"No descartamos que haya más formalizados en esta causa de compraventa"
La abogada del área Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social (Comdes), Cynthia Graz, analizó el actual proceso legal por el cual el Ministerio Público formalizó a cuatro exfuncionarios, incluidos dos exdirectores ejecutivos en el caso de la compraventa de un terreno de la familia del exalcalde Daniel Agusto, por fraude al fisco y negociación incompatible. La profesional entregó nuevos detalles de esta causa y de lo que "es evidencia contundente contra quienes están siendo investigados".
-¿Ha sido muy complejo el poder acreditar los delitos de fraude al fisco y negociación incompatible en este caso?
-Si bien se está ante un caso de fraude al fisco y negociación incompatible. Pero en el fondo estamos frente a una figura pluriofensiva, que es un término que debemos utilizar toda vez que se han infringido deberes de transparencia, rectitud, probidad, imparcialidad en la administración pública. Si bien tenemos que reconocer que en Comdes es una entidad privada, esta administra recursos públicos, por lo tanto hay un mandato del buen uso de estos. En general estamos frente a un fraude hacia la comunidad. Y en este proceso hemos podido evidenciar ello, y nos hemos encontrado con muchos antecedentes de ello.
¿Dentro de esta investigación han sido muy evidente la configuración de estos delitos?
-Al hablar de fraude al fisco, estamos hablando de mala intención, de actitudes malintencionadas que se provocan dentro de la administración, lo que la ley llama dolo, y la voluntad de generar un perjuicio. Y parte de esta investigación está dedicada a acreditar esta figura. En este sentido hace mucho sentido la frase 'la buena fe se presume'. Normalmente tenemos que caminar por la vida de buena fe, pero el dolo es lo que debemos acreditar.
-De acuerdo a los antecedentes investigados por el ministerio Público, se ha logrado establecer una verdadera maquinación para utilizar recursos del per cápita para la compraventa de este inmueble. ¿Comparte ello?
-Dentro de los antecedentes que están en dossier investigativo, y que es una causa pública, hay elementos comunes para cada querellante en el caso. Y sí efectivamente hay antecedentes de ello, por ejemplo, la creación de un comité específicamente para ello. Insisto, hubo una mala intención que se produce desde dentro de la administración Comdes, y que es la utilización de dineros público y que no correspondían a la compraventa de un inmueble: Para ser claros, la compra de este inmueble se efectúa en el año 2017 para un proyecto de una clínica dental, y si uno quisiera hacer una adquisición o generar algún proyecto, esto tiene que estar presentado en un plan comunal de salud, y con un año de antelación. Este nunca fue parte de un proyecto presentado al Servicio de Salud, al cuerpo de Concejales o al Gobierno Regional, y presenta muchas irregularidades. Y se usó la excusa de un proyecto de una clínica para la compraventa del terreno. Y este comité tampoco tenía integrante alguno que perteneciera al área Salud.
-En el período en que se produjo esta compraventa, las autoridades de Salud eran de la misma tienda política, o al menos del mismo bloque. ¿Le llama la atención que esas mismas no actuaran sino hasta el cambio de administración?
-Llama la atención. Creo que cualquier persona que conoce el tema, la comunidad en general, puede tener esa inquietud, pero como en cualquier tema de la vida, yo creo que suponer no es lo más prudente. Quiero pensar que tal vez que a lo mejor que la gente que estaba en su momento, no era la más adecuada o no tenía la experiencia suficiente, porque esto no se resolvió en su momento. Y creo que hay que dejar que las instituciones funcionen, pero no deja de llamar la atención.
-En esta investigación ya hay cuatro formalizados, pero que pasa con la figura del exalcalde de Calama, Daniel Agusto, y su rol en este caso, porque el era del presidente del directorio de Comdes.
-Respecto a la figura del exalcalde hay que ser bien responsables. Efectivamente él no tiene la calidad de imputado, tampoco ha sido formalizado. Si bien él fue mencionado en esta investigación. Él en su momento, y como todo alcalde, era el presidente del directorio de la Comdes. En este último mes se amplió a 120 días las diligencias en este caso, esto puede incluir también a más personas. Esto todavía puede tener a más personas formalizadas. Que Daniel Agusto no aparezca en estas indagatorias no quiere decir que no tenga responsabilidad alguna. Aún faltan más diligencias en esta investigación -de los otros querellantes-, es un proceso largo y que se va desarrollando de forma constante.
-¿Cree usted que los antecedentes son tan contundentes y que será muy difícil para los querellados demostrar lo contrario?
-Estamos confiados en que nuestros argumentos son contundentes. Y vamos a perseverar hasta las últimas instancias legales. Hay elementos comunes tanto para el Consejo de Defensa del Estado, el Ministerio Público, la Comdes y el senador Esteban Velásquez. Nombres que se repiten, situaciones que también se repiten, y lo que podría advertirse es que vamos a tener un resultado satisfactorio. No solamente quienes son parte de la querella, sino que para la comunidad también, porque el ocupar estos dineros significa dejar de hacer otras cosas. Hay elementos claros, contundentes y que le dan sustento a estas querellas, y de eso también da cuenta la investigación que hoy tenemos junto al Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, la Comdes y el senador Esteban Velásquez. Esto no es algo antojadizo, o algo político. Esto es perseguir un delito que afectó a la comunidad de Calama. Es perseguir el mal uso de recursos públicos. No es más de lo que se debe hacer, es lo que se debe hacer.
-¿En qué se encuentra la querella que efectuó el Servicio de Salud contra Comdes, en cuanto a la devolución de los 190 millones de pesos que se utilizaron para la compraventa?
-Esa en curso y en su momento se evaluará una demanda civil contra quienes resulten responsables de la malversación de los recursos que hoy e Servicio de Salud demanda sean devueltos. Y una vez que se establezcan sanciones en este caso, se actuará en lo civil, y que podría ser una indemnización de perjuicio y establecer las responsabilidades para ello. Además, son parte de esta investigación.
"Esto no es algo antojadizo, o algo político. Esto es perseguir un delito que afectó a la comunidad de Calama. Es perseguir el mal uso de recursos públicos. No es más de lo que se debe hacer, es lo que se debe hacer".