El informe del árbitro Jorge Osses tras el partido entre Cobreloa y Deportes Antofagasta fue más bien blando, acusando sólo el uso de fuegos artificiales desde la galería sur -donde se ubica el Huracán Naranja- y la insistente utilización de un puntero láser. Pero lejos de quedar en incidentes menores, la detención de un hincha en el acceso a ese sector, con bombas de ruido en su mochila -varias sonaron en el inicio del segundo tiempo- alertó a Carabineros y por su intermedio, a Estadio Seguro.

El club minero se encuentra hoy cuestionado por su relación directa con los barristas y allí, el apuntado con el dedo es el actual presidente, Fernando Ramírez. Nadie podría decir que sus "detractores" están tratando de sacar rédito en su momento más cuestionado porque efectivamente, contra el timonel naranja se acumulan testimonios de incitación a la violencia por medio de auténticos "matones" pertenecientes a la barra.

El último antecedente, que incluso podría dejar a Ramírez fuera del cargo por decisión de la mismísima ANFP viene desde adentro del club. "Nosotros hemos tenido diferencias marcadas y públicas y en agosto del año pasado quisimos firmar un acuerdo en donde se solicitaban compromisos por parte de Fernando y del resto del directorio. El único que no firmó fue él y no seguimos adelante porque recibimos apremios y amenazas directas contra el resto de los directores, por lo que se impuso el temor", indica el vicepresidente de Cobreloa, Marcelo Pérez.

El dirigente agrega que "no quisimos hacerlo público en su momento porque efectivamente existía temor. Pero hay un recurso de protección emanado por tribunales y hoy, con lo que sucedió con el caso de David Escalante lo damos a conocer porque una vez analizadas el problema que existió entre Ramírez y el jugador, nos vamos a tener que abocar a ver si se puede apelar a las bases para revocar su mandato si es que la situación entrega antecedentes de relación directa con barristas".

No es un detalle menor. Dentro de la misma semana y a raíz de la acusación de Ramírez contra el delantero argentino por supuesta agresión en el club de campo, el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) envió una solicitud de investigación e intervención desde la ANFP hacia el club por los nexos que el mandamás naranja y los constantes apremios que el directivo habría ejercido contra jugadores, así como funcionarios de la institución que presentaron denuncias en la inspección del trabajo de Calama por el mismo ítem.

"No aceptamos abusos ni malas prácticas de ninguna índole. El maltrato laboral no debe ser normalizado en el fútbol ni en ninguna instancia", aclara el comunicado público que el Sifup dio a conocer para salir a poner orden en un club en donde los "apretones" de barristas han sido la tónica de la última década con los mismos protagonistas como vehículo de presión de los dirigentes de turno.

Pruebas

Por estos días, el sector disidente del directorio se encuentra buscando una prueba gráfica para constatar la denuncia realizada por David Escalante, respecto de presiones dentro del mismo club de campo.

"Después del partido con Barnechea, llegó el presidente con dos 'barra brava' al entrenamiento y si bien nos dijo que nos apoyaba, la presencia de hinchas incomodó a todo el plantel y yo salí a reprocharle eso. Quizás allí comenzó su problema conmigo, porque lo encaré y le dije que eso no se podía volver a repetir", aclaró "Chiquito".

No es la primera ocasión en que desde dentro del plantel acusan molestia. Antes del partido con Deportes Copiapó en Calama, en noviembre pasado, el técnico Emiliano Astorga no pudo realizar la práctica de jugadas tácticas porque el mismo Ramírez dejó ingresar a los hincas a un entrenamiento que era privado, provocando el enojo e incomprensión del entrenador y sus futbolistas.

Hay antecedentes más graves, como la denuncia en la Policía de Investigaciones por parte del exjugador minero, Nicolás Maturana, quien acudió a la PDI en Calama a poner constancia de persecuciones en su contra en las afueras del edificio donde vivía por parte de barristas enviados por Ramírez, una acusación que no tuvo resultados porque ante la alerta, los sindicados habría optado por desaparecer.

Los personajes que aparecen siempre en las denuncias por apremio son los mismos que en 2012 fueron transparentados con nombre y apellido en El Mercurio de Calama por intento de agresión a periodistas, cuando el club lo presidía Javier Maureira.

Desde ese entonces, la relación directa de estos cabecillas de la barra loína con los mandamases del club se mantuvo silente, con privilegios a la hora de acceder a los partidos de alta convocatoria y una extraña facilidad para ingresar elementos de pirotecnia prohibidos por el reglamento de Estadio Seguro a los recintos. Esa misma "manga ancha" podría traerle hoy multas al club debido a la atención que desde la Delegación Presidencial Provincial de El Loa atienden como infracción a la Ley 17.798.

Esta vez, el miedo de unos se traspasó a los otros. Mientras Ramírez no ha salido a aclarar sus nexos con barristas -alguna vez lo negó asegurando que sólo es "muy hincha" y por eso mantiene cercanía con esa facción de fanáticos-, los mismos que parecían defenderlo públicamente han salido a expandir mensajes en redes sociales exigiendo su renuncia.

Por estos días, las "lupas" que tienen a Ramírez y al club como motivo de investigación son tres. Una, desde Estadio Seguro y la autoridad local, por ingreso de artículos prohibidos a espectáculos deportivos, con sanciones que van desde veto a hinchas para acceder a espectáculos deportivos, sanciones económicas al club y suspensión del estadio Zorros del Desierto para duelos oficiales.

Por su parte, Ramírez arrastra dos indagatorias. Una interna, por parte del directorio que busca sacarlo del cargo por incumplimiento de los estatutos y en donde la comisión de ética trabaja silenciosamente para aportar datos.

La otra es más grave y viene por parte de estamentos judiciales, el Sifup y la ANFP. La primera busca nexos directos entre el directiva e hinchas para concretar el ilícito de apremio ilegítimo. Y la segunda podría dejarlo sin ejercer cargos en el fútbol nacional si es que se constata que bajo su mandato se incurrió en ilegalidades contra trabajadores vigentes, mediante el uso de presiones indebidas y falta a la legislación, tanto laboral como de funcionamiento interno de los clubes que forman parte de la asociación nacional. La polémica está lejos de terminarse...

2 futbolistas han hecho públicas acusaciones por apremio ilegítimo. David Escalante y Nicolás Maturana, quien dejó la institución.

4 entes tienen al club "en la mira" por su relación direxta con barristas: Estadio Seguro, la ANFP, Delegación Provincial El Loa y el Sifup.