China fijó ayer en la principal cita política anual del país sus objetivos económicos y políticos para el primer año tras el fin de la política de 'cero covid', en los que prima un énfasis en la estabilidad como piedra angular de la recuperación. El saliente primer ministro, Li Keqiang, avanzó una hoja de ruta anual del país en su informe de gestión gubernamental, que leyó en el enorme Gran Palacio del Pueblo, situado en la plaza de Tiananmen, durante la inauguración de la sesión de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo), la principal conferencia política anual del país.

Li anunció un objetivo de crecimiento económico de "en torno a un 5%" para este año en el gigante asiático, meta que cumple con lo vaticinado por los analistas y que sigue la línea del establecido el año pasado, de entre un 5 y un 5,5%, aunque finalmente China creció un 3% tras las duras restricciones de su política de 'cero covid' ante las peores olas de contagios.

"Este año es esencial priorizar la estabilidad económica y buscar el crecimiento", exhortó Li, quien recordó que "los cimientos de un crecimiento estable (todavía) necesitan ser consolidados". La meta de crecimiento del índice de precios al consumo (IPC) quedó limitada a cerca del 3%, tasa idéntica a la fijada para 2022, cuando finalmente aumentó un 2%.

El país asiático aumentará su gasto de Defensa un 7,2% este año hasta los 1,53 billones de yuanes (224.384 millones de dólares, 210.685 millones de euros) después de que la partida creciera un 7,1% en 2022.

Li se refirió al conflicto con Taiwán y advirtió de que China luchará "decididamente" contra la "independencia" taiwanesa, tras un año en el que la visita a la isla de la entonces presidenta del Legislativo estadounidense, Nancy Pelosi, elevó la tensión en el estrecho a máximos inéditos en años.

Más allá de citar un "tempestuoso entorno internacional", Li no mencionó la guerra en Ucrania, sobre la cual Pekín emitió recientemente una declaración que pide el respeto a la soberanía de todos los países y un alto el fuego, propuesta criticada por Occidente por poner en el mismo plano "al agresor y al agredido".

Dado que la pandemia "no ha acabado", China debe ahora asegurarse de que su gestión es "más efectiva y científica", declaró Li, cuyas palabras suponen un paso más en el desmantelamiento de la política de 'cero covid' comenzado en diciembre tras casi tres años.

Irán sufrió ayer domingo nuevos casos de envenenamientos con gas en varios centros educativos femeninos en los que resultaron intoxicadas otra vez cientos de alumnas a lo largo del país persa. Poco después de la medianoche, las alumnas de un dormitorio estudiantil de la ciudad de Urmia, en el noroeste iraní, fueron envenenadas "con un agente desconocido" y 29 de las 450 alumnas fueron hospitalizadas, informó el diario Shargh.

En la ciudad de Neyshabur, en el noreste, 50 estudiantes de un instituto mostraron ayer en la mañana síntomas de envenenamiento, de las que 10 fueron trasladadas a un centro médico, informó uno de los responsables de la cercana Universidad de Ciencias Médicas de Mashad, Javad Hosseini. En la vecina urbe de Mashad, la capital espiritual de Irán, un número indeterminado de alumnas también sufrieron envenenamiento en otro instituto, dijo Hosseini, según la agencia de noticias Tasnim.

"Las estudiantes sufren problemas psicológicos y no tienen malestares físicos", dijo Hosseini, quien indicó que es necesaria una investigación clínica para determinar si fueron envenenadas. En Kashan, situada en el centro del país, el envenenamiento en un colegio de niñas provocó protestas de padres frente a las oficinas del departamento de educación local, indicó Shargh.

El colectivo de activistas 1500tasvir elevó los casos de envenenamientos de ayer a docenas de ciudades y compartió vídeos en redes que mostraron el caos en centros educativos.

