El Banco Mundial (BM) pidió a Chile fortalecer el sector privado para construir una sociedad "más inclusiva" y una economía "más innovadora, productiva y verde".

El organismo internacional presentó un informe en Santiago junto a la Corporación Financiera Internacional (IFC) en el que argumenta que el impulso a ciertos sectores económicos "puede crear empleos de alta calidad en todo el país, incrementar las exportaciones y reducir desigualdades estructurales".

"El sector privado tiene la oportunidad para fortalecer su rol en la construcción de una sociedad inclusiva", señaló durante el evento Marianne Fay, directora del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador y Perú.

Para ello, agregó, "es clave que el país pueda contar con un entorno empresarial propicio, donde el Estado fomente la apertura y la competencia, y promueva una sólida formación de habilidades".

En el primer "Diagnóstico del Sector Privado de Chile", las entidades analizaron las oportunidades de tres sectores que, en su opinión, pueden contribuir al desarrollo del país: el hidrógeno verde, la agricultura climáticamente inteligente y la economía digital.

El gerente regional para el Cono Sur de IFC, David Tinel, dijo que la institución, que forma parte del BM y tiene una cartera de 758 millones de dólares en el país, "está muy bien posicionada para catalizar el desarrollo de industrias nacientes y para ayudar a las empresas y emprendedores chilenos a enfrentar los desafíos del mercado".

Chile es uno de los países pioneros en el impulso del hidrógeno verde, que se conoce como "el combustible del futuro", porque es una potente fuente de energía que podría llegar a sustituir a los fósiles.

De acuerdo al informe, "Chile puede convertirse en uno de líderes mundiales de esta industria naciente, con la capacidad de producirlo a costos de 1,6 USD/kHV a largo plazo", aunque se deben "abordar obstáculos financieros, dificultades para medir el tamaño del mercado, problemas tecnológicos significativos, así como la competencia de otros países productores".

El texto también apunta que el proceso constituyente "abre una oportunidad para que el sector privado fortalezca su rol en la construcción de una sociedad inclusiva, para generar mayor innovación y productividad; y para la transición a una economía verde".

La encuesta CEP permite, al analizar agrupando regiones en macrozonas por tamaño muestral (siguiendo la agrupación del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación), indagar en las similitudes y diferencias a lo largo del territorio. Así, vemos que la seguridad es una preocupación que cruza todo el territorio. Pero los énfasis varían.

La delincuencia es el principal problema en todas las regiones, pero mientras que en las zonas norte, Región Metropolitana (RM) y centro-sur supera el 50% de las menciones, en la zona sur recibe cerca de un 36% de ellas. Y si bien las diferencias no son estadísticamente significativas entre zonas, excepto respecto a la norte, es indicativo de los problemas que enfrentan el que la violencia reciba casi un 20% de las menciones en las zonas sur y centro-sur.

También se observan diferencias respecto a las perspectivas económicas del país donde el pesimismo es mayor en el sur. Mientras en la zona norte solo un 27% cree que la situación empeorará, seguido de la RM con un 39%, en las otras zonas casi la mitad cree que así será. Esto, a pesar de que no se diferencian respecto a percepciones y expectativa sobre la situación económica personal.

Al mirar las respuestas sobre la nueva Constitución, a nivel global se observa un empate técnico entre el Apruebo y el Rechazo, pero el cuadro cambia al desagregar por zonas: en el norte, el Apruebo supera al Rechazo por más de 10 puntos porcentuales, y lo contrario ocurre en la zona centro-sur. En las otras zonas, las diferencias entre ambas opciones no son estadísticamente significativas.

Parte de esas diferencias, como es esperable, se asocian a las diferentes expectativas sobre la nueva Carta Fundamental con un patrón similar al de las perspectivas sobre la economía: en el norte son más optimistas y más pesimistas en el centro-sur. Pero también se da un fenómeno que vale la pena explorar: la asociación entre aprobación del Presidente Boric y el voto sobre la propuesta constitucional difiere: mientras que en el norte, 74% de quienes aprueban al Presidente se inclinan por el Apruebo, en la zona centro esa cifra es un 57%, 54% en RM, y cerca del 40% en las zonas centro-sur y sur.

