De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción (IPC, 2022) dado a conocer por la ONG Transparencia Internacional, sólo un 95% de los países evaluados muestra avances al respecto desde 2017. Si esto se cruza con el Índice de Paz Global (IPG), nos enfrentamos a un escenario mundial cada vez más violento y preocupante. Aun cuando no gusto de las variables causales en el periodismo, pero sin duda hay una relación directa entre corrupción y seguridad, nos dice la Presidenta de Transparency Internacional, Delia Ferreira Rubio. En estos indicadores, Chile aparece en lugar 27 en IPC después de Uruguay (14º) y 55º en IPG, cayendo seis puestos y ubicándose después del país rioplatense en América Latina.

Considerando este último informe, la caída de nuestro país, el segundo con mayor deterioro en la región, se debe principalmente a la intensidad del conflicto mapuche y a la militarización de la zona a partir de 2021. Asimismo, debiéramos considerar las informaciones sobre el arribo de carteles internacionales, como los venezolanos Tren de Aragua y los salvadoreños Maras Salvatruchas (The Time en Español, TTE, 20/01/2022), conocidos eufemísticamente desde las doctrina de seguridad como 'actores armados no estatales', o en jerga más coloquial, organizaciones criminales. Ambas amenazas estarían afectando directamente a las zonas centro y norte de Chile, sin observarse alguna iniciativa desde el gobierno regional o los municipios que aborden con una profunda seriedad los temas de seguridad y delincuencia en la Región de Antofagasta.

Si bien, la hoja de ruta de seguridad declarada por el gobierno contempla propuestas de crimen organizado y drogas, de acuerdo a la bancada de diputados/as de Renovación Nacional sólo se trataría de darle urgencia a proyectos ya presentados por el Ejecutivo anterior (El Mercurio de Antofagasta, 01/02/2023). Desde la gobernación regional, sólo se vislumbra la dotación de autos policiales como parte del Convenio de Programación 2021 llamado "Reposición de infraestructura y de vehículos para Carabineros en la región de Antofagasta" (Diario en La Línea, 01/02/2023). Considerando la delegación presidencial, más allá de una estrategia meramente discursiva sólo se anuncia la instalación de cámaras biométricas para hacer seguimiento de delitos (Timeline, 08/11/2022). En suma, medidas corto placistas, pero no una verdadera agenda de seguridad para nuestra región.

De acuerdo al reporte IPC y sumándolo más variables al análisis, a las problemáticas de seguridad y corrupción, se agregan el autoritarismo y la desaceleración económica. Si hacemos el cruce con lo emitido por el Banco Mundial que proyecta que las economías de Chile y Haití serán las únicas que no crecerán durante 2023 (Pauta, 10/01/2023), tendríamos un escenario extremadamente complejo si no se hace una verdadera agenda-país-región, producto no sólo del tan bullada "Compromiso Transversal de Seguridad", sino de iniciativas más regionales y locales en torno a corrupción e inseguridad ciudadana. Por ende, el llamado es a que la derecha retome con prontitud la mesa de discusión, y que rápidamente se levante al menos una mesa regional-local en los temas de seguridad y corrupción. Podríamos además seguir soñando con la posibilidad de que, así como se echó a correr una estrategia de minería, también se planifique una estrategia anticorrupción y seguridad ciudadana en la que participemos toda la actoridad regional.

La problemática fundamental es el retroceso democrático, sustentado en estilos (liderazgos) y procedimientos de gobernanza política, y la calidad y eficiencia de las instituciones. La presencia de instituciones débiles (como 'estrategia política' en María Murillo, Steven Levitsky, Daniel Brinks, 2021), la marcada polarización política, la excesiva burocracia estatal y la corrupción se han convertido en los riesgos fundamentales para las gobernanzas de un país y región. Hay mucho trabajo que hacer y nuestra política sigue obnubilada en peleas de poca monta y en sanciones ridículas para gobernanzas locales narcisistas. La 'accountability' ciudadana hecha por los medios de comunicación también ayuda a las iniciativas región-país, pero lo fundamental es la articulación de voluntades de todos los sectores para acabar con la desidia/procrastinación política.

En una nueva conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, el llamado global a "cerrar la brecha" y trabajar en conjunto "por unos cuidados más justos", resulta prioritario e impostergable. A más de dos años del inicio de la pandemia, nuestro país evidencia el verdadero impacto del COVID-19 en materia oncológica y las duras consecuencias que deben enfrentar miles de pacientes.

La realidad del cáncer en Chile es alarmante y durante los próximos años el panorama será aún más complejo. En lo que se refiere a lo clínico, un estudio del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPS) de la Universidad del Desarrollo, mostró que entre el tercer trimestre de 2021 y el mismo periodo de 2022, los retrasos de garantías GES relacionados con oncología se incrementaron en un 81%, pasando de 8.098 personas en lista de espera a 14.680. No podemos olvidar la falta de infraestructura y capital humano especializado. Por ejemplo, la mayoría de las regiones no cuentan con centros de radioterapia, un tratamiento necesario para más del 50% de los pacientes con diagnóstico de cáncer.

Este escenario no podría estar completo sin integrar el factor socioeconómico de quienes conviven con esta patología, una variable que pasa inadvertida en las grandes discusiones sobre este tema. De hecho, de acuerdo al compendio "Panorama social de los enfermos de cáncer, Chile - 2020", desarrollado por nuestra Institución a partir de la información recogida por la Encuesta Casen 2020, durante ese año, cerca de 200.000 personas se encontraban en tratamiento por cáncer. De ellas el 55% se identificaba como jefe de hogar y el 26% como pareja del jefe(a) de hogar. Es decir, un alto porcentaje de las personas que enfrentan esta enfermedad cumplen un rol esencial dentro de su núcleo familiar, lo que puede dificultar aún más todo este proceso.

A pesar de lo complejo de la situación, como país debemos entregar nuestro mayor esfuerzo para dar respuestas concretas a quienes más lo necesitan. En el corto plazo, mediante la implementación de una estrategia de trabajo colaborativo con focos sociales y sanitarios, que nos permitan ser más efectivos con los recursos existentes: actualizando y reordenando las listas de espera según tipo de cáncer y grado de letalidad, priorizando los pacientes ya diagnosticados con retrasos en sus tratamientos y acelerando la confirmación de diagnósticos en pacientes con alta probabilidad de cáncer, dejando para una segunda fase aquellos donde la sospecha es menor. Es además crítico asegurar el fortalecimiento de la red de cuidados paliativos y su articulación en la atención primaria, pensando en aquellos pacientes que tuvieron poco acceso a estas terapias durante la pandemia. La reactivación de la red de atención público-privada -implementada exitosamente durante la crisis sanitaria-, es una herramienta disponible que las autoridades podrían utilizar para aumentar la disponibilidad de servicios y dar continuidad a la atención del paciente en las distintas etapas de la enfermedad. En el mediano y largo plazo, la educación de la comunidad sigue siendo prioritaria, así como también la generación de recursos que permitan avanzar en el Plan Nacional del Cáncer.

Como organización especialista en cáncer, estamos abiertos y dispuestos a apoyar y trabajar junto al gobierno en priorizar y avanzar en soluciones concretas, por y para los pacientes oncológicos de nuestro país.