Hace unas semanas la decisión del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, de iniciar el plan de demolición de las que denominó "narco-casas", fue largamente cubierto a nivel nacional, incluso su par de Antofagasta, Jonathan Velásquez, viajó hasta la capital para conocer los detalles del procedimiento. Era primera vez que una autoridad realizaba una acción de esta índole contra el narcotráfico, y que abrió una nueva estrategia para combatirlo.

Obviamente, esta decisión se amparó en la ley de Urbanismo, que permite a los municipios ordenar demoliciones de inmuebles que incumplen la normativa habitacional en cuanto a los deslindes y ampliaciones sin autorización.

Es decir, en el fondo se busca demoler viviendas que son utilizadas para acopio y venta de drogas, pero el resquicio legal que se utiliza para hacerlo, es la Ley de Urbanismo.

Esta medida, ha tenido más comentarios a favor que en contra, porque logra romper la cadena de financiamiento de estas bandas, las que incluso siguen operando mientras sus líderes cumplen condenas de presidio.

Con ese golpe se logra limpiar los barrios del tráfico de estupefacientes y de paso deja sin recursos a los operadores, quienes quedan atados sin poder seguir adelante con su negocio ilegal.

No son pocos quienes han manifestado que imitarán lo hecho en La Florida. El alcalde de Antofagasta se mostró abierto a adoptar procedimientos similares, previo estudios y análisis de los inmuebles que intervendrían.

Mientras que el jefe comunal de Calama, Eliecer Chamorro, viene trabajando en lo mismo hace meses. Ya en enero informó que contaban con el catastro proporcionado por los estudios de inteligencia de las policías con el apoyo de la fiscalía local y estaba pronto a ponerlo en marcha.

Con ello estamos frente a un momento importante de cómo las autoridades idean estrategias para combatir al narcotráfico que avanza en los distintos barrios del país, provocando dependencia y abriendo una cadena de robos, balaceras y muerte. Por ello, era tiempo de actuar y aspirar a que estas medidas sumadas a las de persecución del delito sean efectivas.

El narcotráfico es un delito sumamente peligroso y de ello somos testigos a diario en nuestras fronteras y fuera de ellas. Por eso se debe cortar su avance con creatividad y decisión.

Durante la semana se desplegaron las Fuerzas Armadas en la frontera de la provincia El Loa y en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, esto luego de la puesta en marcha del Decreto Supremo que permitió esta acción, ya que incluye las zonas fronterizas como infraestructura crítica.

Desde su puesta en marcha, en la región de Antofagasta llevamos una persona detenida y, tanto Carabineros como personal de Ejército, están implementando patrullajes conjuntos en 220 kilómetros de extensión, con el objetivo de resguardar la zona limítrofe.

Para llevar a cabo este trabajo mancomunado, Carabineros capacitó a las y los militares que están desplegados, dado que con la puesta en marcha de esta nueva normativa podrán ejercer funciones que previamente no podían realizar. Esto se verá reforzado también con nuevas capacitaciones a cargo del Ministerio Público para una adecuada implementación de estas facultades.

El Ejército lleva un tiempo haciendo trabajo de observación con sus equipamientos y levantando información en la frontera, pero no podían actuar. Es por esta razón, que ahora podrán realizar controles de identidad, registrar equipajes, vestimentas y vehículos, y detener a personas cuando identifiquen conductas sospechosas, delitos o faltas para luego remitirlos a las policías.

Queremos ser enfáticos, al igual como lo fue la ministra del Interior al decir que no está prohibido entrar a Chile, lo que está prohibido es hacerlo por pasos irregulares y, es precisamente eso lo que se busca con este despliegue, que las personas hagan ingreso por los pasos habilitados.

Y pensando en aquello, es que este trabajo también va apoyado de medidas adicionales como el reforzamiento de personal de la Policía de Investigaciones, la compra de un escáner para Aduana con el objetivo de que puedan controlar los equipajes. Además, se está reforzando la observación en la frontera con equipamiento tecnológico que incorporan cámaras térmicas y otros dispositivos para combatir a las bandas delictuales que operan también en las fronteras.

