Durante esta semana, concretamos la clausura de cuatro locales. Tres de ellos, no contaban con ninguna regulación y funcionaban de forma irregular en la venta de alcohol y realizando fiestas clandestinas. Así también, llevamos a cabo el cierre de un recinto en el que, en febrero pasado, ocurrió el homicidio de un joven, siendo ésta, la primera clausura que realizamos de un espacio que cuenta con patente, y lo hicimos amparados en la Ley 19.925 en el artículo 50 que nos faculta a cerrar locales que cuenten con antecedentes delictuosos graves y que afecten la tranquilidad de las personas. Ahora, el dueño de este lugar tendrá la posibilidad de apelar a la medida y será el Juzgado de Policía Local, quien mantenga a o alce la clausura.

A la fecha, van siete locales que hemos clausurado, los tres primeros ubicados en el sector centro y los nuevos cierres se centraron en el sector parcelas. El objetivo de esta iniciativa es devolver la tranquilidad a las y los vecinos, que son afectados por una serie de incivilidades que se suscitan a partir de quienes frecuentan estos lugares, y del mismo modo prevenir la comisión de un sinfín de delitos.

Esta es una de las medidas que hemos impulsado para devolver la seguridad a las y los vecinos de Calama, mientras que, paralelamente, trabajamos en conjunto con las policías, municipios y la Fiscalía en otras estrategias. Sabemos que falta mucho aún, pero seguiremos desarrollando un trabajo coordinado y planificado en pro de la comunidad de la provincia El Loa.

En este sentido, durante esta semana avanzaron varios proyectos de ley en el Senado, con el objetivo de aumentar penas y crear delitos, de acuerdo a la nueva realidad que vivimos en el país. Entre estos encontramos el proyecto que modifica la ley para aumentar la pena del delito de porte de armas a 5 años y el porte de armas y municiones a 10 años, mientras que también aumenta la pena para quienes sean descubiertos portando estos elementos en espacios con alta concurrencia de público.

Sumado a esto, está el aumento de la pena de 5 a 15 años para quienes cometan el delito de secuestro y avanza también la iniciativa que crea el delito de conspiración de sicariato, que busca que, si dos o más sujetos se ponen de acuerdo para asesinar a una persona a cambio de dinero, ésta acción sea castigada, independiente si se comete o no el crimen.

En otra línea, se trabaja para ampliar facultades de control policial en materia de migraciones, esto quiere decir que si una persona extranjera no puede acreditar su situación migratoria regular, todo esto en el marco de los controles de identidad que realiza Carabineros, deberá ser puesto a disposición de la Policía de Investigaciones, quienes deberán iniciar los procedimientos que correspondan en caso de tener situación irregular.

De esta forma, avanzan en el Congreso importantes proyectos que aumentan las sanciones de delitos graves y con ello sumaríamos más y mejores herramientas, que no dudaremos en utilizar para devolverle la tranquilidad a las y los vecinos.

Miguel Ballesteros,

delegado presidencial provincial de El Loa

En los días previos a esta Semana Santa nuestra región y país han experimentado situaciones dolorosas de diversa índole, pero en su mayoría atravesadas por el factor común de la violencia, en un clima de confrontación que lamentablemente ha sido profundizado muchas veces por quienes están llamados a aunar voluntades para llevar adelante un proyecto país.

En Antofagasta, sin duda uno de los fenómenos que ha tensionado nuestras relaciones, ha sido la creciente llegada de personas migrantes. En los últimos años hemos visto llegar a hermanos y hermanas de diversos países a los barrios de nuestras localidades en búsqueda de una nueva vida. Muchos de ellos vienen huyendo de grandes crisis en sus países de origen, y con esperanza han considerado a Chile como una tierra donde resurgir. Si bien muchas personas y comunidades han tratado de integrarles, la falta de espacios y oportunidades, ha generado diversos conflictos. Ha ido creciendo el germen de la xenofobia y la criminalización de algunos de ellos, solo por el hecho de ser de otro país. En tiempos de dificultad económica y social como el actual, se tiende a trasladar nuestros temores en ciertos grupos o personas, a quienes se termina asignando como causa de todos nuestros males. Es así como nos vamos separando. En algunos se va generando indiferencia hacia el dolor del otro, el "sálvate solo" … en otros actitudes hostiles y violentas, el "lárgate de aquí".

En estos días, revivimos como Jesús vivió en carne propia estas experiencias de dolor. En la cruz, experimentó la burla: "sálvate si eres hijo de Dios" y una de las muertes más brutales.

El Papa Francisco nos alertó como esas actitudes nos siguen deshumanizando, durante la Semana Santa del año pasado: "Cuando se usa la violencia ya no se sabe nada de Dios, que es Padre, ni tampoco de los demás, que son hermanos. Se nos olvida porqué estamos en el mundo y llegamos a cometer crueldades absurdas. Lo vemos en la locura de la guerra, donde se vuelve a crucificar a Cristo. Sí, Cristo es clavado en la cruz una vez más en las madres que lloran la muerte injusta de los maridos y de los hijos. Es crucificado en los refugiados que huyen de las bombas con los niños en brazos. Es crucificado en los ancianos que son abandonados a la muerte, en los jóvenes privados de futuro, en los soldados enviados a matar a sus hermanos. Cristo es crucificado allí, hoy".

Ignacio Ducasse Medina,

arzobispo de Antofagasta y gran canciller UCN

En el marco del denominado fast track legislativo sobre seguridad, se logró un gran avance en cuanto a la protección de las personas se refiere. Tras una rápida discusión se aprobó de forma mayoritaria la ley que persigue y castiga a quienes por medio de amenazas extorsivas busquen el provecho propio a para terceros.

Este proyecto quedó en condiciones de ser promulgado para que se convierta en ley y junto con tipificar la extorsión, también agregó el cobro extorsivo y creo la figura de préstamo ilegal con sanciones específicas.

Sin duda, eran situaciones que aquejaban a la población, que venían repitiéndose con mayor frecuencia impunidad por sus autores.

En la Región se conocieron casos extremos, en los que las amenazas mediante llamados telefónicos o por la aplicación whatsapp, eran cada vez más violentas. Partían, de inmediato, por dañar a las personas, familiares o sus propiedades, las que iban desde simples palabras hasta imágenes de armas de fuego, incluso granadas.

Una familia antofagastina extorsionada tuvo que abandonar la ciudad por temor a ser víctimas de los ataques con que los amenazaban.

Quienes las cometían seguían amparados en la nula persecución y en las bajas penas.

Por ende, era urgente legislar y tipificar claramente los delitos, como ocurrió en el parlamento al definir que:

"Comete delito de extorsión el que, para obtener un provecho para sí o para un tercero, obligare a otro mediante amenaza ilícita, engaño o violencia a la ejecución, omisión o tolerancia de una acción o la suscripción de una obligación que le suponga perjuicio propio o ajeno.

Se considerará agravante del delito de extorsión la amenaza de infligir violencia física a la persona de la víctima".

Los condenados se arriesgan a penas similares a las de robo. Estas incluyen penas de cárcel de hasta site años, dependiendo de las agravantes.

El cobro extorsivo y préstamo ilegal, van en una línea similar, porque en ambos se llega a la amenaza para lograr pagos o apropiarse de los bienes de quienes cayeron en estas redes de usura y robo.

Son herramientas que necesitan los organismos persecutores en su lucha por devolver la tranquilidad a la población. Una vez promulgadas, estas organizaciones criminales sabrán que la ley estará detrás de ellos.