Estas diferencias se explican, sobre todo, por quienes aún no han decidido su preferencia. Así también es distinta la proporción de los que votan Apruebo entre los más interesados en el trabajo de la Convención: mientras que en la zona sur, solo un cuarto de quienes están muy interesados votarían Apruebo, la proporción es más cercana al 50% en las demás zonas, y superior al 50% en el norte.

Todo esto hace evidente algo que, si bien no resulta demasiado novedoso, suele olvidarse: no solo existen diferencias importantes en las realidades de cada territorio, sino que también presentan dinámicas diferentes que es preciso comprender. Esto no solo es relevante para entender las razones detrás del voto en el plebiscito, sino que tiene profundas implicancias en el diseño de las políticas públicas.

"La delincuencia es el principal problema en todas las regiones, pero mientras que en las zonas norte, RM y centro-sur supera el 50% de las menciones, en la zona sur recibe cerca de un 30% de ellas".

*Coordinadora Área de Opinión Pública

Centro de Estudios Públicos (CEP)

Redacción

Tal como comprometió con los gobernadores regionales y como lo mencionó en su discurso de la Cuenta Pública 2022, el Presidente Gabriel Boric concretó ayer el traspaso de la primera de seis competencias a las nuevas autoridades regionales elegidas en los comicios de 2021.

Según informó ayer la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), se trata de la presidencia del Comité Regional de Uso de Borde Costero (CRUBC).

"Es el primer traspaso que concretamos durante este Gobierno, y es el resultado del trabajo que hemos realizado de manera colaborativa con las y los gobernadores regionales. Descentralizar, distribuir el poder y avanzar en el desarrollo territorial equitativo son ejes prioritarios de nuestro Gobierno", señaló el subsecretario de Desarrollo Regional, Miguel Crispi.

"El CRUBC dependía operativa y funcionalmente del Gobierno Regional, a través del intendente, anterior autoridad subnacional que la presidía. Por ende, ante la desaparición de esta figura, y la importancia de dicho rol en las decisiones regionales que le competen, resultó necesario traspasar esta competencia al gobernador regional", explicó Crispi.

Facultades

Las Comisiones Regionales de Uso de Borde Costero elaboran y proponen acciones para impulsar la Política Nacional de Uso del Borde Costero en cada región del país, y formulan proposiciones, sugerencias y opiniones a las autoridades regionales encargadas de estudiar y aprobar los diversos Planes Comunales e Intercomunales.

El CRUBC también ha cumplido un rol relevante en el procedimiento administrativo de otorgamiento de concesiones marítimas, en el cual la subsecretaría de Fuerzas Armadas del ministerio de Defensa consulta la opinión del CRUBC, que ha sido decisiva para deponer o continuar proyectos de inversión regionales, ya sean pesqueros, mineros, turísticos, o de otra naturaleza.

La comisión debe pronunciarse además "sobre los bienes comprendidos en el borde costero que son susceptibles de ser declarados Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), aprobando, rechazando o proponiendo modificaciones fundadas", indica la Subdere.

Crispi expone que desde ahora "la comisión va a poder ser convocada, en el contexto que siempre debió estar, para que ejerza sus competencias (...) A partir de ahora la autoridad electa democráticamente por la ciudadanía presidirá esta instancia, en donde se toman decisiones de gran importancia sobre ordenamiento de los territorios costeros de los ríos, lagos y playas".

Restan aún por completarse otros cinco traspasos que ya están en marcha: presidir la Comisión de Evaluación de Impacto Ambiental; presidir el Consejo Regional de Capacitación; fijación de vías de acceso a playas en los terrenos colindantes; otorgamiento de concesiones gratuitas de corto plazo; y elaboración de los planes reguladores intercomunales.

El segundo Gobierno de Sebastián Piñera transfirió en total 15 competencias de manera oficial entre abril de 2021 y febrero de 2022, siendo la otorgada ayer la primera durante la administración de Gabriel Boric.

Las seis comprometidas fueron solicitadas por la Asociación de Gobernadores de Chile el 8 de marzo pasado a través de una Agenda de Descentralización que presentó al Ejecutivo.

El 26 de abril pasado, el presidente Boric instruyó al Comité Interministerial de Descentralización iniciar la transferencia de las competencias mencionadas. El plazo que dio ese día para concluir el proceso es de seis meses.