La denominada Toma Vip, ubicada en el sector del Huáscar zona sur de Antofagasta, uno de los de más alta plusvalía, terminó la tarde noche del jueves con un desalojo que incluyó la utilización de maquinaria pesada y una custodia policial para evitar incidentes con los desalojados. Fue una mediática medida que no sólo buscó reponer el imperio del derecho ante la usurpación de un bien fiscal, también claramente fue un mensaje que el Gobierno no respaldará ninguna acción ilegal, venga de donde venga.

El hecho que tuvo una cobertura nacional se inició cuando se dio a conocer que un terreno fiscal había sido tomado por personas entre ellas una excandidata al Senado por el Partido Socialista (PS). Esa peculiaridad hacía pensar que lejos de buscar la restitución del sitio, todo quedaría en una tramitación interminable debido a la condición de los infractores.

No se trataba de gente de escasos recursos o extranjeros que infringían la ley como una acción extrema de contar con un espacio donde improvisar una modesta vivienda para hacer vida familiar. Las construcciones que fueron arrasadas por la maquinaria pesada eran de material sólido y de altísimo costo, lo que realmente era una burla para quienes están en el borde cerro o borde costero en precarias condiciones.

No actuar del mismo modo que en decenas de veces se ha visto en los sectores recién mencionados habría sido una pésima señal. Sería comprobar que hay privilegios y que quienes tienen recursos y contactos pueden estar por sobre la ley.

Por ello se actuó de manera rápida y sin contemplaciones. Sin olvidar que hubo otras cuatro notificaciones de lanzamiento y que no fueron oídas, lo que obligó al uso de la fuerza lo que fue latamente comentado.

Después de esto, lo que viene es que ante situaciones similares se actuará del mismo modo y con la misma celeridad. Todo quien infrinja la ley y se tome terrenos sin consentimientos quedará a expensas de un desalojo tranquilo o por la fuerza.

Los que quisieron vulnerar el sistema en el sector sur de la capital regional no deben tener la suficiente conciencia de quienes llegaron a ese extremo por verdaderas necesidades. Al intentarlo se rieron de aquellos que hoy sufren por no tener un lugar donde cobijarse y poder surgir como familia en condiciones precarias.

Chile tiene muchos pendientes y cada cierto tiempo la realidad nos golpea en la cara en ocasiones con extrañeza y otras con vergüenza.

Uno de los temas pendientes de nuestro país es sin duda el déficit de vivienda que no solo afecta a los más desposeídos, sino a la gran cantidad de chilenos de clase media que incluso teniendo un título técnico o universitario se ven impedidos de acceder a una casa propia o al menos pagar por ella.

Hace algunas semanas en el diario electrónico El Mostrador el actual ministro de Vivienda y Urbanismo Carlos Montes manifestaba su preocupación porque el sistema estatal no está cumpliendo con la demanda de vivienda en el país. Si las personas sienten que el sistema no está dando solución a sus necesidades es muy probable que las personas opten por saltarse el sistema y prescindir de los procesos administrativos del Estado.

Seamos claros, se puede entender la enorme necesidad que tenemos muchos chilenos por una vivienda, pero jamás podrá ser aceptable que una persona por decisión propia se "tome" un terreno fiscal para cumplir sus necesidades. Si permitimos lo anterior, estaríamos abriendo peligrosamente la puerta al "sálvese como pueda"

Por eso resultan particularmente indignantes las razones aducidas por la excandidata al Senado por el Partido Socialista Jacqueline Santander al comparar sus necesidades con las que puedan tienen otras personas. Después de ver la calidad y las terminaciones que tenía la construcción desalojada es un insulto al sentido común y una falta de respeto a la inteligencia colectiva pretender comparar su "avivada" con la espera paciente de miles de habitantes de la región que obviamente tienen más necesidades.

