Es sabido por todos que Antofagasta tiene un serio problema contaminación a raíz de la proliferación de microbasurales, captando el interés de la ciudadanía, siendo una de las principales preocupaciones después de la seguridad. Desde el gremio durante los últimos ocho años hemos evidenciado ante las diferentes autoridades la necesidad que Antofagasta cuente con un lugar apropiado para disponer, tratar y recuperar los residuos de la construcción y demolición (rcd). En respuesta hemos recibido muestras de apoyo, compromiso y colaboración, pero lamentablemente los procesos administrativos y excesiva burocracia exceden los periodos alcaldicios, de gobierno y seremis, paralizando los pocos avances, reiniciando los procesos, muchas veces, desde cero.

Por esa razón en marzo del año pasado nos propusimos la tarea de impulsar un acuerdo de producción limpia (APL), el primero de la industria de la construcción en Antofagasta, y que busca dar una señal fuerte a través del compromiso de las empresas en incorporar el modelo de economía circular a sus procesos, ya sea, gestionando, tratando y recuperando los rcd producidos en el desarrollo de un proyecto de vivienda o de infraestructura ya sea público o privado.

De esta forma: tierra, áridos, restos de hormigón, piedras, cerámicas, vidrios, ladrillos, plásticos, yesos, acero, maderas, tuberías, papeles y cartones, representan la mayoría de los desechos inertes que salen desde una obra o faena, los que hoy las grandes empresas deben depositar en Mejillones, la ciudad más cercana con un lugar para ello, con el indudable aumento de costos en los proyectos públicos y privados.

Entre las acciones que hemos adoptado el último año está la conformación de dos mesas de trabajo multisectoriales; la primera en 2018 que permitió identificar cinco polígonos con las condiciones geográficas adecuadas para un depósito de rcd fuera de la ciudad; y la segunda conformada el 2022 y liderada por el Gobierno Regional a la que se presentaron cinco propuestas de diferentes empresas interesadas en administrar los rcd. Ambas instancias lograron importantes avances que hoy nos acercan un poco más para dar solución a un problema que requiere una solución urgente y definitiva, sin embargo, se vuelve a entrampar en los ya mencionados procesos administrativos y burocracia.

Por otra parte, para que sea realmente efectiva, será clave el rol fiscalizador de la autoridad para terminar con la práctica irregular en la que gran parte de los desechos termina en quebradas y en las inmediaciones del ex vertedero con desechos domiciliarios y escombros provenientes de construcciones a menor escala, depositados por vehículos, camionetas y camiones de fletes.

Nuestra propuesta de APL tiene como objetivo que las empresas incorporen la economía circular segregando y clasificando sus desechos en la obra, a fin de ser depositados en un sitio donde otra empresa recupere y revalorice el mayor porcentaje de esos desechos, para poder ser devueltos al sistema, reutilizándolos en la industria, o dándoles vida a otro producto conectando con emprendimientos locales sustentables.

Aspiramos que este APL sea el primer paso concreto desde la industria de la construcción, y una señal a la autoridad y a la comunidad que permita avanzar con mayor prisa a habilitar en nuestra ciudad uno o dos centros de tratamiento y recuperación de rcd. La punta de lanza de un nuevo trabajo que tendremos que realizar de forma conjunta, coordinada y planificada en alianza público-privada, para recuperar la belleza de nuestra ciudad y avanzar hacia un desarrollo sostenible, una Antofagasta más limpia.

Ya es casi frecuente que en las distintas comunas del país, unas más que otras, el uso de fuegos artificiales anuncie la llegada de la droga que prontamente será comercializada. Es como una celebración de las bandas de nacotraficantes, quienes se sienten en total impunidad para lanzar el artificio incluidos disparos al aire.

Esta manifestación, que no tiene símiles en otros países, es una demostración de poder y que implica un aviso de su actuar delictivo. Y esto, por qué no se conoce en otras latitudes. La diferencia radica en que quienes lideran estas bandas criminales fuera de Chile operan ocultos, no dan muestras de su existencia y tratan de mantenerse en el anonimato, alejados de la persecución policial y de otras bandas criminales.

