Cristián Venegas M.

El proyecto de ley que establece un royalty a la gran minería del cobre continúa su discusión en la Comisión de Hacienda del Senado, con un marcado foco en la distribución de recursos en los gobiernos comunales y regionales, pues la iniciativa considera la creación de tres fondos que entregarán aportes anuales por US$ 450 millones, monto que representa el 35% de lo que se espera recaudar con la nueva normativa.

El mayor de estos fondos es el Regional para la Productividad y el Desarrollo, que alcanzaría US$ 225 millones y que se destinará a presupuestos de inversión de los gobiernos regionales. Mientras que el Fondo Comunas Mineras considera recursos por US$ 55 millones. En tanto que el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, para comunas más dependientes al Fondo Común Municipal, alcanzaría US$ 170 millones.

En el caso de la Región de Antofagasta los recursos por el Fondo para la Productividad y el Desarrollo alcanzarían $9.616 millones; el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial, $1.772 millones; y el Fondo de Comunas Mineras, entre las que figuran los municipios de Antofagasta, Calama, Sierra Gorda, San Pedro de Atacama, Taltal, María Elena, Mejillones y Tocopilla, $11.452 millones. Alcanzando un total de $22.840 millones para la zona.

En el caso del Fondo de Comunas Mineras se crea para compensar las externalidades negativas en municipios que mantengan dentro de sus territorios faenas relacionadas directamente con la actividad minera, como yacimientos, fundiciones y refinerías, relaves, puertos, etc. El proyecto beneficiaría a 31 comunas de las regiones de Tarapacá, Antofagasta (8), Atacama, Coquimbo, Valparaíso y O'Higgins.

Fruto del diálogo

La ministra de Minería, Marcela Hernando, aseguró que el proyecto de royalty que se discute está en línea con lo que sucede en gran parte de los países mineros, y que "esta tributación tiene como propósito que el país obtenga parte de la renta económica originada de la explotación de recursos naturales no renovables, más allá de la tributación de carácter general a la que estén afectas todas las empresas".

Actualmente, explicó, existe un impuesto específico a las rentas operacionales de la actividad minera y "nuestra propuesta propone reformular dicha tributación, incorporando adicionalmente a este impuesto una tasa ad valorem de 1% asociadas a las ventas del mineral extraído. Con la propuesta actual esperamos que el royalty -estando en régimen- recaude 0,46% del PIB, lo cual irá en beneficio de todos los chilenos".

Asimismo destacó que tras la discusión del proyecto en la Comisión de Minería y Energía del Senado se aprobaron las indicaciones del Ejecutivo que aumentaron los recursos a regiones y municipios del país, "lo que fue fruto del diálogo y el trabajo con los parlamentarios, además de gremios, municipios, gobiernos regionales, entre otros actores vinculados".

La secretaria de Estado agregó que "de esta manera, los recursos que genera la gran minería en las comunas retornarán de manera importante a las localidades de origen, promoviendo la inversión, el desarrollo local y una mejor calidad de vida para las familias".

Una compensación

El senador por la Región, Esteban Velásquez, quien ingresó el proyecto de royalty durante su primer año como diputado en 2018; sostuvo que la iniciativa tiene varios méritos: "primero nació en el norte, en esta región estuvo la inspiración de conseguir mayores beneficios para esta zona y el resto del Chile. Luego se establece un principio que es la valoración de un recurso natural como el cobre, entonces el royalty minero se entiende como el cobro de un derecho por parte del Estado por la sola extracción de sus recursos minerales".

"Fundamentado, añadió el congresista, en la compensación de particulares al Estado por extraer y beneficiarse de las riquezas contenidas en el subsuelo. Los ingresos que tendría solo nuestra región, deberían superar los treinta millones de dólares. Es así como se establece una nueva fuente de financiamiento llamado royalty por primera vez con un componente de ad valorem".

$9.616 millones consideraría en la Región de Antofagasta el Fondo para la Productividad y el Desarrollo.

$1.772 millones alcanzaría el Fondo de Apoyo para la Equidad Territorial en la Región de aprobarse el royalty.

$11.452 millones corresponderían a ocho municipios de la Región a través del Fondo de Comunas Mineras.

La Sociedad Nacional de Minería (Sonami), gremio que actualmente reúne a 76 compañías de la mediana y gran minería y empresas proveedoras y 38 asociaciones mineras regionales; expresó su rechazo a las indicaciones al proyecto de ley de royalty minero presentadas por el ministerio de Hacienda, cartera que lidera Mario Marcel.

En ese sentido, el presidente (s) de la Sociedad, Cristián Argandoña, estimó decepcionante las indicaciones, pues "estábamos confiados en que la autoridad económica hubiese entendido nuestra inquietud sobre el impacto que tendrá el royalty en la competitividad del sector, constituyéndose en la práctica en una amenaza a la continuidad de varias operaciones y limitando severamente las inversiones futuras".

El ejecutivo, si bien dijo que aún deberán estudiar con más detalle las indicaciones presentadas, "claramente el establecer una carga tributaria potencial máxima de 50%, es extremadamente alta y aumentará el riesgo de perder flujos de inversión y de continuar perdiendo competitividad".

"Consideramos que los análisis de Hacienda parten de un falso supuesto, pues considerando la situación actual, con precios del cobre de US$3,7-US$3,8 por libra la carga impositiva sería inferior al 35%, en circunstancias que todos los análisis sitúan ésta en torno al 38%-39%", complementó.

Como lo indica un reciente estudio del Fondo Monetario Internacional, dijo que "este nivel de tasas que se propone nos sitúan por sobre nuestros competidores directos (Australia, Canadá y Perú), que tienen tasas impositivas efectivas que oscilan entre el 36,4% y 41,7%".

Base para el futuro

Argandoña dijo además que "como país debemos promover la inversión minera, por el efecto multiplicador que esta genera y debido a que la inversión que realicemos hoy es la base del crecimiento futuro. A este respecto, con la normativa tributaria actual, por cada millón de toneladas adicionales de producción la contribución al financiamiento fiscal superaría los US$1.300 millones".

"Para poder afrontar los desafíos de la carbono neutralidad, comprometidos por 195 países en París, se requerirá producir 2 a 3 veces más cobre que en el que se produce en la actualidad. Chile no puede seguir desperdiciando esta oportunidad (...) esperamos que en la Comisión surja un debate constructivo que permita alcanzar un acuerdo que no afecte la competitividad de nuestra principal actividad productiva", agregó.