Del valor de las instituciones
La condena por tráfico de drogas de un ex funcionario público, subraya más que nunca la necesidad de cuidar y respetar el valor de la instituciones del Estado. Hoy a casi un año desde ocurrido el hecho, la justicia ha determinado la veracidad de los hechos y la culpabilidad del grupo de imputados que participó en los ilícitos.
Nunca antes la política regional estuvo imbuida en una crisis que vinculara directamente la función pública con casos de narcotráfico. En octubre del 2021 la detención de un ex funcionario de la Subsecretaría de la Prevención del Delito (SPD) que trabajaba en la Delegación Presidencial Regional, en una investigación por tráfico de drogas, desató una crisis pocas veces vista.
Hoy, casi un año desde ocurrido el hecho, la justicia ha determinado la veracidad de los hechos y la culpabilidad del grupo de imputados que participó en los ilícitos, entre ellos, el ex funcionario público que arriesga hasta 13 años de cárcel.
En particular, uno de los aspectos más debatidos en el juicio fue precisamente la calidad de funcionario público que ostentaba el acusado. Para la defensa la calidad contractual de la que gozaba el acusado, no permitía calificarlo con las responsabilidades propias de un trabajador del Estado, para el ente persecutor, sin embargo, la calidad de funcionario, en materia penal, se adscribe a las función pública que realizaba (en este caso la supervisión de un programa de televigilancia) más que al tipo de contrato que lo ligaba al Estado.
Y es que la comisión de un delito grave como el tráfico de drogas se ve agravaba con la calidad -o no- de trabajador del Estado. Y hoy, tras la vorágine del plebiscito constitucional, vale la pena subrayar.
La función pública implica derechos y deberes para con la comunidad que muchas veces se dan por sentado y que parecen invisibles. Y es que la probidad de la función pública es parte esencial de la confianza en que las y los chilenos descansan en sus instituciones. Solo esa confianza en el respeto a la función pública hace que el Servel sea uno de esos orgullos silenciosos que exhibe el país en cada elección. Por eso, cuando esa función se ve trastocada por actos de corrupción, o abuso de confianzas, el repudio suele ser transversal e unívoco.
Quienes están en la toma de decisiones en la administración pública tienen el deber de preservar esa confianza y respeto a la instituciones, maximizando los controles y subrayando la probidad de su accionar.