Ayer los centros de salud privados de Chile sumaron un factor clave a la compleja ecuación de las isapres: Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Clínicas, advirtió en radio Cooperativa que la crisis generada por las isapres puede llevar al cierre de centros de salud privados, especialmente en regiones.

"Se habla de la crisis de isapre, pero esto es una crisis sanitaria mayor. Las isapres, por su crisis financiera, están alargando los plazos de pago a 150 y más días, y nos deben una cifra extraordinaria, estratosférica, de 500 mil millones (de pesos) y lo que está provocando es una crisis financiera en nuestro sector que se está arrastrando y que puede terminar lamentablemente, en un breve plazo, en cierre de clínicas", detalló.

El dirigente añadió que "esta es una crisis sanitaria que va a arrastrar a los prestadores y que en la práctica va a generar un problema de salud pública, porque los prestadores privados atienden principalmente pacientes de Fonasa, pero si uno de los seguros deja de pagar tenemos un problema de liquidez mayor".

"La ley corta no alcanza a responder a la necesidad urgente que hoy día se tiene (...) establece lapsos de 18, 16 meses, para poder resolver el problema y lo que necesitamos hoy día son certezas de cómo se va a resolver", recalcó.

Fuenzalida dijo que cerca de las mitad de las atenciones que realizan en la Región Metropolitana provienen de usuarios de Fonasa, relación que aumenta a 70% en regiones, y si las clínicas cierran fuera de la capital, los pacientes llegarán a los servicios fiscales.

"Esta es una crisis sanitaria mayor", dijo el ejecuivo.

El debate en torno a la crisis de las isapres sigue subiendo de tono y ayer los límites a los que está llegando se vieron en el hecho de que mientras el Presidente Gabriel Boric afirmó que el fallo de la Corte Suprema que las obliga a devolver a sus afiliados las cotizaciones cobradas en exceso, el presidente del gremio de las aseguradoras privadas de salud advirtió que si se aprueba la ley corta propuesta por el Ejecutivo se aprueba en mayo, el sistema estará cerrado en septiembre.

El mandatario tomó la palabra en el desayuno anual convocado por la Cámara Chilena de la Construcción (que es dueña de la isapre Consalud), ocasión en la que comentó que "me permito referirme a un tema que ha estado en el centro del debate en los últimos meses, que es la crisis del sector privado de la salud. A uno podrá gustarle o no gustarle el fallo de la Corte Suprema, uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no me cabe ninguna duda en que todos debemos estar de acuerdo es que los fallos de un poder independiente se deben cumplir. Y lo que como Gobierno debemos garantizar es que existan las facilidades para cumplir ese fallo y no para evadir el cumplimiento de ese fallo".

En esa línea, Boric indicó que "ahí debo decirlo yo soy crítico del proyecto de ley que se aprobó de la reforma constitucional el día de ayer (lunes, presentado por los senadores Ximena Rincón, Matías Walker, Francisco Chahuán y Javier Macaya) en la comisión de Salud del Senado, porque desde nuestra perspectiva como Gobierno lo que en la práctica realiza es evadir el cumplimiento de un fallo de un poder independiente".

Disputa en Congreso

Mientras el jefe de Estado emitía estas declaraciones, el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simón, exponía ante la Comisión de Salud del Senado, donde se tramita la ley corta del Gobierno para salir de la crisis.

Primero afirmó que "la sentencia de la Corte Suprema debe cumplirse. Eso no se discute, pero tenemos la convicción de que aquí no ha habido cobros indebidos, sino un cambio de criterio que, en este caso, implica devoluciones".

Luego, el líder gremial dio una visión catastrofista del problema: "Si en mayo sale el proyecto tal como está presentado, en septiembre está cerrado el sistema de isapres".

Según Simón, "da lo mismo el plazo de pago: a 30 años igual el déficit anual sería de 435.000 millones de pesos por el periodo de 30 años".

Esta postura fue respondida por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien cuestionó que "no existe una lectura explícita de cómo interpretan el fallo la Asociación de Isapres", sino que "simplemente se ha abundado respecto al dilema que implica el cumplimiento, cosa con la que nosotros coincidimos, por lo cual estamos presentando un proyecto de ley".

"Pero ustedes no hacen ninguna propuesta concreta, más bien esperan que el Ejecutivo o el Legislativo solucionen el tema sin que ustedes aporten y ni siquiera se abran al tema que le plantean los mismos senadores de los costos de administración, de cómo van a hacer más eficiente el gasto del sistema dada la situación en la que se está viviendo", criticó la ministra.

El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Juan Armando Vicuña, dijo que "siempre vamos a cumplir con los fallos judiciales" y que "la cancha está abierta", pues hay otro proyecto de ley tramitándose, el aprobado el lunes en la Comisión de Salud, que permite la devolución de la deuda en prestaciones.

"Lo importante es que se zanje lo antes posible este tema", agregó y advirtió que el colapso de las isapres podría significar que personas que esperan procedimientos de alta complejidad "tengan un desenlace fatal y eso es lo que no queremos".