Críticas transversales de los parlamentarios regionales generó que no se incluyera a la Región de Antofagasta en el primer listado de ciudades a intervenir por el Ministerio del Interior, en el marco del plan "Calle sin violencia", estrategia anunciada la semana pasada por el Presidente Gabriel Boric y que pretende intervenir 30 comunas que concentren el 50% de los delitos más violentos.

Si bien la región está dentro del listado a intervenir en el marco del plan, ayer el Gobierno informó que en primera instancia se trabajará en las ciudades de Valparaíso, Los Ángeles, Concepción, Santiago, Lo Espejo, Puente Alto, Copiapó, Iquique, Arica y La Pintana.

De acuerdo a lo explicado la semana pasada, las zonas que se van a priorizar en esta estrategia serán las que concentren principalmente casos de impunidad penal, tráfico de drogas y presencia de armas, deterioro barrial y alta presencia de incivilidades e infracciones.

Entre alguno de los ejes del programa, se indica que se reforzará la persecución penal, además de hacer énfasis en los focos investigativos y fiscalización, especialmente en lo referido al tráfico de armas. Asimismo, se planea incrementar los patrullajes, operativos masivos y puntos de control para detectar prófugos de la justicia, por lo que se adelantarán los planes focalizados de refuerzo de dotaciones policiales.

La incorporación de las comunas de la región -sobre todo la capital regional y Calama- fue un llamado que se replicó de manera transversal entre las autoridades locales, considerando, además, que la zona mantiene tres años consecutivos al alza en cuanto a delitos violentos, según consignó ayer este Diario.

Hasta el cierre de esta edición, desde la Delegación Presidencial Regional no entregaban una bajada local respecto al plan y a cuándo podría entrar su ejecución en la zona.

"Pésima señal"

Con todo, el diputado José Miguel Castro (RN) cuestionó que "todas las comunas favorecidas tienen que ver con el oficialismo (PC, FA o Socialismo Democrático), con una visión muy sesgada, sin tomar en cuenta parámetros mucho más importantes que la propia ideología, como los parámetros que reflejan el tipo de crimen y violencia que hay actualmente en comunas como Antofagasta, Tocopilla o Calama, crímenes sangrientos, con sicariatos, asesinatos con desmembramientos, estamos viviendo un momento súper complicado para la región, ¿y no nos incluyeron?".

En esa línea, el parlamentario enfatizó que "espero que el Gobierno las incluya con urgencia y a corto plazo, en especial comunas donde la migración ilegal ha generado estragos en términos de delincuencia y crimen organizado".

Pero los reproches vinieron incluso desde el oficialismo, especialmente del ala del Socialismo Democrático. El diputado Jaime Araya (ind. - PPD) sentenció que "es una pésima señal que no se haya puesto en primera instancia ni a Calama ni Antofagasta", y argumentó que "los índices objetivos que tienen estas ciudades las hacían para estar de las primeras comunas dentro de estas intervenciones especiales".

Mientras, el diputado Sebastián Videla (ind. - P. Liberal) recalcó que "es momento que el Gobierno a nivel central dé una señal clara de que quiere combatir la delincuencia en la Macrozona Norte y en Antofagasta y Calama, donde hoy día hay un descontrol total".

Por su parte, la diputada Catalina Pérez (RD) deslizó que "confío en que en las próximas etapas se incluirá comunas de nuestra Región de Antofagasta, que también enfrentan graves problemas de inseguridad. La estrategia de aumentar en estos espacios la presencia policial, con fiscalización enfocada en el tráfico y porte ilegal de armas, además de reforzar la persecución penal, son parte de las medidas realmente efectivas que hemos empujado como sector".

Del mismo modo, la diputada Yovana Ahumada (ind.) valoró que dentro de las comunas a intervenir esté Antofagasta, "donde existe presencia de pandillas, crimen organizado, personas fugadas, tráfico y presencia de armas, entre otros".

Senado

En tanto, el senador Pedro Araya (ind. - PPD) comentó que "esperábamos que ciudades de nuestra región, como Calama y Antofagasta, que se han visto fuertemente golpeadas por distintos delitos, estuvieran dentro de las 10 primeras comunas beneficiadas con el denominado Plan Calle Segura del Gobierno". Aseveró que "la semana pasada y gracias al reclamo que hicimos varios parlamentarios, logramos que se incluyera a parte de nuestra zona, en el listado general de dicha iniciativa. Hoy, nos encontramos con esta nueva postergación. Es importante que el nivel central se quite la venda y entienda que la región tiene un problema grave y serio en materia de crímenes, robos, asaltos, tráfico de droga, uso de armas de fuego, entre otros ilícitos".

La senadora Paulina Núñez (RN) aseguró que "conversé con la ministra del Interior (Carolina Tohá) en el Senado y me aseguró que Antofagasta estará considerada dentro de las 30 comunas, y que el Gobierno se comunicará con cada alcalde". En ese sentido, indicó que "valoro sus dichos y sin duda responden a la situación compleja que vivimos en la comuna, era y es imposible que quede afuera de este plan especial".

Corría abril de 2019 cuando el entonces diputado por la Región de Antofagasta, hoy Senador por la misma, el profesor Esteban Velásquez (FRVS), ingresó a la Cámara un proyecto de ley que establecía el levantamiento del secretario bancario para determinadas altas autoridades a nivel nacional y regional, con el fin de que la Unidad de Análisis Financiero, el Servicio de Impuestos Internos y la Comisión para el Mercado Financiero puedan monitorear las transacciones que efectúen.

"Con este proyecto buscamos prevenir y advertir cualquier irregularidad en materia de probidad y financiamiento respecto de posibles actos de corrupción de las altas autoridades del país y de la región" sostuvo Velásquez.

Agregó que "ahora en el Senado presentamos un proyecto similar pero respecto de los Alcaldes, porque hemos conocido varios casos de corrupción en el país y otros que seguramente aún no".

"Por eso es que pedimos a la comisión que lo ponga luego en tabla y además le pedimos al Gobierno del presidente Boric que lo patrocine y le dé la urgencia necesaria para que esto sea Ley de la República cuanto antes, pues es una herramienta importante que permitirá ir cerrando los espacios que hoy puedan haber para cometer actos de corrupción", señaló el legislador.

"Hoy no solo existe corrupción cuando con fondos públicos se adquiere provecho personal sino también cuando se reciben dineros de privados de parte de un servidor público, y con este proyecto pretendemos ir cerrando esos espacios no dando margen para aquello. Es una forma de combatir el crimen organizado, cerrando todos los espacios posibles, como el secreto bancario, que bien puede servir como vía o trampolín para permear los organismos e instituciones estatales", sostuvo Velásquez.

"Confiamos sin duda en contar con el apoyo del Congreso y del Gobierno", concluyó.