No son buenos tiempos para el comercio detallista establecido en la Región. La pandemia, una inflación creciente, la inseguridad y la constante competencia con ambulantes han mermado sus ganancias y ni siquiera en las fechas especiales, como el Día del Niño, logran la esperada alza y obtener ganancias que les permitan superar con alguna holgura el mes.

Es conocido que el consumo ha sufrido un retroceso, la incertidumbre política y el alza sostenida en el IPC tienen muy complicado al sector, que ha recibido una casi nula ayuda gubernamental este año pese a que los problemas siguen igual o peor que los anteriores.

Sin lugar a dudas hay factores sobre los cuales poco pueden hacer las autoridades nacionales, principalmente en lo relativo a la inflación. El impacto mínimo sobre el alza del dólar, quedó demostrado con la inyección en esa moneda extranjera que hizo el Banco Central o los ajustes para frenar al IPC, los que son muy acotados en el tiempo e insuficientes para enfrentar la crisis económica.

En lo que sí pueden actuar con mayor decisión es en el control del comercio informal. No es una tarea sencilla y requiere de una participación de muchos involucrados.

Hasta el momento la fiscalización de permisos municipales y el retiro de algunos ambulantes no es la salida a los problemas porque ante los controles quienes no están autorizados huyen pero vuelven a instalarse minutos más tarde. Lo mismo ocurre a quienes le retiran las mercaderías, porque pese a las pérdidas lo ven como parte del "negocio".

No hay que olvidar que detrás este tipo de venta están asociaciones financistas que en realidad son verdaderas mafias que lucran con las necesidad de algunos. Por lo general venden lo mismo que los establecidos a precios inferiores debido a que no pagan impuestos en ninguna etapa de la cadena.

No olvidar que hay mucha mercadería que ingresa de contrabando y es la misma que luego vemos en las calles. Ya para el Día del Niño se comprobó y los comerciantes vieron que los ambulantes ahora venden de todo en una competencia desleal.

Lo único que resta es tomar las medidas que han sido exitosas en otras comunas del país, como lo es el "copamiento" para impedir la instalación de los informales. Es lo único que ha resultado y que los establecidos piden se replique en la región para salir del foso.

La semana pasada, Antofagasta formó parte de los principales titulares en los medios de Santiago. Fue el repudiable asesinato de un joven de 16 años de nacionalidad boliviana lo que generó la atención de autoridades, medios de comunicación y la sociedad toda.

Fue así como asistimos a largos debates y reuniones acerca de lo peligroso que se ha vuelto vivir en nuestra Región, a raíz de la inmigración descontrolada y el crimen organizado que se ha instalado. Vimos cómo los líderes de opinión se sorprendían con los rucos en los árboles y con las historias de delincuencia que se han tomado nuestras calles.

Rápidamente algunos parlamentarios salieron a pedir Estado de Excepción Constitucional y otros se autoproclamaron como los salvadores de la ciudadanía, dando un triste espectáculo de los que, estoy segura, la gente repudia.

Y es que la inseguridad y la existencia de bandas criminales en nuestros territorios no son un simple relato para alarmar (como dijo erradamente la delegada presidencial), sino que, lamentablemente, son una realidad que está instalada hace ya un buen rato, pero que en los últimos meses ha llegado a tales niveles que ya nadie puede tapar el sol con un dedo.

Por mi parte, vengo hace años tratando de convencer a moros y cristianos, si es que se me permite la expresión, de que la inmigración irregular y descontrolada genera un espacio propicio para que delincuentes y criminales se instale con facilidad en nuestro país. Por ello, empujé con fuerza la creación de una ley de migraciones que viniera a actualizar nuestras políticas en materia de migraciones y que databan de los años 70.

Mientras el proyecto se discutía en el Congreso, en mi entonces rol de diputada, pude ver de primera fuente, cómo los representantes del Frente Amplio y del Partido Comunista se negaban sistemáticamente a generar un mecanismo para que los extranjeros que ingresaran irregularmente a Chile fuesen expulsados de manera más expedita. Unos lo hacían con atención a los Derechos Humanos y otros en función de una especie de solidaridad con la dictadura venezolana. Era un tema tabú.

Pero hoy, cuando están en el gobierno y ante la realidad que por enésima y media vez les golpea en la cara, anuncian un proyecto para hacer precisamente eso. Generar un mecanismo expedito de expulsiones para extranjeros irregulares.

Claramente, llegan tarde y por conveniencia. Aún así, estudiaremos el proyecto en su mérito y si cumple con lo que promete, entonces lo votaremos a favor. Porque no nos interesa nada más que darle bienestar a nuestra ciudadanía. Sin shows, sin aspavientos y con la tranquilidad que es por lo que hemos venido trabajando ardua y consecuentemente por años.

No existe duda que nuestra región de Antofagasta, se encuentra azotada por una avalancha de crímenes violentos y organizados, una inmigración ilegal, acrecentada por los terribles métodos, mecanismos y acciones delictuales que ingresaron con ellos.

De manera transversal, los diputados del territorio, respondieron a mi llamado para que conformáramos la bancada de la macrozona norte, para reforzar la petición de estado de excepción constitucional de emergencia, que solicite por intermedio del "proyecto de resolución N°237, de fecha 13 Julio 2022". Su origen se funda en la nula respuesta del Gobierno ante la delincuencia desatada y que lamentablemente solo pareció reaccionar tras el brutal homicidio de un joven de 16 años.

En materia, "el anuncio de un plan de inversión de más de 5.700 millones para reforzar la labor policial y la seguridad en la frontera norte", no podemos negar que es una declaración de voluntad importante, pero a su vez, no deja de preocuparme que sea similar a los ofrecimientos efectuados por la Ministra en el Congreso, con fecha 12 de abril del 2022, en los cuales, para la macrozona sur, comprometió 34 camionetas blindadas y 1000 millones para drones, pero que lamentablemente, según se acreditó por solicitud de transparencia a Carabineros de Chile, no fue cumplido y la respuesta existente, fue "no hay presupuesto". Por lo que me permito dudar, hasta corroborar que la promesa se cumple en tiempo y forma.

Estaré vigilante al cumplimiento de la frase de la Ministra, "aquellos que vengan a delinquir a nuestro país, los vamos a perseguir, procesar y expulsar de Chile", ya que se contradice con el director de Migraciones, que busca regularizar a más de 127 mil migrantes que ingresaron de manera irregular y de quienes desconocemos sus antecedentes criminales en sus países de origen.

De esta manera, nace la interrogante de sí ¿la ministra y el Gobierno, comprenden que no cumplir como en el caso de la Macrozona sur o simplemente seguir evaluando y retardando medidas reales y efectivas que restablezcan el orden público y social en nuestra región, tendrá como resultado la pérdida de más vidas de familias?

Para finalizar, es de suma importancia solicitar que el respaldo a nuestros Carabineros en los operativos policiales, sea constante, permanente y no como reacción a la fatídica muerte del joven de 16 años que impacto a toda la ciudadanía, ni mucho menos que sean realizados solo cuando existen visitas ministeriales. Requerimos una constante intervención y protección de nuestra ciudadanía, en especial en los barrios considerados rojos, en los sectores de tomas de inmigrantes ilegales, para dar una clara señal a la ciudadanía, de que esto no solo es una declaración para los medios. No debemos olvidar jamás que, para entregar verdadera seguridad, debemos combatir el crimen con todos los medios existentes, "esto es todo o nada, incluyendo el estado de excepción de Emergencia".