Más allá de la vergonzosa acción de la excandidata lo peor es confirmar que algunas personas que tienen acceso al poder y la influencia política se amparen en subterfugios legales para apropiarse de lo que nos pertenece a todos, flaco favor le hizo Santander al gobierno a semanas del plebiscito sobre todo después de los números del Barómetro Regional que muestran una gran cantidad de indecisos, pero que al ver la repetición del abuso y el desparpajo con que actúa parte de la clase política pudo haber tomado una posición.

Entre todo lo vivido durante la última semana es justo destacar el actuar de la seremi de Bienes Nacionales y la delegada Presidencial, muchos (me incluyo) teníamos particular interés en observar como actuarían en este caso algunos dudaban que se ejecutara con rapidez la necesaria restitución del terreno. Es una buena señal ver que las instituciones y la institucionalidad funcionan al menos esta vez.

Esperemos que las autoridades sigan actuando con diligencia ante estos hechos sin importar el apellido o las redes de influencia que puedan tener los "necesitados". Necesitamos confiar, necesitamos creer que se hace justicia, necesitamos sentir que no todo está perdido.

Al escribir esta columna coincidentemente suena en la radio la profética canción de Gardel "si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, caradura o polizón", ojalá el futuro nos depare algo mejor que lo escrito por el zorzal.

Servicios especiales de Carabineros cubrieron la primera acción denominada Ronda Impacto en la población Inti Rai y sectores aledaños, un compromiso adquirido con las y los vecinos en reuniones previas, las cuales son necesarias para conocer las necesidades y problemáticas de los territorios.

Fue personal de la 1° Comisaria de Calama, así como también de las unidades especialidades de Control de Orden Público, OS7 y Sección de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV) las que patrullaron por cerca de cinco horas el sector poniente obteniendo importantes resultados y sobre todo dando tranquilidad a las y los vecinos.

Posterior a ello, esta acción policial se trasladó al sector Inés de Suárez, en donde se realizaron 83 controles de identidad, 54 controles vehiculares, se cursaron 20 infracciones al tránsito y se logró la detención de cuatro personas, dos por receptación de vehículo y otros dos por mantener órdenes de aprehensión vigentes.

Estas acciones continuarán llegando a diversos sectores de la ciudad, comenzando por aquellas zonas calientes, donde las y los vecinos están denunciando hechos de alta connotación social. Queremos decirles a las loínas y loínos que seguirán viendo un Gobierno y a sus policías desplegados en los territorios, esto con el objetivo de recuperar la presencia estatal y dando las señales claras que nos pidió el Presidente Gabriel Boric, para gobernar la seguridad.

Si hablamos de cifras, sólo en el mes de agosto Carabineros ha realizado 2.986 controles de identidad, 3.134 controles vehiculares, ha detenido a 236 personas y cursado 765 infracciones al tránsito. Además de recuperar 21 vehículos y cuatro armas.

Acciones que son apoyadas por la tecnología, ya que con el programa de televigilancia de la Subsecretaria de Prevención del Delito, el drone que opera en la provincia El Loa lleva más de 600 horas de sobrevuelo y con su accionar se ha logrado la detención de 33 personas por diversos delitos que van desde infracción a la Ley 20.000 a receptación.

Datos que se traducen en una presencia estatal fuerte, decidida y comprometida con la seguridad de todas y todos quienes habitan en el territorio de la provincia El Loa. A veces se nos cuestiona el hecho de hacer reuniones y/o establecer mesas, pero estas cifras son el resultado de la articulación de estrategias que se consensuan con las y los vecinos, porque no debemos olvidar que, la participación y el involucramiento de la comunidad, de los municipios y de todas las instituciones que abordan la temática de seguridad es clave para generar las nuevas estrategias que necesitamos para combatir la delincuencia.

Es por ello, que seguiremos reuniéndonos con las juntas de vecinos, escuchándoles y coordinando acciones conjuntas con Carabineros y la Policía de Investigaciones para llevar el Estado a los territorios y seguir gobernando la seguridad.

Miguel Ballesteros Candia

Delegado presidencial provincial El Loa