Alza de homicidios en la macrozona
Las cifras del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público dejan en evidencia no solo el aumento de crímenes, sino además, la violencia de los mismos. De esto modo, las cifras constatan en efecto el aumento sustantivo de delitos violentos y con características que hasta hace una década resultaban ajenas en la estadística criminológica.
El VII informe del Observatorio del Narcotráfico del Ministerio Público presentó preocupantes cifras respecto a la comisión de homicidios en la macrozona y en particular, en la capital regional.
Mediante el empleo de mapas comparativos con el registro de homicidios entre el 2011 y 2021, el Observatorio determinó un incremento del 172% en las denominadas "zonas rojas" de la ciudad.
De acuerdo a las cifras del Observatorio en la macrozona norte, durante 2011, se registraron 189 víctimas de homicidios, las que aumentaron a 288 en 2021 (52,4%). Mientras que en el caso de víctimas de homicidios consumados, en 2011 el informe reporta 83 casos, que se incrementaron a 157 en el año 2021 (89,2%).
De esto modo, las cifras constatan en efecto el aumento sustantivo de delitos violentos y con características que hasta hace una década resultaban ajenas en la estadística criminológica.
La necesidad de incrementar la fiscalización y el control policial, a esta altura, es un hecho reconocido por todos los actores del sistema. Mayor capacidad de investigación de policías y fiscales, mayores recursos en infraestructura y equipamiento y énfasis en la persecución del crimen organizado son parte de esos acuerdos y del plan de gobierno para enfrentar la situación en la macrozona.
No obstante, casi transversalmente, diversos diputados y senadores han insistido en la idea de aplicar la medida de estado de excepción constitucional a propósito de la crisis, medida que el gobierno no ha acogido, sugiriendo como alternativa un plan de mayor control fronterizo con las fuerzas armadas. El problema, sin embargo, es que la medida es parte de la agenda de seguridad pública que debe tramitar en el Congreso, lo que hace incierta su aprobación en el corto plazo.
Así entonces, la situación en la región dependerá de la gestión y coordinación de las delegaciones presidenciales en su trabajo preventivo con las policías y de la velocidad en que se implementen los recursos dispuestos hasta el momento por el Gobierno Regional. Dada la urgencia del mayor control, pensar en apoyos directos del gobierno central o de la disposición de mayores recursos para personal calificado en la investigación y persecución penal, parece parte de una discusión estéril.