Hace unos días, el Presidente Gabriel Boric abrió su discurso ante la 77 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas presentando a Chile como "un país con tremendas oportunidades, que hoy está a las puertas de un desarrollo integral, y que estamos trabajando que sea para todos y no para unos pocos. Un país que tiene cobre y litio para la electromovilidad, un país con hidrógeno verde en desarrollo para proveer de energías limpias al mundo".

Sin embargo, donde el presidente ve oportunidades, gran parte de su coalición sigue viendo solo extractivismo y genera una dañina estigmatización de la economía de recursos naturales que deriva en crecientes trabas a su desarrollo: burocratización, judicialización y precarización de permisos, concesiones y marcos regulatorios.

La explosiva demanda de litio por el gran desarrollo de la electromovilidad y de las baterías de litio, ha hecho aumentar su precio en un 701% en tal sólo un año. Ello ha implicado que el aporte de los productores privados de litio a las arcas fiscales superara este primer semestre el de Codelco. Sin embargo, a pesar de tener las reservas de litio de mejor calidad en el mundo, Australia duplica nuestra producción y Argentina está cerca de desplazarnos del segundo lugar.

Es que mientras Australia vuela para aprovechar esta oportunidad en forma sustentable, nuestro país arrastra los pies debatiendo si da más concesiones a privados o bien entrega su desarrollo una empresa nacional del litio. O discurriendo, como lo hizo la convención constitucional, que la manera más eficaz para abordar desafíos relevantes como el consumo de agua, es precarizando y declarando incomerciables los instrumentos jurídicos para su uso. O pensando que el mejor camino para resolver las legítimas preocupaciones de las comunidades vecinas, es revirtiendo contratos adjudicados o congelando los nuevos procesos esperando la nueva empresa estatal.

Bolivia nos ilustra lo equivocada de esa ruta: nacionalizó el litio para ofrecer hoy al mundo una producción insignificante a pesar de tener reservas enormes que se estiman en 21 millones de toneladas. El problema es que la oportunidad del litio no esperará que Chile resuelva sus dudas existenciales.

Lo mismo podemos decir de tantos otros recursos naturales donde Chile tiene enormes reservas y potencial de desarrollo, y que son demandados por la economía global: cobre, hierro, energías renovables, hidrógeno verde, productos de "packaging", limpieza y construcción en base a fibras naturales, alimentos del mar y de la tierra.

El problema es que se ha instalado con eficacia un falso dilema: la idea de que el desarrollo de la economía de recursos naturales, va en contra de los desafíos de proteger el medio ambiente y diversificar nuestra economía. Es un falso dilema porque el desarrollo de recursos como los mencionados no sólo es un imperativo para enfrentar el cambio climático, sino que también puede ser una palanca para financiar e institucionalizar desafíos de conservación. Por otra parte, en torno a la economía de recursos naturales se pueden desarrollar ecosistemas de servicios y soluciones tecnológicas, que aporten a la diversificación y complejización de la economía. El desarrollo económico, social y medio ambiental fundado en recursos naturales de países como Australia o Nueva Zelandia, es una demostración palpable de ello.

Tras el triunfo del Rechazo en el plebiscito, tenemos la oportunidad de reorientar la discusión, incluida la constitucional, hacia una que procure el equilibrio en vez de la oposición entre economía y naturaleza. Y este reenfoque pasa por analizar críticamente los instrumentos que se han instalado como solución: derechos de la naturaleza, autorizaciones administrativas incomerciables para el uso de ciertos bienes comunes y rol hegemónico del Estado no sólo en la regulación y articulación, sino que también en el desarrollo de ciertos recursos naturales.

*Presidente de Pivotes

Redacción

El padre del Presidente Gabriel Boric, Luis Boric Scarpa, acusó en Twitter que existen "extrañas ciertas exigencias" medioambientales en la evaluación del proyecto eólico Faro del Sur, en Punta Arenas, destinado a la producción de hidrógeno verde, luego de que las empresas HIF Chile y Enel Green Power retiraran el estudio de impacto ambiental por "exigencias excepcionales" de la secretaría regional ministerial (seremi) de Magallanes.

"Me parecieron extrañas ciertas exigencias" al proyecto Faro del Sur, indicó Boric Scarpa. "Por ejemplo, 'el uso de las mejores tecnologías de combustión tanto para los vehículos pesados como livianos'. Hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse, no se justifica ir más allá de dicha normativa", afirmó sobre la inversión de US$500 millones en la zona, con la finalidad de producir hidrógeno verde.

Esto pese a que fue el Gobierno de su hijo el que estableció las condiciones para el proyecto, a través de la seremi de Medio Ambiente, oficinas desde la que esta semana HIF Chile y Enel Green Power Chile (ENG) retiraron el estudio de impacto del proyecto eólico en Punta Arenas.

El exingeniero químico de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap) luego compartió en la misma red social el lanzamiento del libro "La revolución del hidrógeno verde y sus derivados en Magallanes", de Felipe Givovich, Jorge Quiroz y Klaus Schmidt-Hebbel, publicado por Ediciones El Líbero.

Las empresas antes mencionadas buscan instalar 65 aerogeneradores en la zona, con una capacidad de 325MW, para que la futura planta de "eCombustibles" funcione con energía limpia.

"revisar" evaluaciones

El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, afirmó en Emol que "comparto la opinión del papá del Presidente Boric", porque "es muy relevante que revisemos el diseño de los procesos de las evaluaciones ambientales, de impacto ambiental, porque muchas veces por un detalle se puede caer un proceso que es altamente exigente y altamente costoso".

"Lo que no podemos hacer es darnos el lujo de perder este proyecto (Faro del Sur) y esta inversión, que va a generar no sólo energía renovable, sino también oportunidades de trabajo e inversión para la región", subrayó el líder empresarial.

Sutil recordó cómo, en lo particular, vivió el rechazo de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) "de una empresa en la Región de La Araucanía por una decisión política del antiguo delegado presidencial y todo el seremi. No consideraron los informes correctos y favorables desde el punto de vista ambiental".

El líder gremial por esto pidió observar "muy bien cómo la normativa tiene que estar estandarizada a lo largo y ancho de todo Chile", porque "pasa que a veces en una región se aprueba de una forma y en otra, el criterio es otro".

"Creo que la autoridad ambiental tiene necesariamente que corregir aquello, no pueden sobreexigirse las normativas vigentes, por lo tanto la autoridad se tiene que regir de acuerdo al estado de la normativa, que es respetar el Estado de Derecho", sostuvo el presidente de la CPC.

Piden lineamientos

HIF Chile y ENG publicaron que "las observaciones de algunos organismos públicos en el proceso de evaluación (...) sobrepasan el estándar habitual, dado que se entregaron todos los antecedentes exigidos por la normativa. A la luz de esas exigencias excepcionales, es necesario entender qué requerimientos se pueden incorporar y cuáles definitivamente hacen inviables proyectos de este tipo en la región".

Las empresas destacaron el desarrollo de energía renovable "para contribuir a enfrentar el cambio climático global. Sin embargo, para avanzar, es necesario que las autoridades entreguen lineamientos claros".

El ministerio de Energía explicó a Pulso esta semana que Faro del Sur "es el primer proyecto hidrógeno verde de esta escala" sometido a evaluación ambiental, por lo que el retiro de antecedentes "no impide que el titular pueda reingresarlos".

"Como Gobierno estamos realizando un trabajo interministerial para mejorar el conocimiento y estándares para la evaluación ambiental de proyectos de energía renovable, transmisión y fomento del hidrógeno verde", aseguró La Moneda.