Aun cuando el texto de la propuesta constitucional se ha convertido en las últimas semanas en uno de los textos más vendidos en nuestro país, esto no implica que la mayoría de los ciudadanos lea, entienda y decida en un referéndum con un conocimiento medianamente aceptable el Apruebo o Rechazo de dicha propuesta. Una lectura superficial del texto es lo que se impone en estos días y ciertamente que no es suficiente para capturar el contenido y las consecuencias derivadas del mismo, dada la complejidad y especificidad jurídica que implica una obra mayor como lo es una Constitución.

De este modo, no basta con leer la propuesta constitucional y quedarse en la superficie del entramado de normas que definen el axioma jurídico principal para pronunciarse en propiedad con respecto de su contenido. Tanto es así que, si no hay un conocimiento del corpus normativo y de las consecuencias jurídicas deducibles de dicho axioma, entonces no es posible sentirse conforme con una decisión inteligente del Apruebo o del Rechazo en sentido estricto. Pues bien, si no se dan estas condiciones, entonces el nivel de aproximación al texto es sólo tangencial, lo que permite tener sólo opiniones sustentadas en las emociones suscitadas por adhesiones ideológicas de rebaño.

En consecuencia, si asentimos como verdaderas las premisas del párrafo precedente, entonces el aceptar o rechazar la propuesta constitucional del próximo 4 de septiembre es una decisión que tiene que ver más con un acto de fe y de adhesión ideológica que de una decisión que se tome en virtud del conocimiento obtenido de su lectura, análisis y entendimiento.

Decidir sin el conocimiento sobre algo respecto de lo que hay que decidir, es una situación análoga a la de los prisioneros de la caverna platónica que tienen la categoría de sujetos que habitan en la oscuridad, dado que esas criaturas carecen de conocimiento pero no de opinión que es un grado levemente superior a la ignorancia.

Por lo anterior es que, ante la ausencia de razones, muchas veces se impone al diálogo fecundo la violencia verbal y también la de facto entre los seres humanos, estado de cosas permanente en la historia y que es impensable algo distinto en el futuro. Una de las pruebas empíricas de la violencia verbal que supera las expresiones razonadas es el tipo de intervenciones que ocurren entre los usuarios de las redes sociales donde, efectivamente, los argumentos no abundan pero sí las descalificaciones que se dan entre los oponentes. Y peor aún, cuando la difamación se toma el espacio público virtual como uno de los recursos más violentos y ruines que hace visible la impotencia intelectual y la miseria moral de los emisores.

Patricio Peñailillo

Licenciado en Filosofía

Tras la publicación del texto propuesto para la nueva Constitución hay una problemática que considero urgente y respecto a la cual el nuevo texto hace nula o poca mención: como chileno y antofagastino he ido observando cómo se deteriora la calidad de vida de los ciudadanos ya que la violencia asociada a la delincuencia escala a pasos agigantados. En la macrozona norte por el aumento de la migración ilegal incluyendo el tráfico de personas y la presencia de delitos "importados" y en la macrozona sur por la expansión del terrorismo.

Es más, una de las demandas ciudadanas más votadas para una nueva constitución fue la "Defensoría de las Víctimas" y sin embargo, fue rechazada por los miopes convencionales, quedando fuera de esta carta magna que a día de hoy abre aún más las puertas (si cabe) a la migración ilegal trayendo consigo toda la violencia y dejando a muchas víctimas en el camino, chilenas y extranjeras.

Sabemos, además, que el sistema carcelario está colapsado, pero el texto pone fin a las concesiones privadas de los recintos penitenciarios lo que generaría un mayor gasto al Estado, y -para colmo- según la propuesta, las personas privadas de libertad podrían votar e incluso ser candidatos a un cargo de elección popular.

No hay señales ni soluciones claras desde el Gobierno respecto a la situación de delincuencia que se vive en Chile. Un Gobierno centrado en la campaña del Apruebo y que no da un golpe en la mesa contra terroristas como la CAM, no puede, está ocupado escondiendo a sus convencionales, para "evitar ruido" en su campaña y desesperado por tener una constitución indigenista.

Asimismo, sus convencionales -ocultos de momento- buscan consagrar escaños reservados para el pueblo indígena en todas las instancias participativas, en circunstancias que representan sólo el 12% de la población. Por supuesto concuerdo con el reconocimiento y participación de los pueblos originarios, ese es otro tema.

Por esto mismo, resulta muy inquietante que el propio colectivo mapuche haya anunciado que votará "Rechazo" a 48 horas de la entrega del escrito porque el texto de la nueva constitución "no nos une", "generará más violencia y enfrentamientos" y "conducirá a los indígenas a la violencia", según afirmaron.

Hay consenso en todos los sectores políticos de que la Constitución actual está agotada y necesitamos modificarla razón por la que estamos dispuestos -y he votado a favor- de rebajar el quórum a 4/7 con el fin de avanzar en las grandes reformas que demandan los chilenos. Pero sobre todo estoy por una constitución que nos una, y que sea de TODOS.

Votemos en conciencia, leamos el texto e informémonos, por el bien del país, por la paz y la unidad, porque lo que está en juego no son 200 páginas sino que el destino de nuestra nación y en especial la estabilidad y seguridad de todos los chilenos.

No hay situación que irrite más a la ciudadanía que comprobar que se hace uso y abuso en el ejercicio del poder con fines personales. Molesta porque quienes ocupan altos cargos fueron designados o elegidos para administrar sus facultades y recursos en beneficio de la comuna, región y país, en ningún momento para ellos mismos.

Lamentablemente en nuestro país casos de esa índole se repiten y vemos que cada cierto tiempo las portadas son ocupadas por este tipo de información ocurrida en las distintas instituciones.

La Región de Antofagasta no está libre de ello y ya se han conocido casos graves que han terminado con penas punitivas.

Hoy vemos como el Consejo de Defensa del Estado (CDE) se querella contra quienes resulten responsables de fraude al fisco, en los contratos de adjudicación directa para la compra de insumos y canastas de alimentos que fueron en ayuda de los más golpeados por la pandemia de covid-19.

El CDE basado en informes de Contraloría y otros antecedentes cuestiona a las adjudicatarias que uno o el mismo día del trato directo hayan ampliado su giro para convertirse en proveedores y ganar millonarios contratos.

El Ministerio Público será el encargado de investigar a fondo las irregularidades presentadas y deslindar responsabilidades en estos casos y que para el CDE tiene un carácter tan grave como es el de fraude al fisco.

Obviamente el delito aquí no es la ampliación de giro de las empresas, sino que conocer si hubo alguna confabulación entre quienes negociaron los tratos directos. Saber si ellos fueron favorecidos por ser amigos, familiares o conocidos dentro de la esfera política.

Este medio, en su rol fiscalizador, había planteado este problema con la documentación de respaldo y las veces que la Contraloría objetó y rechazó los contratos emanados desde la entonces Intendencia Regional.

Lo que resta es que el proceso investigativo y judicial siga su recorrido y concluya y de haber responsables sean sancionados con la pena que corresponda a la gravedad del delito.

Con ello restablecer la confianza en la comunidad y dejar sentado que quienes abusan de la fe pública y utilizan los cargos con fines mezquinos, el peso de la ley puede caer sobre ellos con toda su fuerza.