Alejandro Ahumada R.
Luego de casi una semana de alegatos, declaraciones de los imputados y pruebas testimoniales, ayer el Tribunal Oral Penal de Antofagasta dicto el veredicto en el juicio a los cuatro imputados del denominado caso "Narcofuncionario".
En la audiencia, el TOP presidido por la magistrado Marcela Mesías Toro, leyó la resolución que halló culpables en calidad de autores consumados a los imputados por su participación en el investigación que pesquisó cerca de 30 kilos de drogas, y en el que también, se decomisaron armas de fuego, municiones y vehículo robado.
De acuerdo con la resolución las pruebas presentadas por la Fiscalía y la investigación y pericias a cargo del OS7 de Carabineros, determinaron la responsabilidad de los hechos presentados en la acusación del Ministerio Público.
"Los hechos descritos configuraron por una parte y respecto a todos los acusados el delito consumado de tráfico ilícito de estupefacientes , toda vez que se acreditó la posesión y transporte coordinado de los enjuiciados", sostuvo.
Hechos comprobados
De acuerdo a la conclusión del tribunal, los hechos comprobados en la investigación pudieron determinar que "mediante escuchas telefónicas, el día 25 de octubre se tomó conocimiento que dos vehículos transportaban sustancias ilícitas hacia Antofagasta por lo que personal policial estableció servicios especiales de vigilancia en dos puntos de la ruta, en la localidad de Baquedano y del Oasis. Luego, a eso de las 00:33 del día 26, observaron la llegada al servicentro del automóvil conducido por el imputado W.P.B. quien lo hacía con los logos distintivos del gobierno de Chile con el objeto de evitar las fiscalizaciones en la ruta. Paralelamente se observó la llegada de una camioneta negra conducida por el imputado B.R.R, acompañado de los imputados P.G.P. y C.O.B. quienes luego de abastecer combustible e interactuar, continuaron viaje a Antofagasta donde la camioneta lo hacía antecediendo unos diez minutos al automóvil".
"Siendo las 1.15am personal policial apostado en el peaje de Baquedano, observó la camioneta aludida, utilizada como punta de lanza, a fin alertar del control policial. El vehículo era conducido por B.R.R. procediendo a la fiscalización. Luego siendo las 1.25h se observó la llegada al citado peaje del automóvil conducido por W.P.B. quien luego de ser fiscalizado portando el logo del gobierno de Chile y colgada a su cuello la credencial de la Delegación Presidencial y consultado por personal aprensor reconoció que llevaba sustancias ilícitas".
"Siendo las 2.40 de la madrugada se hizo ingreso voluntario al domicilio del W.P.B. hallando un paquete de marihuana de un peso 1,62 kilogramos, otro de clorhidrato de cocaína de 522 gramos y uno de pasta base con un peso bruto de 1.45 kilos. A las 3.15 y previa autorización voluntaria de la pareja de C.O.B. personal policial hizo incautación de dos placas patentes falsificadas".
Cabe indicar que parte de las defensas de dos de los imputados negaron, durante el transcurso del juicio, la participación en el tráfico de drogas. De acuerdo a la versión de la defensa de C.O.B y de P.G.P. ambos habían acudido a Iquique para comprar cigarrillos de contrabando y artículos para una tienda deportiva, respectivamente. Sin embargo, esos argumentos fueron desestimados por el Tribunal.
"Esas tesis no prosperarán por resultar inverosímiles, desprovistas de otros elementos probatorios que le den fuerza a sus teoría del caso y que tengan la fuerza para implantar alguna duda razonable a este tribunal. Atendido a que las funciones de 'punta de lanza' resultó claramente establecidas por la prueba de cargo", indicó el veredicto.
Penas solicitadas
En su solicitud, la fiscal del Ministerio Público, Claudia Vega, solicitó para W.P.B, la pena de 10 años y un día de presidio efectivo, más multa 100 UTM y 3 años y un día por tráfico de armas. A W.P.B le concurrirían además la agravante de uso de credenciales en su calidad de funcionario público.
Para el resto de los imputados C.O.B y B.R.R, la fiscalía solicitó 5 años por tráfico de drogas, en tanto para P.G.P, quien presentaba antecedentes penales por robo con intimidación, solicitó 7 años de presidio.
El tribunal informó que la sentencia del fallo será dictada el 17 de septiembre.
