Más allá de que se rechazara la propuesta constitucional, la necesidad de una nueva cara fundamental sigue vigente, plantea Isabel Castillo, investigadora adjunta del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Sin embargo, Castillo advierte que la discusión que hoy radica en el Congreso, parece entramparse a medida que avanza.
Con esto aun andando, y con nudos constitucionales todavía pendientes, Castillo junto al también investigador del COES, Aldo Madariaga, coeditaron el libro "Buscando un nuevo contrato social" (Editorial Catalonia), que reúne 29 ensayos redactados por académicos nacionales, abordando los principales temas que rodean al debate.
Con el resultado del Rechazo y el entrampado debate constitucional en el Congreso, ¿sigue vigente la necesidad de una nueva Constitución, o se perdió la oportunidad?
- Me parece que son dos cosas distintas. La necesidad evidentemente sigue vigente. Los problemas asociados a la Constitución actual no han desaparecido, que tienen que ver con el problema de legitimidad y con muchos contenidos también. Eso evidentemente se mantiene y todas las encuestas siguen mostrando apoyo mayoritario a una nueva Constitución. Eso es distinto a la oportunidad, o si se perdió la oportunidad, y el debate más político. Creo que está todavía en veremos. Definitivamente hubo una oportunidad perdida, es innegable. La discusión de las últimas semanas da cuenta que se está haciendo cada vez más difícil, se está entrampando llegar a los acuerdos, y hay otras cuestiones que están ocupando la agenda. A medida que pasa más tiempo, parece que el objetivo se va alejando de cierta manera.
Más allá de lo ocurrido dentro de la Convención, ¿qué puntos de la propuesta no hicieron sentido a la población?
- Lo que se muestra que tiene mayor rechazo en la población, según las encuestas que han salido, es el tema de la plurinacionalidad. Tiene poco apoyo. Es un tema muy complejo, es difícil de explicar. Creo que la gente entiende cosas muy distintas. Pero de todas maneras me parece que una cosa que sí quedó claro es que era una demanda de grupos pequeños. No había una gran demanda de plurinacionalidad. No era algo sentido por amplios sectores de la población. Y ahí, además, el debate se planteó en ciertos términos que apuntaron a esta idea de división -que no los comparto-, pero sí creo que es claro que no respondía a una demanda tan de fondo, y también hubo problemas de expresar qué implica esto en concreto.
De hecho, esta discusión de los bordes (constitucionales) refleja eso. Están todos los actores políticos de acuerdo con que esto no funcionó, no fue el momento, no se planteó bien, y hay que dejarlo fuera del debate si es que se quiere seguir adelante.
Justamente sobre este tema, en el libro hay un capítulo dedicado al tema de la plurinacionalidad...
- No me quiero atribuir la representación de Fernando Pairican y Maite de Cea, que son los autores de este capítulo. Ahora, todos los capítulos parten con un diagnóstico, y en el de ellos queda muy claro que Chile está completamente al debe. Chile y Uruguay son los únicos países que no tienen ningún tipo de reconocimiento de los pueblos originarios. Claro, la plurinacionalidad es la forma más avanzada de reconocimiento y de autonomía, pero igualmente existen otras. Puede ser otra alternativa que existen en otros países, como hablar de Estados multiculturales, más que plurinacionales. De todas maneras, existe consenso amplio -y es una discusión que viene desde los 90-, que tiene que haber reconocimiento de los pueblos indígenas. Ha sido promesa de todas las campañas presidenciales, y la forma que tome eso, dada a la experiencia reciente, es que más que la plurinacionalidad, es avanzar a un Estado multicultural.
¿Cómo se potencia a los gobiernos regionales y la administración local sin caer en un "desmembramiento" del territorio y del Estado?
- Es interesante el tema, porque efectivamente -y también hay otro capítulo sobre esto- existe una demanda muy larga y sentida por descentralización. Hay muchos episodios de movilizaciones que buscan mayor descentralización, cosa que la propuesta constitucional avanzaba. Hoy en día se está retrocediendo un poco en eso. No se les quiere conceder tanta autonomía a las regiones y a las comunas. Y parte de la dificultad del proceso y de tener un plebiscito como el que tuvimos, es que en verdad se rechaza el texto completo. No sabemos exactamente de los cientos de artículos pueden tener o no mayor respaldo.
Pero en la discusión política, donde reside hoy en día este debate, pareciera que hay un paso atrás en el grado de descentralización y de autonomía que se les otorga a estos distintos órganos. Por ejemplo, está el tema de la autonomía fiscal o poder contratar préstamos, creo que ese tipo de cosas simplemente no están, pero sigue estando la demanda y sigue estando a nivel regional esta dualidad entre los gobernadores regionales, que son electos, y los delegados presidenciales. Ese debate todavía no está zanjado, y es algo que se podría avanzar en esa línea, de disminuir el poder de los delegados presidenciales y que los gobernadores asuman más funciones, que es lo que uno esperaría de autoridades electas regionales.
Se acusó de maximalista a la propuesta rechazada. ¿Cuántos derechos debería consignar una Constitución?
- Esas son discusiones que no tienen respuesta única. En general, la tendencia en América Latina ha sido hacia la expansión de derechos. Sabemos que eso no necesariamente se traduce en que esos derechos se consagren en la práctica, o que pasen décadas. En el caso colombiano, la Corte Constitucional ha ido expandiendo derechos a 30 años de promulgada la Constitución. Ese caso, da cuenta que pareciera no ser necesario que sea explicitado cada uno los derechos, sino que haya mecanismos, por ejemplo, justicia constitucional u otros, para ir expandiendo. Y eso tiene sentido, porque las demandas de la población y las necesidades van cambiando en el tiempo.
Entonces, hay una serie de derechos de los que hoy estamos conscientes, por lo que evidentemente es razonable esperar un catálogo de derechos más amplio de lo que existe en la actual Constitución.