La constitución de la nueva directiva de la flamante Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales de Chile (Agorechi) y la consecuente presidencia del gobernador Ricardo Díaz constituye un hito en la instalación de la nueva institucionalidad.

La concurrencia de personeros como el ministro de Hacienda, de Educación y del subsecretario del Interior, ayudan a visualizar la importancia de la instancia celebrada en el Muelle Histórico de Antofagasta.

En el análisis más detallado, la firma del protocolo de acuerdo en materia de descentralización -firmado por todas las autoridades presentes- constituye, tal como indicó Díaz, un proceso irreversible en la profundización de la autonomía de decisión en ámbitos tan amplios como la administración regional, inversiones públicas o seguridad pública.

El acuerdo es fruto de un sostenido diálogo que la Agorechi ha llevado adelante con representantes del nivel central y apunta a la aceleración del traspaso de competencias -y recursos- a los gobiernos regionales, de tal forma de ir ajustando la vinculación de la nueva institucionalidad con el gobierno nacional.

Y es que tras 18 meses de funcionamiento, los gobiernos regionales ya cuentan con un diagnóstico de aquellas debilidades que presenta el actual modelo de administración regional. En ello, la figura de las delegaciones presidenciales resulta uno de los puntos de mayor debate.

Porque si en principio el compromiso del Presidente Gabriel Boric fue la eliminación de las DPR la contingencia actual, y la necesidad de implementar mayores y mejores políticas públicas en torno a la seguridad pública, obligan a repensar la oportunidad de la decisión. Es claro que, en el actual escenario, dividir la subordinación de las policías en 16 gobiernos regionales distintos, no resulta tan efectivo. En esto el gobierno central tiene una innegable responsabilidad de mantener la subordinación de las fuerzas de orden y seguridad y por tanto, la idea eliminar la DPR debe complementarse con la necesidad de mantener la coherencia del unidad del poder nacional sobre las fuerzas de orden y seguridad.