La escalada de violencia que vive Haití y que ya ha dejado 400 muertos en los últimos seis meses, se vio recrudecida estas semanas con las masacres por parte de las bandas armadas en su lucha por el control del territorio, lo que ha generado preocupación máxima en la comunidad internacional, tal como se puso de relieve ayer en el Consejo de Seguridad de la ONU.

La nueva enviada de la ONU para Haití, la ecuatoriana María Isabel Salvador, reiteró ayer la propuesta de envío de una fuerza internacional para que apoye a la Policía Nacional Haitiana (PNH) en la lucha contra las bandas armadas, intervención planteada desde octubre de 2022 sin que llegue a materializarse al no haber ningún país dispuesto a liderarla.

El ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, alertó ayer una vez más ante este foro de la "situación insostenible" que vive su país vecino por la violencia de estas bandas y exigió respuestas inmediatas.

"Estamos presenciando hoy la disolución del Estado haitiano", advirtió Álvarez, que viajó a Nueva York para intervenir en el debate sobre Haití en el máximo órgano de decisión de Naciones Unidas.

El debate que produce tras varias jornadas de intensa violencia que han dejado decenas de muertos entre civiles, integrantes de diversas pandillas y miembros de la policía.

La situación de extrema crisis llevó al primer ministro haitiano, Ariel Henry, a pedir en octubre del año pasado el envío de una fuerza extranjera, una solicitud aún sin respuesta y que mantiene bloqueadas las fuerzas de ayuda.

Enfrentamientos

Más de 400 personas murieron en los últimos seis meses en Haití en ataques armados contra la población, que se han intensificado desde el comienzo de este año, particularmente en los departamentos del Oeste y Artibonite, según un informe publicado el lunes por la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH).

Entre el 14 y el 19 de abril, al menos 70 personas murieron y 40 resultaron heridas en los enfrentamientos entre bandas rivales en Cité Soleil, el mayor barrio de chabolas de Puerto Príncipe, según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas en Haití (Ocha).

El lunes, más de una docena de presuntos miembros de esos grupos fueron linchados por una multitud en Canapé-Vert, en la capital, después de que la policía interceptara el autobús público en el que viajaban y en el que transportaban armas y municiones.

Videos en redes sociales muestran a una turba vertiendo gasolina sobre los cuerpos de los hombres linchados, algunos de ellos aún con vida, mientras que otros intentan encenderlos con neumáticos.

Ese mismo día, la Policía Nacional haitiana confirmó la muerte de Carlo Petit Homme, alias "Ti Makak", jefe de una poderosa banda que controlaba zonas del área de población adinerada de la capital, donde la policía realizó un operativo.

Ciudadanos de a pie, políticos, periodistas, y agentes de la policía son blanco de las pandillas, que en los últimos meses han asesinado al menos a 12 miembros de la institución, tres de ellos el 9 de abril.

Casi toda el área metropolitana de la ciudad está bajo el control de estas bandas, que han pasado de 200 a 300 en un año, con abusos que van desde robos a masacres; y de secuestros a violaciones de mujeres y niñas, algunas en manada.

El Gobierno de Perú declaró ayer el estado de emergencia en todas sus zonas de frontera con Ecuador, Colombia, Brasil y Chile para incrementar el "control de los ciudadanos extranjeros" en el país.

"Se ha aprobado un decreto supremo que declara el estado de emergencia en la zona de frontera de los departamentos de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna", anunció la presidenta Dina Boluarte en referencia a todas las regiones peruanas que tienen frontera, a las que se suma Puno (limita con Bolivia), donde ya rige ese régimen de excepción debido a las protestas.

Boluarte afirmó que esta medida "permitirá la ejecución de operaciones policiales relacionadas al control de las fronteras con la finalidad de prevenir el orden interno y los derechos constitucionales de la población".

Agregó que, en este contexto, la Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el "control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas".

La mandataria anunció, sin embargo, que el Ejecutivo planteará al Congreso una "reforma constitucional para autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas en las zonas de frontera".

"Se trata de la modificación del artículo 165 de la Constitución, para que las Fuerzas Armadas presten apoyo de manera permanente en la vigilancia y el control de nuestras fronteras", insistió la jefa de Estado.

Por su lado, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, señaló que el objetivo de la medida es "evitar el ingreso de manera irregular e ilegal" a Perú.

Durante el estado de emergencia, quedan restringidos o suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.

Perú aprobó además un decreto que modifica el reglamento de migraciones "para que los extranjeros que ingresaron sin control migratorio puedan registrarse vía regularización".

El comisario de Asuntos Políticos, Paz y Seguridad de la Unión Africana, Bankole Adeoye, advirtió que el estallido de una "guerra civil en toda regla con interferencia extranjera en Sudán no será beneficiosa ni para Sudán ni para la región del Cuerno de África ni para todo el continente". "Como UA, no toleraremos una guerra subsidiaria en ninguna región del este de África", destacó sobre los posibles apoyos de potencias internacionales a los dos bandos que han sumido a Sudán en el actual conflicto, el Ejército y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que ya cuenta 512 muertos y miles de heridos.