sostiene que los contratos fueron firmados bajo la anterior administración del expresidente Lenín Moreno y que bajo el mandato de Lasso se pidió una revisión a la Contraloría (Tribunal de Cuentas del Estado) para renovarlos bajo las condiciones y observaciones realizadas por ese organismo.

Lasso recordó que la Contraloría "jamás recomendó terminar el contrato con Amazonas Tanker" ni estableció "ningún tipo de indicios de responsabilidad penal contra ningún funcionario".

"Todo esto debería ser más que suficiente prueba de descargo", subrayó el gobernante antes de recordar que las empresas públicas son entidades autónomas, y que el Presidente no tiene injerencia ni interviene en la firma de contratos ni en negociaciones.

Pero apuntó que si algún funcionario violentó las normas que debía cumplir, o si usó su cargo para favorecerse a sí mismo o a terceros, debe responder ante la justicia.

El gobernante recordó que en 2022 envió el expediente sobre Flopec y Amazonas Tankers a la Fiscalía General del Estado y subrayó que "no hay testigos relevantes de nada" ni informe acusador.

Pero hizo mención al informe elaborado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea que recomendó archivar el juicio político por falta de pruebas pero que no logró ser aprobado en esa instancia y, luego, el Pleno decidió continuar con el proceso.

"máximo rigor"

A sus acusadores les criticó el "distorsionar el verdadero sentido de lo político", como es el servicio al ciudadano, y comentó que precisamente la condición de político que tiene el juicio "exige el máximo rigor y apego a las normas".

"Precisamente porque el juicio es político, aquí debe primar la voluntad de sostener lo correcto por encima de lo conveniente; de lo duradero por encima de lo coyuntural; del bien por encima del mal; la verdad sobre la mentira. Lo que la patria espera de cada asambleísta es que vote siguiendo los dictámenes de su sentimiento y conciencia, conciencia de país y no de mezquinos intereses sectarios", dijo.

Lasso apuntó que el asunto no es si se salva o no el Presidente "sino de preservar el funcionamiento" de la democracia, y lamentó que el juicio político ha implicado "meses perdidos en peleas improductivas e investigaciones despistadas".

"Es difícil creer que estamos inmersos en un inútil conflicto político, cuando la única pelea que deberíamos librar está más allá de estas paredes, donde nuestros conciudadanos verdaderamente nos necesitan", añadió al reprochar una falta de apoyo de la oposición hacia el Gobierno frente a la crisis de seguridad que vive Ecuador.

"Todos debemos rectificar, tanto Gobierno como Asamblea, pero ese cambio será mucho más eficaz si lo hacemos en unidad y en el mismo sentido", dijo Lasso al proponer, como en ocasiones anteriores, un consenso multipartidista.

"Depongamos nuestras legítimas diferencias para trabajar juntos en contra de las mafias que atentan contra la inseguridad de todos. Todavía estamos a tiempo", añadió.

El mandatario señaló que "el primer paso en este camino debe darse para salir de este infundado proceso cuando se conteste una simplísima pregunta y que subyace a lo largo de este juicio: ¿se puede cometer una ilegalidad en nombre de lo político?".