Sucesivos golpes al crimen organizado en el país se extienden a Antofagasta
SEGURIDAD. A la cuantiosa incautación de droga, la detención de banda dedicada al robo de cobre y la condena al grupo delictivo "Los Lulas" se suman favorables pesquisas.
El combate al crimen organizado, uno de los principales desafíos que enfrenta el Gobierno actual, en los últimos días registra sucesivos operativos que han representado duros golpes para bandas de delincuentes a lo largo del país.
Una estrategia policial que sumó un exitoso nuevo operativo esta semana en la Región. El lunes pasado autoridades de la zona informaron sobre el trabajo desplegado por efectivos de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes junto a la Fiscalía de Calama, lograron la desarticulación de una banda criminal a través de la operación denominada 'Vilama II'. El operativo permitió incautar 203,2 kilos de droga de los tipos cannabis sativa y clorhidrato de cocaína. "Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, no daremos pie atrás en devolver la seguridad a la gente y en la lucha contra la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado para que la ciudadanía tenga garantizado el derecho a la seguridad. Es el trabajo coordinado a corto, mediano y largo plazo, entre el Gobierno, las policías y el Ministerio Público lo que determina el éxito de estas investigaciones que en esta oportunidad, logra sacar de circulación esta gran cantidad de droga y la detención de las personas involucradas en este ilícito", dijo la delegada presidencial regional, Karen Behrens.
Este operativo se suma a la detención ocurrida a mediados de mes de una banda integrada por siete sujetos dedicados a perpetrar asaltos al Ferrocarril Antofagasta Bolivia (FCAB), tres de los cuales pertenecían a la misma empresa. El operativo policial encabezado por el OS9 de Carabineros permitió recuperar 25 toneladas de cátodos de cobre.
Entre otros golpes recientes a bandas de crimen organizado a lo largo del país, la semana pasada la fiscalía de Aysén junto a la PDI logró desarticular una red internacional de tráfico de drogas que integraban nueve imputados. Entre estos figuran tres extranjeros un ex militar, un ex PDI y un ex funcionario a honorarios de la seremi de Agricultura de Tarapacá. El fin de semana pasado, en tanto, trascendió el resultado de una investigación de la PDI de Iquique que permitió la incautación de 700 kilos de droga. El procedimiento incluyó la detención de al menos nueve sujetos, ocho extranjeros y un hijo un general de Carabineros (r) y ex jefe policial de la zona. Mientras que el domingo pasado quedaron sujetos a la medida de prisión preventiva 12 de los 13 sujetos imputados por pertenecer a una organización criminal dedicada al robo de madera que desbarató Carabineros en las regiones del Biobío y La Araucanía. La banda la lideraban dos empresarios del rubro
El exfiscal Carlos Gajardo valoró el resultado de estas últimas tres pesquisas que calificó como tres "megaprocedimientos" judiciales exitosos. "Creo no es coincidencia, que cuando se empieza a subir hacia donde estás apuntando ya no es simplemente del delincuente menor, sino empiezan a aparecer personas, por un motivo u otro, como: empresarios, exfuncionarios de instituciones públicas. Te das cuenta que el crimen organizado tiene la capacidad de contar con eslabones mucho más alto de lo que tradicionalmente pensábamos", dijo en Mesa Central de T13.
Los lulas
En Antofagasta, en tanto, el fiscal jefe del Sistema Regional de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi), Juan Castro Bekios, encabezó las indagatorias contra la agrupación criminal Los Lulas. Una investigación que incluyó drásticas condenas en septiembre pasado para los cuatro imputados en una causa como autores de los delitos consumados de lavado de dinero, tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de municiones por hechos perpetrados en julio de 2020.
"Esta era una agrupación criminal del tipo clan familiar, instalada en el sector norte de Antofagasta, hace bastantes años. Cuatro miembros de la familia fueron condenados, dos de ellos líderes de la banda, por delitos de tráfico ilícito de drogas, lavado de activo y tenencia ilegal de municiones (…) Fue vital la investigación patrimonial, implementada en este caso por lavado de dinero, ya que esta es la segunda condena por lavado de activo en la historia de la Reforma Procesal Penal en la Región de Antofagasta, junto con la anterior que tuvimos", comentó Castro Bekios.
"Este año la Fiscalía de Análisis Criminal ha obtenido las dos primeras sentencias condenatorias por lavado de activos. Eso habla de la necesidad de que para desbaratar a las organizaciones criminales se debe realizar investigación patrimonial, de lo contrario las bandas no pueden ser desbaratadas si no se va a los recursos económicos que estas tienen", agregó. La investigación policial activada por el Ministerio Público junto a funcionarios de Carabineros de Chile incluyó técnicas investigativas establecidas en la Ley 20.000. Entre estas se emplearon un agente revelador, vigilancias y escuchas telefónicas, que permitieron determinar que al menos desde el mes de enero a julio del año 2020 cuatro sujetos (dos hombres y dos mujeres), entre otros, integraban parte de una agrupación delictual dedicada a la venta de droga de manera habitual y permanente en el sector norte de Antofagasta,
Para los dos cabecillas de la agrupación se les asignó a cada uno de ellos una pena de 15 años y un día por el tráfico de drogas, más siete años por el lavado de dinero y 541 días por tenencia ilegal de municiones. Mientras a quien les proveía las sustancias ilícitas se le condenó a 10 años y un día por el delito de tráfico ilícito de drogas, más cinco años de pena por tenencia ilegal de armas prohibidas y municiones prohibidas y 700 días por municiones convencionales. En tanto, para la madre de uno de los cabecillas de la banda, quien también vendía droga y cumplía con lavado de dinero, se le condenó a una pena de seis años por el tráfico de drogas y seis años por el lavado de activos,
El total de penas se elevó en 76 años para todos los condenados, con multas de mil UTM, equivalentes a $59,5 millones.