Esto último se da mucho en Centro y Norteamérica, en la que las disputas entre carteles o agrupaciones criminales son luchas sin cuartel, y el apoderarse del cargamento de sus rivales es constante. Son las llamadas "quitadas" o "mexicanas" y que si bien se conocen casos en nuestro país, son los menos.

La ostentación criminal sólo pone de relevancia que el delito de narcotráfico está avanzando impunemente y pueden jactarse de que están en pleno ejercicio de su acción delictual.

Este debiera ser un foco de acción en la ejecución del futuro plan Calles sin Violencia, que el gobierno anunció para comunas con altas estadísticas delictuales.

El narcotráfico mueve miles de millones de dólares en el mundo y en nuestro país, las cifras también llegan a niveles en que pueden destinar muchos recursos en la internación por sectores fronterizos, distribución y lavado de los activos conseguidos. Y si requieren avanzar, los recursos están para comprar voluntades, aprovecharse de necesitados y si es necesario amenazar para lograr sus mezquinos fines.

Esos son los peligros que deben tenerse en cuenta para delinear las políticas de persecución y desarticulación de estas organizaciones que no trepidan en aplicar una espiral de criminalidad para continuar con su negocio ilícito.

Casos graves hemos conocido en países sudamericanos con terribles consecuencias para sus habitantes, quienes intentan armarse para su propia defensa, escapar o refugiarse en sus hogares.

Son muchas las consecuencias negativas si no se pone atajo a este tipo de delito que sigue creciendo y que amenaza la estabilidad y la paz social del país.

Impulsada por el gobierno actual, hoy martes 18 se votará la Ley de Royalty a la Minería en la Comisión de Hacienda del Senado. Actores como el Banco Mundial, parlamentarios y académicas/os han mostrado un apoyo transversal a esta urgente medida. También se ha escuchado a las grandes mineras repetir sus descargos. Sin embargo, la importancia histórica de lo que podría ocurrir durante la semana debe ser socializada, celebrada y entendida por todas y todos quienes habitamos este país minero.

Desde el siglo XIV y XV, la palabra royalty nace de las palabras inglesas royal (real) y right (derecho), haciendo referencia al derecho de la realeza sobre los minerales de sus tierras. Luego, durante el siglo XIX, la palabra amplía su uso para referirse a los pagos realizados por un productor al dueño del sitio, así como también para el pago del uso de patentes o publicaciones. Hoy, el royalty es el pago que las empresas mineras hacen en todo el mundo a los y las dueñas de los minerales, es decir, a los habitantes del país, por el uso de bienes públicos que no son renovables. Sin embargo, las mismas empresas mineras que pagan esos royalties en Australia y Canadá (por ejemplo), no lo pagan en Chile (a excepción del litio).

Por tanto, la aprobación del royalty es fundamental para lo que realmente importa a las regiones mineras: capturar el valor producido dentro de tales territorios. Usualmente la discusión política gira en torno a la creación de valor (nuevas minas) o valor agregado (transformar cobre en alambres), pero de nada sirven tales esfuerzos si la mayoría de las ganancias se va al extranjero, mientras que las pocas ganancias que quedan en Chile se concentran en Santiago.

De aprobarse, el royalty implica la creación de tres fondos de libre disposición para las comunas y regiones del país, con aportes anuales de alrededor de $360.000 millones de pesos: un Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo; un Fondo para las Comunas Mineras; y un Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial.

Es decir, las regiones mineras y sus comunas al fin tendrían recursos para avanzar en la mejora de su vida, en lugar de sólo estar obligadas a convivir con las consecuencias más dañinas de la minería. La posibilidad histórica del royalty llama a nuestra puerta. Esperemos que los senadores de la región respondan el llamado.=

Martín Arias Loyola

Director Magíster en Gerencia Pública y Desarrollo Regional, UCN