La expansión del crimen organizado y alta violencia que enfrenta el país surge como uno de los retos que el Gobierno busca enfrentar mediante el denominado Compromiso Transversal por la Seguridad, que presentó recientemente el Ministerio del Interior.
Esta estrategia considera más de 70 iniciativas legales y de política pública para responder a la demanda ciudadana por mayores garantías en materias de seguridad. Entre las propuestas se consideran las destinadas también a un mayor control fronterizo, como el proyecto de infraestructura crítica despachado por el Congreso y que se proyecta comience a regir a partir de mediados de mes. Mediante un decreto con fuerza de ley esta iniciativa regulará las atribuciones y deberes de las FFAA para el resguardo de áreas en zonas fronterizas.
El 'Compromiso Transversal por la Seguridad' el Gobierno deberá sociabilizarlo con el oficialismo en su conjunto, que se restó de la jornada final del acuerdo sobre la materia.
"Habilitar el control de identidad a personas que se ubican en zonas y rutas fronterizas con exclusión de los centros urbanos, incorporando la posibilidad de registro de vestimentas y equipaje (10 km). El Ejecutivo presenta el proyecto en junio de 2023", detalla otra de las iniciativas.
"Extender el plazo máximo de detención para ejecutar la medida de expulsión administrativa desde 48 hrs a 96 hrs poniendo a disposición del juez. Ejecutivo presenta modificación en marzo de 2023", agrega el documento. Entre otras medidas se incluye la implementación de una denominada "Ley Anti-Coyotes" para extender la detención de los sospechosos cuando surjan casos de trata de personas o delitos ligados a la trata de personas y tráfico de migrantes.
Comisión investigadora
Para el diputado Jaime Araya (Ind-PPD), quien preside la Comisión Investigadora sobre Criminalidad en la Macrozona Norte, las medidas anunciadas por el Gobierno apuntan en la dirección correcta. "Permitirán que exista control en frontera, particularmente en las regiones del norte, que hoy se encuentran desprovistas de presencia del Estado, condición que ha permitido el tráfico de drogas, trata de personas, ingreso de armas, presencia de coyotes y una lucrativa industria que gira en torno a la migración irregular".
"Estas medidas son urgentes, tal como es exigir a Bolivia que acepte la reconducción de venezolanos que ingresan de manera irregular al país, provenientes del vecino país", añadió Araya.
El 'Compromiso...' impulsado por el Gobierno también considera intensificar el trabajo consular con Bolivia debido a las denominadas reconducciones que considera la nueva Ley de Migraciones. Un procedimiento que las autoridades de este país hasta el momento rechazan cuando se trata de extranjeros que posean una nacionalidad distinta a la boliviana, al reconducirles a la frontera desde la que provienen.
Según precisa Humberto Flores (Ind), alcalde de Ollagüe, las medidas anunciadas por el Gobierno previamente las habían requerido autoridades comunales de la Macrozona Norte, como parte de una demanda transversal por mayor seguridad. "Habíamos solicitado justamente al Subsecretario del Interior ciertos planes concretos para resguardar la seguridad tanto en la zona fronteriza como en la ciudad de Calama, Antofagasta y también las regiones vecinas. Por lo menos se escuchó la voz de los alcaldes y autoridades por mayores resguardos en zona de frontera, con un apoyo tanto militar y también de infraestructura, como en el caso de más personal de Carabineros y vehículos. Eso está plasmado en ese documento", afirma.
"Aunque lo que siempre pedimos a las autoridades es que más que mesas de trabajo, se requieren soluciones concretas. Porque según lo conversamos en la última reunión de la Amunochi (Asociación de Municipalidades del Norte de Chile), aún hay trámites administrativos, y en que salgan algunas leyes y decretos, pasa tiempo", agrega Flores.
El viernes pasado en la ciudad de Calama se llevó a cabo un nuevo encuentro de alcaldes de regiones del norte del país, que integran la Amunochi. En la cita, en la que participaron una serie de subsecretarios de Gobierno, se acordaron un conjunto de medidas para optimizar el control fronterizo.
Crítica a plan
Según datos de la Policía de Investigaciones (PDI), al cierre de 2022 se registraron 53.875 denuncias por ingresos por pasos no habilitados en el país. Un registro que representa un baja de 5% en comparación a las 56.586 de 2021. Sin embargo, el alcalde de la comuna de Colchane Javier García Choque (Ind) afirmó recientemente que la crisis migratoria persiste, debido a que a diario se registran hasta 400 ingresos por sectores más distantes del complejo fronterizo próximo a este poblado de la Región de Tarapacá.
En tanto, sobre el 'Compromiso...', la senadora Paulina Núñez (RN) se mostró crítica sobre la implementación de esta iniciativa.
"No hubo acuerdo con la oposición y se prefirió mostrar un catálogo valorable, pero que reúne solo una pequeña parte de materias que ya estaban sobre la mesa como exigencias ciudadanas. Además muchas de las propuestas no tienen una bajada precisa respecto a cómo se financiarán o cuentan con planes demasiados laxos para su tramitación en el Congreso. Sin duda, se trata de una nueva oportunidad perdida para avanzar con paso firme y mayor prisa en el combate contra el crimen organizado y la delincuencia", dijo.
