Todos coinciden en el positivo impacto que tiene y tendrá a futuro el corredor bioceánico que promueve el intercambio comercial entre Chile, Argentina, Paraguay y Brasil. En particular, está el tema de los volúmenes de carga que pueden llegar desde centros argentinos, paraguayos y brasileños a los puertos chilenos en busca de una salida rápida hacia los mercados de Asia.

Por ello contar con la infraestructura vial en los estándares requerido es una de las prioridades que se plantea hace décadas, pero que ha costado que avance debido al alto costo y a las prioridades de los gobiernos centrales de los países vecinos. Situación que en el último tiempo ha cambiado y hace abrigar esperanzas en que en un plazo mediato el esperado corredor empiece a funcionar en los niveles esperados.

Si bien, la carga extranjera dará dinamismo a los puertos chilenos, en el trayecto habrá que contar con una cadena de servicios y de abastecimiento para la que también se debe estar preparado. Esta cadena es otra de las aristas que otorgan a esta ambición integradora una visión mucho más completa.

Es que no sólo las ciudades puertos se verán favorecidas, habrá otras comunas que podrán convertirse en generadoras de los servicios que se requieran en el extenso trayecto hacia el Pacífico.

Todo lo planteado está en los informes de quienes llevan décadas promoviendo esta opción y algunos están lejos de la disputa pequeña, porque aseguran que los volúmenes que se moverán alcanzarán no sólo para la Región de Antofagasta, también para otras como Iquique que hoy recibe una gran cantidad de intercambio con Paraguay gracias a la Zona Franca.

Entonces, mientras más se avance en conectividad más preparados debemos estar para resolver las necesidades de los transportistas. Y allí las autoridades regionales y comunales tienen que actuar con una visión de futuro y apelar a que los esfuerzos de hoy tendrán sus dividendos a futuro.

Lo que no puede existir es pasividad o inacción, se tienen que dar todos los pasos aperturar las condiciones y centrar las expectativas conforme a los avances presentados.

El corredor bioceánico es una gran oportunidad y debemos estar a la altura para poder actuar conforme a lo requerido.

En las vacaciones de invierno reflexionamos con más calma lo que fueron estos primeros meses del año, un primer semestre lleno de desafíos.

El primero de los desafíos fue retomar las clases presenciales al cien por ciento, cuidando día a día las medidas de sanidad y descubriendo poco a poco lo que había pasado con nuestros estudiantes durante el tiempo más duro de la pandemia. Asumimos que volvíamos a la normalidad, pero no fue realmente así, y no estábamos preparados para que no lo fuera.

El segundo desafío, fue las brechas de conocimientos que se hicieron evidentes en las pruebas de diagnóstico. El 65% de los estudiantes de los profesores de Enseña Chile en la región con un nivel básico en los diagnósticos DIA; un 27% en nivel intermedio; y sólo el 9% con un buen manejo de los contenidos del curso en el 2021. Esto fue algo que sabíamos iba a suceder y sobre todo en los contextos más vulnerables donde aprender a distancia fue muy difícil.

El tercer desafío, es el impacto socioemocional de la pandemia en todos, donde ha sido aún más fuerte en las niñas, niños y jóvenes en etapas de desarrollo y formación. La falta de manejo emocional y desarrollo social, que ha sido determinante en el incremento de la violencia intra-escolar, también lo refleja las respuestas de los mismos estudiantes de la zona a la encuesta socioemocional donde identifica las dimensiones de Autoconciencia, Automanejo y Habilidades Sociales como las más bajas con menos del 50% de respuestas favorables.

Sin duda el primer semestre puso a prueba a todos los profesores. El trabajo docente siempre ha sido altamente demandante, pero este, en particular, estuvo por sobre los niveles que normalmente vemos y se percibió altos niveles de estrés y cansancio en las comunidades educativas. Esta pausa en pleno invierno nos trajo nuevas energías. Son estas vacaciones, que apuró el término de semestre escolar y que se extendieron por asuntos sanitarios, las que nos permiten tomar un respiro y mirar en forma esperanzada el segundo semestre. En marzo no sabíamos muy bien a lo que íbamos, pero hoy sabemos mucho mejor dónde estamos parados y hacia dónde queremos avanzar. Tenemos evidencia para tomar decisiones, lo que nos da la oportunidad de planificar y ser estratégicos, de manera de poder cerrar bien el año 2022, con estudiantes recuperando lo que faltó aprender en la pandemia y compartiendo con sus compañeros en sus comunidades escolares.

A inicio de julio se entregó el proyecto de nueva Constitución discutida por más de un año, y en la cual se proponen varios cambios sustantivos en los más diversos ámbitos y sobre los cuales la ciudadanía, el 4 de septiembre próximo, determinará democráticamente si quiere aprobarlos o rechazarlos.

Entre las propuestas, hay diversos temas que hasta hace algún tiempo eran invisibles para la sociedad. Uno de ellos es el de las personas que se encuentran en situación de discapacidad (PsD) y que afecta a más de un 10% de la población en el país.

La Constitución vigente, hace más de cuatro décadas, no se refiere en ninguno de sus artículos a las PsD, pero sí se refiere a la igualdad en dignidad y derechos de las personas y de prohibición de discriminación arbitraria, pero aún no hay una referencia específica que permita reconocer sus derechos y obligaciones.

La propuesta de la nueva Constitución desarrolla esto último. En ese sentido, afirma en el artículo 28 de su capítulo de derechos fundamentales y garantías que "toda persona con discapacidad tiene derecho al goce y ejercicio de su capacidad jurídica, con apoyos y salvaguardias, según corresponda; a la accesibilidad universal; a la inclusión social; a la inserción laboral, y a la participación política, económica, social y cultural".

En el mismo apartado del proyecto de nueva Constitución también se afirma que "se elaborarán, coordinarán y ejecutarán políticas y programas destinados a atender sus necesidades de trabajo, educación, vivienda, salud y cuidado". Además, se establece que la ley determinará "los medios necesarios para identificar y remover las barreras físicas, sociales, culturales, actitudinales, de comunicación y de otra índole para facilitar a las personas con discapacidad el ejercicio de sus derechos".

Es decir, la persona en situación de discapacidad presentes, en el centro de la principal norma legislativa del país, destacando los derechos necesarios para acortar las diferencias, retrasos y discriminaciones.

Estos derechos están enunciados acorde a los estándares internacionales más avanzados en la materia: aquellos donde las personas en situación de discapacidad no están integradas, sino más bien incluidas a la sociedad. Muchos de esos estándares ya estaban vigentes en el país a través de la aprobación de una serie de leyes sobre la materia, algunas muy positivas, sin embargo, ninguna de ellas tenía rango constitucional.

Nuestro país en los últimos años ha avanzado en este tema y su ley fundamental debe estar a la altura de lo que ya hemos logrado, cierto, pero también de los inmensos desafíos que tenemos por delante. Ya sea con la nueva Constitución o una reforma a la actual, se necesita un camino para construir una nueva manera de vivir, de convivir, de cambiar las miradas y paradigmas para poder avanzar en la materia.

Viviana Rivera Barrientos

Académica Facultad de Educación, UCEN