Un alto grado de inseguridad en la ciudadanía de la Región de Antofagasta reflejó la última edición de la Encuesta Barómetro, desarrollado por el Instituto de Políticas Públicas de la U. Católica del Norte y El Mercurio de Antofagasta.

Uno de los temas analizados en el sondeo, realizado entre el 22 de julio y el 10 de agosto, fue el de la seguridad ciudadana. Ante la pregunta: "¿Cuánto temor siente Usted de ser víctima de un robo o intento de robo?", un 75% de las personas consultadas manifestó un alto temor por ser víctimas de un robo o algún intento de éste y solo un 11% manifestó poca preocupación.

En detalle, en una escala del 1 al 10, el 29% manifestó "mucho temor" a dicha consulta. Nadie, sin embargo, contestó "ningún temor".

Asimismo, un 39% evaluó que la situación de la ciudad de Antofagasta "ha empeorado algo", y el 11% dijo que "ha empeorado mucho". En tanto, un 36% dijo que la capital regional "está igual que antes".

Por el contrario, solo un 8% indicó que "ha mejorado algo" la situación de la comuna, y un 1% que "ha mejorado mucho".

El estado de excepción

Más allá de las cifras, lo cierto es que el 2022 ha estado marcado por casos policiales que han copado la agenda pública, levantando así la seguridad como una de las urgencias, no solo en Antofagasta, sino que también en el resto de la Macrozona Norte.

Por lo mismo, en las últimas semanas los diputados y senadores regionales, transversalmente, urgen decretar estado de excepción en el norte, como una manera de enfrentar la delincuencia y bajar los niveles de inseguridad.

Incluso el mismo gobernador Ricardo Díaz dio su respaldo a la idea: "La solicitud de estado de excepción es una medida dentro de muchas otras que hay ir tomando", dijo ayer en SoyTV (ver nota secundaria).

En este sentido, la diputada Yovana Ahumada (PDG) mencionó que el nivel de inseguridad "refleja nuestra realidad hoy, y el por qué llevo más de un mes pidiendo estado de excepción" y agrega "para mí, viendo la realidad de nuestra región y de la macrozona norte, se deben tomar todas las medidas. Es todo o nada".

"Los datos del Barómetro se condicen con lo que está viviendo todo Chile, pero se incrementan en nuestra Región de Antofagasta, por factores que no han sido controlados por este gobierno, como son la migración ilegal, aumento de delitos con alta connotación social, o crímenes importados", menciona el diputado de RN, José Miguel Castro.

Castro criticó, además, que "no se le ha tomado el peso de generar un estado de excepción constitucional en este momento en la macrozona norte. Con eso no solamente le estamos dando un golpe fuerte a los delincuentes, sino que también estamos dándole tranquilidad a las personas".

Coincide en este punto el diputado Jaime Araya (Ind- PPD). "La crisis de la delincuencia es multidimensional. Requiere medidas inmediatas, de mediano y largo plazo, y la construcción de una agenda clara y permanente, con participación e incidencia de la ciudadanía, para definir las medidas".

A corto plazo, precisa el diputado Araya, se debe bajar "el 75% de temor a ser víctima de un delito", llamando también a la DPR a "cumplir el compromiso" del gobierno de erradicar el comercio ilegal.

Del mismo modo, el diputado Sebastián Videla (Ind-PL) afirma que se convocó "a una sesión especial, donde esperamos que las y los parlamentarios nos apoyen en las iniciativas, y que la ministra del Interior, Izkia Siches, pueda argumentar por qué no se decreta Estado de Excepción en el norte, pero sí en el sur".

"Si el Gobierno hoy no nos respalda, lamentablemente tengo que abstenerme en la iniciativa para el sur, a pesar de que sabemos que es un beneficio para los ciudadanos de esa zona", explica.

En tanto, su par Catalina Pérez (RD) enfatiza que "la seguridad es un problema urgente del que el gobierno tiene que hacerse cargo", aunque argumenta que dicho conflicto "no nace hace cinco meses atrás. Viene desde hace años, y responde al abandono permanente que ha existido por parte del Estado a nuestra región".

Además, la parlamentaria sostiene que "se anunció una inyección de recursos sobre los $2.500 millones para inversión en seguridad en la región". Del mismo modo, asegura que solicitó a la Subsecretaría de Interior "aplicar eventualmente la figura de protección de infraestructura crítica, para el caso de las carreteras. O también evaluar fortalecer el decreto 265, para mantener militares en frontera".

Fortalecer la educación

Desde el Senado, el senador Pedro Araya (Ind-PPD) afirmó que, además de la sensación de inseguridad, "la mala evaluación que hacen los consultados sobre las autoridades comunales y regionales, así como de la Fiscalía y tribunales, solo vienen a darnos la razón en que la zona requiere de un plan integral y especial de seguridad pública, que incluya un estado de excepción constitucional provisorio, mientras se tramitan y diseñan iniciativas de mediano y largo plazo para el combate contra la delincuencia y el crimen organizado".

En la misma línea, su par Esteban Velásquez (FRVS) recalca que "sin duda que no nos negamos al estado de excepción, que bien puede ser considerado, si es que eso también permite que las Fuerzas Armadas protejan fronteras, carreteras, grandes avenidas, y liberen personal para que carabineros se involucre al interior de los barrios, poblaciones, y puedan enfrentar de mejor manera para desbaratar bandas".

Aun así, manifiesta que se requiere más inversión en educación. "Solamente el proceso educacional integral, permitirá que formemos a los pequeños hasta que son adolescentes, para que decidan siempre el camino de ser un buen ciudadano. Si no educamos bien, estos pequeños de hoy, en 10 años más, van a estar otra vez expuestos a que el crimen organizado y estas bandas los consideren como futuros soldados de sus crímenes".

29% de los encuestados señaló sentir "mucho temor" de ser víctima de un robo o intento de este.

4.1 mejor evaluado Carabineros fue la institución mejor evaluada entre aquellas relacionadas al control de seguridad. Tribunales obtuvo la peor; 2.8.