Hace algunos días le han quitado cobardemente la vida a un joven antofagastino, se desconoce el móvil del delito. Presuntamente habría sido cometido por ciudadanos extranjeros en situación de calle. Las policías, diligentemente ya han dado con el paradero de algunos sospechosos que se mantienen en calidad de imputados. Esta terrible situación ha producido diversas reacciones: ha impulsado, naturalmente y con razón, a los familiares y deudos a manifestarse en contra de la delincuencia, en una manifestación que en principio fue pacífica; una velatón, pero que prontamente adquirió otros ribetes en expresión de la legítima impotencia de los familiares.

Nadie quiere, ni nadie puede desear que estos hechos sigan ocurriendo, a la autoridad corresponde ponerse a disposición de la familia, perseguir con todo el rigor de la ley a los responsables, coordinar eficientemente a las policías para actuar con la rapidez y profesionalismo que exige la tarea, y, finalmente, restablecer el imperio del Derecho a través de los medios legales que existen, ocupando las competencias y facultades que nos otorga la ley; responsablemente, con apego irrestricto y respeto a los Derecho Humanos.

Es imperioso, en estas épocas difíciles, ante hechos tan terribles como el reseñado, actuar con responsabilidad y no con populismo, especialmente las autoridades, pues de no hacerlo, se corre el riesgo cierto de promover la justicia por mano propia, el ojo por ojo, el caos institucional y la corrosión irreversible del Estado de Derecho. Ante esta amenaza, debemos relevar el Estado de Derecho, haciéndolo funcionar para resguardar la seguridad de la población. Todos debemos hacerlo, todos debemos poner nuestras competencias al servicio de la familia y no buscar una salida simple, para la galería, de esta trágica situación que esconde un problema de fondo, el problema de la delincuencia, el problema de la inseguridad.

El Presidente Gabriel Boric Font, y su representante en la región, Karen Behrens Navarrete, han decidido por la responsabilidad; con acciones concretas, tanto en lo inmediato, para responder a la familia, así como también en los desafíos de mediano plazo, los cuales no empezaron con éste lamentable evento, si no que vienen trazados desde el primer día de nuestra administración.

A modo de ejemplo, valga señalar algunos de los esfuerzos de la Subsecretaría de Prevención del Delito y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública: 1) Red Nacional de Seguridad Pública -Con presencia de alcaldes y apoyo para actualizar planes comunales de seguridad, ejecución y financiamiento de iniciativas de prevención del delito levantadas por municipios. 2) Consejo Regional de Seguridad Pública, Ley 20.150 - Con presencia de alcaldes, delegados presidenciales, gobernador regional, policías, Ministerio Público, Defensoría, Gendarmería, Poder Judicial y servicios pertinentes, en el cual se elabora el Plan Regional de Seguridad Pública. 3) STOP. Sistema Táctico de Operaciones Policiales, que permite focalizar las tecnologías y recursos de las policías en delitos contra las personas y la propiedad. 4) Consejo de Seguridad contra el Crimen Organizado y la Trata de Personas, entre otros.

Nadie puede quedar indiferente, ni ser indolente ante esta tragedia, el llamado es a actuar con responsabilidad, decididamente, todos contra la delincuencia.

Tradicionalmente se ha buscado enfrentar los problemas de seguridad pública desde perspectivas que ponen en contradicción la libertad y el respeto a los derechos fundamentales con el combate frontal a la delincuencia, como si una cosa fuese en oposición a la otra.

La falta de espacios públicos tranquilos, sumado al grave problema del narcotráfico, y el aumento en el uso de armas y su poder de fuego, pusieron en números rojos la seguridad de todo el país. Fue en este escenario en que debimos asumir como Gobierno la compleja tarea de devolverles a las y los habitantes, la confianza en las instituciones, el Estado y las Policías.

Ha sido en medio de este convulsionado contexto, en donde nuestra comunidad reclama acciones concretas que como Gobierno hemos ido resolviendo a través de la recuperación de espacios públicos, la prevención del delito y el combate al crimen organizado, que constituyen los principales ejes de nuestra política de seguridad pública.

Uno de los sellos de esta política es la participación ciudadana, ésta se expresa en iniciativas como "Gobierno, Policía y Comunidad". Espacio de diálogo en terreno, donde las y los vecinos presentan sus inquietudes, dan a conocer sus principales problemas y se establecen compromisos por parte de las autoridades policiales y los servicios, cuyo cumplimiento es coordinado y fiscalizado por la Delegación Presidencial Regional.

Por medio de este trabajo, hemos logrado desarrollar mejores operativos policiales, mucho más efectivos. Al respecto quiero destacar que Carabineros y PDI en nuestra región, muestran gran eficiencia y eficacia en la resolución de denuncias y la detención de quienes son descubiertos en flagrancia.

Por otra parte, el Consejo Regional Contra el Crimen Organizado cuenta con una mesa técnica que trabaja semana a semana en el desarrollo de acciones concretas.

Todas y todos queremos devolver a la ciudadanía el derecho a la Seguridad, es decir, a caminar sin miedo a ser víctimas de un delito, a desenvolverse en sociedad de forma plena, donde niñas y niños puedan jugar sin temor, donde se pueda ir al trabajo tranquilamente.

Con firmeza y decisión seguiremos trabajando como Gobierno para frenar el avance de la delincuencia y no cederemos ni un solo centímetro de nuestro territorio para que el crimen organizado se enquiste, pues sabemos que eso destruye las democracias.

En los últimos días -y a propósito de la franja televisiva- ha tomado fuerza el apellido para las opciones del plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Ya existe prácticamente un consenso que en caso de ganar el Apruebo se deberán definir algunos cambios, el proyecto es perfectible como lo dijeron los en su momento convencionales y que a poco andar fue aceptado por el Gobierno, que en este momento impulsa acuerdos para aplicar pos referéndum.

Es el mismo predicamento que hoy tienen sectores conservadores y la centroderecha. Conscientes que no se puede vulnerar la voluntad ciudadana que en un 80% votaron por una nueva constitución, ya apuran reformas en las leyes para propiciar cambios en la actual carta magna. El principal reducir el quorum para las modificaciones constitucionales de 2/3 a 4/7.

Ahora la discusión es cuál es el mejor punto de partida, porque el plebiscito permite elegir sobre aprobar o rechazar el proyecto constitucional entregado por los convencionales. Si gana el Apruebo, lo que se sugiere es incluir cambios a lo entregado y de allí que se estén reuniendo los miembros del oficialismo para generar los acuerdos que sean necesarios.

Pero la convicción es clara en el sentido que el Apruebo es el mejor punto de inicio. A juicio de ellos están garantizados todos los derechos fundamentales y los temas en controversia tienen fácil resolución.

"Tenemos una estructura armada, solo faltan los detalles", se ha escuchado a un amplio sector que propone aprobar para reformar.

Desde la otra vereda aseguran que el nuevo texto tiene articulados que no son convenientes para el desarrollo del país. No lo ven como un tema de maquillaje y están dispuestos a aplicar los cambios que espera la ciudadanía pero sobre otra base, que en este caso no es otra que la de 1980 con las reformas aplicadas en 2006.

Por ello, sectores antiguamente intransigentes a cambios constitucionales hoy se abren y aprueban rebajar los quorums y abrirse a los cambios manifestados por la mayoría de la población.

Lo que está meridianamente claro es que en cualquier escenario, tras el 4 de septiembre se hablará de reformas. Ese será el concepto predominante y el detalle de estos tendrá que verse con la altura de mira que apunte al desarrollo armónico del país y a avanzar sobre la unidad como base del desarrollo nacional.