Redacción

La Federación de Medios de Comunicación, entidad gremial que reúne a la Asociación Nacional de Televisión (Anatel), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi), emitió una declaración en el que expresa su preocupación por una resolución emanada de la Cámara de Diputados "en la que junto con rechazar la desinformación, propone al Presidente de la República tomar medidas, entre las cuales se encuentra imponer a los medios de comunicación la obligación de rectificar las informaciones falsas que circulen en redes sociales".

El gremio indica que "la desinformación constituye, sin duda, uno de los efectos más perniciosos para el funcionamiento de la democracia. Cuando la desinformación surte sus efectos, desorienta a la ciudadanía, manipulándolos en sus decisiones".

Sin embargo, agrega que "la desinformación no se combate con restricciones a la libertad de expresión, sino con educación y más y buena información. El periodismo siempre ha buscado entregarle información oportuna y veraz a la ciudadanía, adaptándose permanentemente al desafío que esto significa. Hoy, frente al fenómeno de la desinformación, se han desarrollado nuevas herramientas y habilidades que fortalecen al periodismo".

"La Federación comparte el diagnóstico de la Cámara sobre la desinformación. Sin embargo, la solución del problema no pasa por restringir la libertad de expresión, sino promover la labor periodística y la educación de las personas", dice tajante.

"La Declaración de la Cámara comete el error de responsabilizar a los medios por las falsedades que circulan en plataformas digitales. Los medios de comunicación social tenemos un compromiso con la verdad y la ratificamos. Seguiremos perfeccionando nuestro trabajo y estamos disponibles a colaborar con el Gobierno y con el Congreso en la búsqueda de estrategias que ayuden a la ciudadanía a enfrentar el fenómeno de la desinformación. Nuestro país debe ratificar su compromiso con la libertad de prensa, la libertad editorial y la libertad de expresión", enfatiza el documento.

Finalmente, sostiene que "el fenómeno de la desinformación afecta a toda la sociedad, y los medios de comunicación social somos los principales interesados en fortalecer las herramientas que la ciudadanía tiene para informarse. Invitamos a esta honorable Cámara a mirar la experiencia internacional y abrir un debate serio y responsable respecto a cómo enfrentar este fenómeno".

La Fiscalía Metropolitana Oriente y la PDI informaron ayer de la detención de 29 médicos de extranjeros que se habían organizado para emitir licencias fraudulentas, lo que según el Consejo de Defensa del Estado (CDE) generó un impacto al erario fiscal de 55 mil millones de pesos.

Las diligencias bajo las órdenes de la fiscal Lorena Parra se iniciaron en junio e incluyeron una entrada y registro de manera coordinada en dos centros médicos y 32 domicilios ubicados en distintos puntos de la Región Metropolitana.

La fiscal de Alta Complejidad Constanza Encina agregó que la investigación se inició "con un listado que realizaron varias instituciones públicas que dicen relación con médicos emisores masivos (de licencias médicas), que estaban afectando el erario fiscal".

Según el presidente subrogante del CDE, Daniel Martorell, "el trabajo conjunto con otras instituciones del Estado como Fonasa, Compin, Suseso y el Ministerio Público nos ha posibilitado la presentación de 45 querellas criminales, a la fecha, por el delito de fraude por emisión de licencias médicas falsas, estimando cuantías por más de 55 mil millones de pesos".

Agregó que "valoramos el trabajo realizado con el Ministerio Público, que designó en respuesta a una solicitud del CDE a un equipo especializado y preferente en la investigación de estos asuntos, lo que hoy trae como resultado la detención masiva de quienes han cometido el delito de emisión de licencias médicas falsas y la obtención fraudulenta de fondos fiscales".

La Corte Suprema completó ayer la quina de candidatos al cargo de fiscal nacional en medio de una polémica generada luego de que la ministra vocera, Ángela Vivanco, reconociera que varios integrantes del máximo tribunal tuvieron una cena con Carlos Palma, uno de los postulantes que integran el grupo de elegibles por parte del Presidente de la República.

Luego de que el Senado rechazara a Carlos Morales para suceder a Jorge Abbott, por no alcanzar los dos tercios de los votos, y de que Rodrigo Ríos bajara su postulación, ayer el órgano rector del Poder Judicial eligió a la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, y a su homólogo de Los Ríos, Juan Agustín Meneses, para reemplazarlos.

Ellos se sumaron a los tres candidatos que quedaron del proceso inicial: Ángel Valencia, Marta Herrera y Carlos Palma.

Justamente acerca de este último postulante se levantó una gran controversia, pues en entrevista con CNN Chile la ministra Vivanco reconoció que "a Carlos Palma lo conozco desde abril-mayo, cuando fui a Coyhaique y él tuvo la gentileza de invitarme a un seminario del Ministerio Público. Quedamos en muy buen pie, es una persona muy agradable. Después me dijo que iba a venir en mayo y yo lo invité en mi casa".

La reunión consistió en una comida en la casa de Vivanco el 12 de mayo: "No fue parte para nada en mi pensamiento de que tuviera que ver con candidatos a fiscal porque ahí faltaban cinco meses para que cesara Jorge Abbott y en ese tiempo estábamos preocupados de la Convención Constitucional".

Donde Vivanco fueron amigos personales y cuatro ministros de la Suprema. Sin embargo, no quiso mencionar nombres, "porque era una comida privada y ninguno fue invitado por una situación de campaña".

Aun así reconoció que en esa comida estuvo presente Manuel Guerra, ex fiscal metropolitano oriente, y "un ministro de la Corte de Apelaciones".