Redacción

Una encuesta dada a conocer ayer por el Centro de Estudios Públicos (CEP) reveló que el 59% de los habitantes de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos que se identifican como parte del pueblo mapuche opina que nunca se justifica la violencia para reclamar tierras mientras que solo el 11% plantea que la violencia se justifica siempre y el 26% cree que se justifica en algunas circunstancias.

El estudio fue elaborado con consulta efectuada entre el 23 de febrero y el 13 de julio de este año a 2.915 personas de las regiones mencionadas, de las cuales 1.374 se autodefinieron como mapuche y 1.541 se autodefinieron como no mapuche.

Entre estos últimos las respuestas a la consulta acerca del uso de la violencia para reclamar tierras fueron relativamente similares: 66% dijo que nunca se justifica, 23% afirmó que se justifica en algunas circunstancias y 8% opinó que se justifica siempre.

Se trata de un sondeo que busca dar cuenta de las percepciones, actitudes y expectativas de quienes habitan esa parte del país abordando diferentes aspectos de la relación entre ellos.

Como ejemplo de sus hallazgos, se expone que ante la pregunta si se sienten chilenos o mapuche, el 45% de quienes se identifican como parte del pueblo originario dice que se sienten chilenos y mapuche al mismo tiempo y solo el 17% expresa sentirse solamente mapuche.

Estado independiente

La encuesta muestra también que los consultados hacen una clara diferencia entre la autonomía territorial dentro del Estado de Chile y la opción de un Estado mapuche independiente.

Esta última opción es rechazada por el 70% de quienes de definen como mapuche y el 74% de quienes se identifican como no mapuche. Sin embargo, consultados sobre las autonomías territoriales, el 43% de los mapuche está de acuerdo con su instauración y el 34% se muestra en desacuerdo. Y entre los no mapuche el 33% está de acuerdo y el 41% se manifiesta en desacuerdo.

Y en la búsqueda de la paz social, el 55% de quienes se definen como mapuche plantea que lo más importante es el diálogo entre todos los grupos en conflicto, lo que también es lo más relevante para los no mapuche, que le dan un 51% a esta opción. Más atrás se ubican la mayor presencia de carabineros (23% y 26%, respectivamente), la instauración de parlamentos entre el Estado y el pueblo mapuche (18% y 12%) y la reparación de la deuda histórica (15% y 12%). Apenas el 3% de los mapuche y el 5% de los no mapuche se decantan por la instauración de un Estado plurinacional.

Relaciones y convivencia

Ante la consulta de cuánto conflicto hay entre los mapuche y diferentes institución o grupos, el 56% de los mapuche dice que su mayor problema es con las empresas forestales, el 50% apunta que es con los carabineros, el 44% asegura que es con el Estado. También en este punto, solo 21% de los mapuche y 23% de los no mapuche plantean que el conflicto es entre ambos grupos.

Finalmente, el 61% de los mapuche opina que la convivencia en su zona es muy pacífica o pacífica y el 52% de los no mapuche elige estas mismas opciones. Y en cuanto a la relación con Carabineros, el 64% de los mapuche dice que es muy amable o algo amable, misma opción que elige el 61% de quienes se definen como no mapuche.

70% de los mapuche rechaza la opción de que se establezca un Estado independiente de Chile

2.915 personas respondieron la encuesta: 1.374 se definieron como mapuche y 1.541 como no mapuche.

Rodrigo Delgado, ex ministro del Interior de Sebastián Piñera, afirmó que el actual Ejecutivo debe tomar medidas serias para enfrentar los delitos graves que ocurren en el país y específicamente en la Región Metropolitana.

En Emol, Delgado afirmó que "los números no acompañan al Gobierno del Presidente Boric. Si uno ve los números de los delitos de mayor connotación social comenzaron justamente post 11 de marzo, que es cuando ellos asumen. ¿Y por qué? Porque en política y en la vida las señales son tremendamente importantes y las señales que este Gobierno transmitió respecto al tema de las seguridad fueron equívocas".

Es por la ola de encerronas y portonazos del último tiempo en Santiago que Delgado insiste en el estado de excepción: "Lo encuentro más necesario que nunca. Así como el Gobierno acotó el estado de excepción en la Macrozona Sur, de manera equívoca en mi opinión, perfectamente se podría hacer un estado de excepción para la RM, y también si se quiere acotado acotado a ciertos horarios que se hagan patrullajes mixtos entre las policías y Fuerzas Armadas".

El exjefe de gabinete detalló: "Se pueden hacer controles, patrullajes y puntos mixtos en las autopistas. Que se vea una presencia policial y militar que cumple el objetivo de cuidar a las personas. No incluye ni un toque de queda ni coartar libertades".

Gobierno en el norte

Este llamado se dio en paralelo a la visita del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, a la Región de Arica y Parinacota, donde anunció recursos para reforzar el trabajo de la Fiscalía.

También ayer la ministra del Interior, Izkia Siches, confirmó que hoy viajará a la Región de Tarapacá para tratar temas de seguridad y criticó a los diputados del norte del país que condicionaron su aprobación a una nueva prórroga del estado de excepción en la macrozona sur a la instauración de la misma medida en sus regiones. "No somos para nada partidarios de las amenazas", dijo Siches.

La Defensoría de la Niñez y la Municipalidad de Renca presentaron una querella por los delitos de parricidio y abuso sexual contra la madre y el padrastro de un bebé de un año y 11 meses que murió en la urgencia del Hospital Roberto del Río.

Aunque la pareja afirmó que el pequeño se había caído de la cama, tras las primeras diligencias, la Brigada de Homicidios de la PDI detuvo a la pareja acusada de los delitos de parricidio y un ataque sexual contra el pequeño, dado que la autopsia permitió establecer "la presencia de diversas lesiones en diferentes partes de su cuerpo atribuibles a la participación de terceras personas", detalló el comisario del PDI Gabriel Alarcón.

Dos sujetos involucrados en una red de explotación sexual vinculada a la organización criminal internacional Tren de Aragua y que operaban en Puerto Montt fueron reformalizados ayer por trata de personas y explotación sexual infantil.

La audiencia tenía como objetivo incorporar a la causa que lleva la Fiscalía los casos de seis nuevas víctimas, dos de ellas menores de edad. Esto se suma a la indagatoria que se realizaba respecto a otras seis mujeres.

Mauricio Maya, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en la causa, dijo que las nuevas víctimas tienen "la particular gravedad de que dos de ellas son menores de edad".