El Minvu entregó mayores antecedentes del plan habitacional de emergencia que impulsa el gobierno para poder paliar el grave déficit de vivienda que se vive en todas las regiones del país. Para Antofagasta el plan es ambicioso porque se pone como meta construir 21 mil soluciones habitacionales en un plazo de siete años -una proyección más allá del actual gobierno- con una inversión de 93 millones de UF.

Y esa meta se sustenta en un estudio realizado en el bordecerro y otras zonas de la ciudad para determinar los suelos que pueden se utilizados con fines inmobiliarios. Estos ya fueron reconocidos y se evaluaron sus potenciales para recibir los futuros condominios.

Son ochos zonas: De norte a sur, serían La Chimba Alto, Bonilla-Arenales, Bonilla-Alameda, Centro Norte, Centro Alto El Ancla, Centro Alto Miramar, Centro Alto El Toro y Coviefi-Caliche.

Es un estudio avanzado y que permite tener las herramientas para planificar y cumplir con los objetivos del plan de emergencia y lo principal es que ha existido el diálogo con la comunidad en este diseño.

Se desprende que es muy posible cumplir la meta pactada de contar con el financiamiento comprometido desde el poder central. No hay que olvidar que también el Core aprobó la adquisición de terrenos con esos fines, lo que significa un valioso aporte.

Es sabido que en la región existen 85 campamentos y son más de 7 mil las familias que allí viven n condiciones precarias. También hay una alta cifra de personas, matrimonios jóvenes que están allegados en casas de familiares y amigos, además, de los miles de postulantes a las soluciones habitacionales y que formados como comités llevan años a la espera de una respuesta definitiva.

La demanda es extensa y creciente, por ello los últimos anuncios llenan de esperanza a quienes hoy no tienen un lugar digno donde vivir. Una situación que en la mayoría de los casos impide los esfuerzos de salir de la condición de pobreza.

Son muchos las familias chilenas y de extranjeros avecindados que necesitan darle valor a su existencia y contar con una casa propia es un paso gigantesco en sus aspiraciones. La luz que se les entrega hoy es un aliciente para seguir en su desafío por avanzar en una sociedad que pone obstáculos que no pueden ser salvados sin la ayuda del Estado.

El compromiso, hasta el momento, parece bien encaminado.

El Estado de Derecho chileno establece claramente que los derechos mineros adquiridos por una concesión minera son distintos al derecho de propiedad sobre el suelo o territorio bajo los cuales están los minerales que se quieren explotar. Es así como, quien realice una actividad minera y para ello necesita instalar sobre el suelo campamentos, talleres, plantas, realizar acopio o tratamiento de minerales, depositar desmontes, etc., debe contar con la autorización del dueño del predio superficial o bien haber constituido una servidumbre legal minera sobre los mismos, según nos señala el código de minería.

Si la actividad minera se desarrollara en el sur de Chile, donde casi la totalidad del territorio es de propiedad privada, difícilmente encontraríamos que la minería haga un uso ilegal del suelo pues los dueños privados de estos territorios estarían atentos para ejercer sus derechos de cobrar arriendo o indemnizaciones por ocupación indebida. A diferencia del norte de Chile donde la gran mayoría del territorio es de propiedad fiscal es posible presumir que una cantidad no menor de territorio está siendo ocupado ilegalmente por la minería toda vez que el propio Ministerio de Bienes Nacionales reconoció que ellos no llevan registros ni control de las servidumbres legales mineras constituidas como también la Tesorería General de la Republica expresa que ellos no llevan un registro especifico donde se recabe la información de las indemnizaciones que estaría pagando la minería por el uso de suelos. Sin ello no puede haber control y sin control reina la ley de la selva.

De por si estos hechos, además de vulnerar el Estado de Derecho, estarían menoscabando probablemente en cifras no menores la recaudación fiscal que por ello correspondería, menoscabo que será creciente por el mayor costo de oportunidad y por tanto valor que los territorios del norte de Chile están adquiriendo día a día por su posible y atractivo uso como albergue de plantas solares y/o eólicas de energía.

Ante los evidentes desafíos que tenemos de fortalecer nuestra institucionalidad como así la creciente necesidad de incrementar las arcas fiscales para financiar los proyectos y programas sociales, los organismos del Estado y la propia ciudadanía deben aumentar su capacidad contralora. Esta última habrá de elevar sus niveles de conocimiento de nuestra institucionalidad para no solo informarse debidamente, sino que además colaborar con los organismos del Estado para hacer de Chile un país mas desarrollado.

Marcos Simunovic Petricio

Contralor Ciudadano

La esencia de una promesa es cumplirla sobre todo cuando uno pide algo a cambio, así la política convierte lo solemne en otro instrumento mercantil, pero no seamos puristas es parte del negocio, se ha hecho mil veces y se hará cien mil más.

Hace exactamente un año el en ese momento candidato Gabriel Boric hizo el solemne compromiso de "eliminar" la figura de los delegados presidenciales. Se dijo que la figura atentaba contra el proceso de descentralización, que era insostenible en el nuevo Chile que se estaba formando y que debía prevalecer la voluntad popular por sobre el dedo repartidor de cargos.

Hace algunos días la asociación de Gobernadores de Chile le recordó la promesa al gobierno y le exigió el pronto cumplimiento de la misma. Es preciso recordar que la amplia mayoría de los gobernadores actuales pertenecen al sector oficialista muchos recibieron a Gabriel Boric en sus regiones hicieron campaña por él y participaron en la "repartición de la torta" llegado el momento.

Aquí hay dos lecturas. La primera, que los gobernadores están actuando conforme a sus principios incluso si eso significa confrontar a su gobierno y eso habla muy bien de ellos. La segunda, el gobierno quedó muy complicado después del plebiscito sumado a los problemas económicos, de seguridad pública y los pésimos números de las encuestas indican que es mejor alejarse un poco de ese centro de poder y buscar uno propio.

En la actualidad, la mayoría de la ciudadanía aún ni identifica ni menos diferencia entre un delegado presidencial y un gobernador regional. En términos simples, "van todos al mismo saco" y son juzgados sin diferencias. Lo anterior presume un problema a los Gobernadores que deben intentar liderar una gestión sin todas las potestades para lograrlo.

Realicemos un ejercicio de ficción, digamos que la figura del delegado presidencial pasa a mejor vida y todo el poder queda para los gobernadores. ¿Están los gobernadores en posición de asegurar un mejor desempeño? ¿Los gobernadores no van "cuotear" los cargos? Partamos analizando nuestra región, hace algunas semanas Ricardo Díaz estuvo dos semanas en los medios tratando de explicar su decepcionante ejecución de presupuesto, en esos mismos días anunció la compra de terrenos y financiamiento para otras alternativas. Una carrera frenética para llegar con los mejores números posibles a fin de año, pero lejos de ejecutar el ciento por ciento. Hablando de promesas no cumplidas aquí tenemos otra.

Durante la última semana y según lo consigna El Mostrador el mandatario se reunió con sus delegados presidenciales regionales, en dicha instancia el Presidente les habría manifestado que: "En muchas regiones todavía no se siente el espíritu del Gobierno". Una crítica válida y pertinente sobre todo en estos momentos. Las preguntas son entonces ¿Cuál es ese espíritu? ¿El del socialismo democrático o el de apruebo dignidad?

Sin esperar una respuesta podemos decir que mientras llegan a un acuerdo, el proceso descentralizador sigue detenido entre quienes tienen y no hacen, mientras los que piden y no dan garantías de hacerlo mejor.