Hasta ahora más de 1.000 alumnas han sido intoxicadas en docenas de colegios e institutos y han sufrido dolores de cabeza, palpitaciones, nauseas, mareos y en ocasiones la imposibilidad de mover las extremidades tras percibir un olor de naranja podrida y productos de limpieza.

El Gobierno de Irán afirmó este domingo que los envenenamientos son una operación "de contaminación psicológica" que tiene como objetivo revivir las protestas desatadas por la muerte en septiembre de Mahsa Amini.

Los países de la ONU alcanzaron ayer un acuerdo para establecer un tratado que proteja la altamar, un instrumento que se negociaba desde hace años y que expertos y organizaciones ecologistas consideran vital para salvar los océanos.

El consenso llegó tras una maratónica ronda de negociaciones que arrancó el pasado 20 de febrero y que tenía previsto su cierre para el viernes, pero que continuó durante toda la noche y la jornada del sábado, con más de 35 horas seguidas de discusiones, para limar las últimas diferencias.

Entre otras cosas, el texto sienta las bases para el establecimiento de zonas marinas protegidas, lo que debe facilitar que se cumpla la promesa internacional de salvaguardar al menos el 30% de los océanos para el año 2030.

"El barco ha llegado a la costa", anunció la presidenta de las negociaciones, una agotada Rena Lee, para confirmar que finalmente había un consenso sobre el documento, una noticia recibida con una gran ovación por las delegaciones reunidas en la sede de Naciones unidas.

La adopción formal del tratado, sin embargo, tendrá que esperar algo más, hasta que un grupo de técnicos garantice la uniformidad de los términos utilizados en él y se traduzca a los seis idiomas oficiales de la ONU, según acordaron hoy los países.

Algunos, entre ellos Rusia, dejaron sin embargo la puerta abierta a reabrir alguna cuestión debido a que no habían podido revisar con detalle algunos puntos por las duras condiciones de las horas finales de la negociación y el hecho de que algunos de sus expertos ya habían dejado Nueva York.

Un pacto histórico

"Este es un día histórico para la conservación y una señal de que en un mundo dividido, proteger la naturaleza y a la gente puede imponerse a la geopolítica", señaló en una primera reacción Laura Meller, del grupo ecologista Greenpeace.

La contaminación, el cambio climático y las nuevas tecnologías que abren la puerta a la minería en el fondo de los mares y a una pesca más intensiva son según los expertos las principales amenazas para la altamar, que supone dos tercios del total de los océanos.

Pese a su enorme importancia para el planeta, hasta ahora estas aguas situadas a más 200 millas marinas de la costa y que son compartidas por todos los países han estado gestionadas bajo una serie de acuerdos y organismos internacionales sin una jurisdicción clara, sin demasiada coordinación y con unas normas inadecuadas para su protección.

El nuevo tratado se establecerá en el marco de la ya existente Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y busca "asegurar la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional".

Negociaciones

Entre los asuntos que sólo lograron resolverse a última hora destacó la fractura Norte y Sur sobre cómo compartir los beneficios del mar, especialmente todo lo relativo a los recursos genéticos marinos, especies que pueden proporcionar genes patentables en el futuro, por ejemplo para su uso en medicina.

En esa cuestión chocaban los intereses de algunos países ricos, que son los que tienen más capacidad para aprovechar esos avances, y los del mundo en vías de desarrollo, que teme verse excluido. Las organizaciones ecologistas, muy presentes en todo el proceso, han presionado a los Gobiernos para cerrar un tratado sólido y ambicioso, que ven como una oportunidad única de proteger los océanos.

"Los Gobiernos y la sociedad civil deben asegurar ahora que el acuerdo se adopta y entra en vigor rápidamente y que sea implementado de forma efectiva para salvaguardar la biodiversidad en altamar", señaló en un comunicado Liz Karan, directora de la campaña para los océanos de la organización Pew Charitable Trusts.

La Comisión Europea celebró ayer el acuerdo y aseguró que la Unión Europea trabajará para que sea ratificado rápidamente y para ayudar a los países en desarrollo a implementarlo.