Paralelamente, como Gobierno hemos impulsado una nutrida agenda en el parlamento para controlar el delito de trata de personas, así como también mejorar la legislación para expulsar personas cuando cometen delitos en Chile, entre otras acciones.

En definitiva, con esta normativa y el paquete de medidas que estamos promoviendo, desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric estamos dando una clara señal de acciones concretas hacia el norte de Chile, y si bien somos conscientes que los cambios no serán de la noche a la mañana, hoy iniciamos este trabajo y seremos constantes para obtener resultados y devolverle la paz a las y los vecinos de la provincia El Loa y de nuestro país.

Así, con hechos, podemos decir que nuestro Gobierno tiene puesta toda su energía, facultades y recursos para mejorar la calidad de vida de los habitantes del norte de Chile.

Miguel Ballesteros,

delegado presidencial provincial de El Loa

Soplan nuevos aires en el Ministerio Público, que duda cabe. En las últimas semanas y meses hemos podido observar un jefe nacional de servicio en terreno, de manera permanente y abocado a organizar procesos investigativos de alcance suprarregional y hasta nacional. Primero en la macrozona sur, en la zona norte y, recientemente, en las causas que han afectado enormemente el sur de nuestro país. No estábamos acostumbrados a ver una autoridad operativa y, sin duda, ello nos permite tener nuevas esperanzas en que la labor investigativa tomará un curso de mayor eficiencia en los próximos años.

Con el fin de colaborar y aportar en dicha tarea me pareció pertinente referirme a algunos temas que hoy más que nunca resultan de interés público en materia de persecución penal.

El año 2015 fue aprobada la Ley de Fortalecimiento al Ministerio Público que, en su artículo 37 bis, estableció la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos. Las unidades que formaron parte de este sistema se crearon justamente para generar información agregada de los delitos de mayor connotación social evitando el tratamiento caso a caso y, a la vez, para que pudieran formular orientaciones de persecución con el objetivo de lograr una gestión más eficiente.

Por otra parte, en agosto del año 2019, fue desarrollado un estudio por el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, con el fin de "evaluar el Sistema de Análisis Criminal y de Focos Investigativos, SACFI. A partir de dicho estudio pudo evidenciarse los positivos resultados en términos de investigación de aquellos casos que eran tratados en el marco de estas unidades (llamados "casos foco").

Dicho lo anterior y a modo de ejemplo, puede señalarse que, en el caso de la Fase I de implementación de dichas unidades, se obtuvo que el 23,6% de los imputados de casos foco fue formalizado, mientras que para casos no foco ese porcentaje fue de 10,7%. En paralelo, el porcentaje de condenas privativas de libertad en causas foco fue de un 10% versus el 6% de las causas no foco.

Cabe también señalar que los casos no foco donde hubo alguna condena con privación de libertad provienen mayormente de flagrancia (entre el 80% y el 90%), mientras que esos porcentajes para casos foco son entre 40% - 50%. A todas luces este sistema creado el año 2015 e implementado de manera gradual en el Ministerio Público ha sido efectivo y eficiente, sin embargo, no se entiende que la saliente administración de la fiscalía haya destinado menos del 5% del gasto a estas tareas y hayan sido aplicadas a un porcentaje muy menor de casos. ¡Inexplicable!

Situaciones como éstas son las que deben revertirse bajo el nuevo mandato del fiscal nacional y pensar en extender lo más posible este tipo de iniciativas, incluso cuando ello lleve aparejado una revisión presupuestaria de modo de asignar mayores recursos en la investigación.

Cuando a diario somos testigos del flagelo de la delincuencia y de cómo ésta se extiende no solo territorialmente sino también en términos de nuevos y más violentos tipos delictuales, es más urgente que nunca apostar a métodos de investigación que hayan probado su efectividad y para lo cual sea dicho de paso, el Congreso en su momento aprobó importantes montos de inversión.

Pedro Araya Guerrero

Senador Región de Antofagasta