De la capacidad del Estado en regiones
Las instituciones locales adquieren legitimidad en la medida que generen soluciones en los territorios y al público objetivo al que declaran atender. Resulta incluso paradójico que en un momento de alta inflación y de recesión económica en curso, la institucionalidad regional se reste de implementar apoyos a sectores de la población que mayor apoyo requieren.
El anuncio del desistimiento del proyecto del Senama que beneficiaría a casi 500 adultos mayores que viven en alta vulnerabilidad, representa uno de los aspectos menos revisados en la discusión pública de los últimos años.
Es cierto que durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, toda la capacidad del Estado se volcó sobre la atención de una situación extraordinaria, que en muchos casos era vital. Ello permitió, que desde los distintos ministerios, se buscaran alternativas que no solo permitieran atender la situación epidemiológica, sino también, los efectos sociales y económicos derivados de las restricciones de circulación y reunión de las personas.
La acción del Estado en pandemia, sin embargo, desnudó las enormes dificultades, que a nivel comunal, local, exhibe esa institucionalidad para llegar rápidamente a la ciudadanía, que en principio, debe proteger y servir.
En la discusión de la despriorización del proyecto de casi 3 mil millones los distintos consejeros regionales cuestionaron la decisión, no solo por la oportunidad en que fue comunicada, sino por la incertidumbre que plantea el financiamiento de iniciativas a servicios públicos del área social. Y esto porque el reconocimiento de la baja capacidad de supervisión , de recursos humanos que permita garantizar estándares de calidad según las orientaciones programáticas de cada ministerio, no sería sólo propia del Senama, sino también de servicios como Senadis, Fosas, Injuv que también evidencian bajos presupuestos y profesionales en sus organigramas.
Con ello, no solo la entrega de recursos por parte del Consejo Regional quedaría en cuestionamiento, sino además, la real efectividad de financiar las tareas a las que atienden dichos servicios.
Resulta incluso paradójico que en un momento de alta inflación, de alza del precio de la canasta básica de alimentos y de recesión económica en curso, la institucionalidad regional se reste de implementar apoyos a sectores de la población que mayor apoyo requieren.
Es de esperar que el avance de la descentralización apunte, entonces, al fortalecimiento de los ministerios a nivel local