Estado de Excepción para la zona norte
El Gobierno descartó la posibilidad y pide prudencia. Opiniones que no respaldan parlamentarios que creen que es momento de tomas medidas más enérgicas. Delitos importados que fueron advertidos por los diputados Jaime Araya y José Miguel Castro, quienes insisten que las medidas del Gobierno han sido tibias y que requiere mayor decisión.
No es fácil entender lo que ocurre en las comunas de la macrozona norte cuando se trata de retomar las actividades en una especie de escenario pospandémico, el que se ha caracterizado por la ocurrencia de hechos violentos en las cabeceras regionales. De hecho, las estadísticas oficiales que recibe el Ministerio del Interior revelan que Tarapacá y Antofagasta están muy por sobre la media en las cifras de comisión de delitos de mayor connotación social y robo de vehículos, entre otros.
Hay explicaciones puntuales de las que se han hecho cargo -al menos en el papel- las autoridades del gobierno central a través del Plan Nacional de Seguridad que fue lanzado hace poco más de un mes y que tuvo una bajada local hace algunos días con el detalle de la inversión en seguridad que entregó la ministra Izkia Siches en la capital regional (más de 2.500 millones de pesos).
Lamentablemente la inseguridad sigue invadiendo las comunas y está asociada a fenómenos como la expansión del narcotráfico y el crimen organizado y la inmigración descontrolada.
La PDI de Arica debió realizar una exhaustiva investigación para desarticular a Los Gallegos uno de los brazos del temido Tren de Aragua, grupo delictivo proveniente de Venezuela que se había instalado en la puerta norte para la comisión de delitos como trata de migrantes, extorsión y el sicariato.
Delitos importados que fueron advertidos por los diputados Jaime Araya y José Miguel Castro, quienes insisten que las medidas del Gobierno han sido tibias y que requiere que sean más enérgicas. Y advertían de un aumento en hechos delictuales.
En Antofagasta un joven deportista de 18 años fue asesinado y la comunidad reaccionó airada luego que el hecho fuera asociado a grupos de migrantes que pernoctan en el borde costero. Ante ello las autoridades gubernamentales piden prudencia y no justifican la agresión de personas por su nacionalidad y que es lo correcto en estos casos.
Lo que no pueden olvidar es que vivimos una escalada y si las medidas deben llegar pronto antes que debamos lamentar mayores tragedias.
Decretar un nuevo estado de excepción habría sido una buen alternativa a la espera de implementar el paquete de medidas que incluye el plan de seguridad. La opción fue descartada y hoy se apela a colaborar, respetar los procesos y a no "tomar la justicia por sus propias manos".