Los sectores fronterizos de la provincia de El Loa registraron ayer una intensa actividad debido al comienzo del despliegue de personal de Ejército, como parte de las medidas que considera la reforma constitucional 21.542 sobre infraestructura crítica, destinadas a un mayor resguardo limítrofe en medio de la crisis migratoria y de seguridad de la macrozona norte.

Una estrategia que abarca perímetros delimitados que detallan las normas generales publicadas en el Diario Oficial el viernes pasado, tanto para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta. El plazo definido para estas labores considera 90 días.

"Lo que vamos a tener en esta zona, es a un personal del Ejército que ha sido además reforzado desde el punto de vista de los efectivos en el terreno. Vamos a tener más de 600 efectivos en esta toda esta zona, pero además va a tener posibilidades de hacer funciones que previamente no podía hacer, porque nuestra legislación, nuestra Constitución no se lo permitía", dijo ayer en la comuna de Colchane la ministra del Interior, Carolina Tohá, en la Región de Tarapacá, adonde se trasladó para supervisar el despliegue de los uniformados en zonas fronterizas.

"Aquí lleva mucho tiempo el Ejército ayudando. Haciendo un trabajo de observación, con su equipamiento, levantando información, pero no tenía herramientas para actuar. Y hoy día va a poder actuar, haciendo controles de identidad, registrando equipajes y deteniendo cuando identifique cualquier conducta sospechosa o de un delito o de una falta. Y cuando ello suceda va a remitir a las personas a las policías para que haga los procedimientos correspondientes", agregó Tohá, sobre un procedimiento que se aguarda opere como un mecanismo disuasivo ante el sostenido flujo migratorio irregular.

Ingresos irregulares

Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), al cierre del 2022 se registraron 53.875 denuncias por ingresos por pasos clandestinos al país. Una cifra levemente inferior al registro histórico de 56.586 denuncias reportadas en 2021. No obstante, en la Región de Tarapacá, donde Colchane se ha posicionado como epicentro de la crisis migratoria, se mantuvo la tendencia al alza al pasar de 13.078 a 15.557 denuncias de este tipo entre 2021 y 2022.

En tanto, sobre las labores de control fronterizo, desde la I División de Ejército de la Región de Antofagasta informaron que esta ha incluido un periodo de inducción. "Personal de la Brigada Motorizada N° 1 'Calama', recibió las capacitaciones teóricas y prácticas en los módulos sobre "Técnicas de intervención policial y Derechos Humanos", por personal especialista de las distintas áreas de Carabineros de Chile, destacando la importancia sobre el intercambio de experiencias y conocimientos entre ambas instituciones", comentaron desde la institución a través de un comunicado.

"El sábado 25 de febrero del presente año, comenzó el despliegue del personal y los medios, los cuales por 90 días custodiarán la zona fronteriza Región de Antofagasta, tal como lo estable el Decreto Supremo N° 78. Por tanto, cabe señalar que, se continuará con el trabajo en conjunto con Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, enmarcado en el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), dictado por el cumplimiento estricto del decreto con fuerza ley N.º1, de 2023", agregó. Las zonas de fronteras a resguardar en la Región de Antofagasta incluyen rutas como la CH-21, CH-25, CH-23 y CH-27, en un perímetro que excluye a las zonas urbanas de Calama y San Pedro de Atacama.

Tohá, en tanto, agregó que las labores de control fronterizo incorporan medidas complementarias. "Se ha traído nuevo personal de la PDI, se ha comprado nuevo equipamiento a Aduanas para que tenga scanner y puedan controlar los equipajes en la frontera. Se está reforzando con tecnología la observación de la frontera también, con unos sistemas que traen cámaras térmicas y que son móviles", dijo.

Migración sin control

Para el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), quien preside la comisión investigadora sobre 'Criminalidad en la Macrozona Norte', el empleo de uniformados contribuirá a enfrentar la crisis de inseguridad en esta zona del país. "El despliegue de las FF.AA. debe hacerse con un claro foco en combatir el descontrol fronterizo e impedir operaciones transfronterizas del crimen organizado, en particular ingreso de armas, droga y trata de personas. Creo que allí debe estar la centralidad de la tarea a cumplir, y para tales fines se les han entregado las facultades legales de controlar identidad, registrar y detener, lo que permitirá a Chile recobrar el control de sus fronteras".

"Las FF.AA. tienen la preparación y el equipamiento necesario para cumplir esta misión, la que sin duda es una contribución a la seguridad nacional, que hoy está fuertemente amenazada por el crimen organizado y narcotráfico, que tienen como principal aliada a la descontralada migración que tiene perforada la frontera como si se tratara de un verdadero colador", agrega Araya.

Efecto disuasivo

Deborah Paredes, alcaldesa de la comuna de Sierra Gorda y presidenta de la Asociación de Municipalidades del Norte de Chile (Amunochi), dijo que la presencia de militares podría desincentivar el flujo migratorio irregular.

"El resguardo fronterizo por parte del Ejército es una medida que responde a las demandas de las municipalidades del norte, de sus alcaldes, alcaldesas y concejales, en cuanto a la crisis migratoria y de seguridad que experimenta el norte de Chile. Por lo tanto, se trata de un paso que puede definirse como positivo el que está dando el Estado en esta materia. Las evaluaciones en este proceso vendrán con el paso del tiempo, sin embargo, tenemos confianza de que la presencia de personal militar generará un factor de disuasión para quienes quieran cruzar al país de manera ilegal y especialmente para las mafias de tráfico de personas que operan en el sector. Confiamos en el profesionalismo del Ejército para sopesar las situaciones que enfrenten en este escenario que se abre", opinó.