Fue el actual gobierno que reconoció entre los nuevos delitos -atribuibles al crimen organizado- el tráfico de migrantes. Y las cifras así lo ratifican porque en 2019 no se registraron casos. Situación muy distinta a la de los años venideros donde las estadísticas marcan 41 detenidos y más de 300 víctimas de estas bandas que cobran altas sumas de dinero por vulnerar las fronteras del país.

Obviamente es un nuevo delito y que se vio acrecentado por la crisis interna en Venezuela y por la situación económica derivada de la pandemia. Allí el flujo migratorio fue constante y las comunas del norte del país las más golpeadas por el fenómeno.

La imperiosa necesidad de llegar a Chile le abrió un espacio a quienes se aprovechan de la desesperación de muchos migrantes. A ellos les cobran con el compromiso de llevarlos hasta el territorio nacional en buenas condiciones y sin muchas zozobras.

Se les anticipaba sobre trayectos difíciles y que el recorrido sería extenso con inclemencias climáticas en un grado menor. Si los desesperados pagaban todo resultaría en un clima de normalidad y sin inconvenientes para las personas en tránsito

Lo cierto es que muchos fueron abandonados en pleno desierto sin más indicaciones que seguir una huella y con muy pocas provisiones y ropa de abrigo. Se quedaban sin dinero ante el actuar despiadado de los denominados "coyotes" quienes recaudan altas sumas de aquellos que buscan un mejor futuro.

Las policías están alertas porque ya descubrieron que la corriente migratoria sigue y que entre "coyotes" y bandas especializadas se distribuyen en las redes sociales para "ofrecer" el pase a Chile. Y este tipo de aprovechamiento se debe combatir porque quienes fueron despojados de su dinero y sus bienes más valiosos quedan en una indefensión que por razones humanitarias sólo admiten la asistencialidad y la entrega de herramientas necesarias para lograr la ansiada reunificación familiar, el objetivo de gran parte del migrante venezolano.

Es por ello que el Comité Regional contra el Crimen Organizado ya está marcha y con especial atención a este y otros nuevos delitos que se multiplican en el país como el narcotráfico y la trata de personas.

Ninguno de ellos se puede permitir por el respeto a las víctimas, por combatir a los delincuentes, abusadores y para que el migrante que ingrese al país lo haga en condiciones que pueda ser un aporte para nuestra sociedad.

Luego de la bullada y, porque no decirlo, polémica licitación del litio que inició la administración del gobierno de Sebastián Piñera, proceso que finalmente no logró su cometido, es importante que nos sentemos a la mesa para delinear con celeridad, pero a la vez, con rigurosidad y responsabilidad, una política clara, efectiva y sostenible de estado, respecto al presente y futuro del también llamado oro blanco de Chile.

En este sentido, debemos avanzar en ejes claves, como en la creación de un instituto que fomente la investigación y desarrollo de este recurso estratégico, una iniciativa que- personalmente- espero que se levante, sí o sí, en nuestra Región de Antofagasta, capital minera de Sudamérica y mundial por excelencia y una de las que más contribuye a la economía nacional.

A lo anterior, es necesario sumar una Empresa Nacional del Litio. Tal vez, con una alianza público- privada, que permita generar encadenamientos productivos de realce para Chile, aunque no debemos olvidar que hoy seguimos siendo uno de los principales productores del mundo, por lo que esperaríamos que, de crearse esta compañía, el Estado sea un socio mayoritario en este proyecto.

Pero atención, no debemos dejar pasar el tiempo y quedarnos solo en mesas de trabajo y planillas Excel, es necesario que concretemos acciones. Recordemos que, en 2016, nuestro país era el mayor productor de litio a nivel global, con un 37% en el mercado. Hoy, caímos a alrededor de un 30%, siendo superados por Australia. Situación que podría continuar si no aumentamos la producción. Según expertos, al 2030, habríamos caído a un 17% de no revertir el escenario.

Dicho lo anterior, es relevante poner atención a lo que están haciendo los países competidores en el rubro, de manera de no convertir este campo en una actividad netamente extractiva. La idea sería abrazar soluciones tecnológicas que permitan generar una producción sustentable, amigable con el medio ambiente, con la flora y fauna, así como en armonía y respeto por las distintas comunidades.

A su vez, el litio podría ser clave para hacer frente al cambio climático y sus efectos, debemos sacar partido a las grandes reservas que poseemos, mediante una industria que, insisto, no se remita solo a una materia prima que exportemos para que otros la compren. De ser así, serán esas y esos mismos compradores, quienes en el mediano plazo, nos venderán productos que de ahí fabriquen. Atrevámonos y demos el gran salto hacia el desarrollo.

Tenemos la posibilidad de satisfacer una demanda cada vez más creciente en el mundo, pero que, si no sabemos aprovechar, podríamos ir quedando cada vez más atrás en la producción de este recurso estratégico. De mi parte, apoyaré cada iniciativa que se presente en el Senado, con el ánimo de contribuir, defender y definir cuanto antes una política de estado, respecto al litio.

A raíz del anticipo de las vacaciones de invierno para los estudiantes de establecimientos educacionales, la Dirección del Trabajo publicó el Dictamen 1050/58. Este se pronuncia acerca de la flexibilidad del teletrabajo para el cuidado de niños, niñas y personas con discapacidad, en los casos que este indica.

Sin duda, esta puede ser una medida que facilita a los y las trabajadoras para realizar sus labores sin desmedro de poner en riesgo su fuente laboral, pero ¿qué perspectiva de género se utilizó en esta medida de conciliación familiar aparente? La verdad que ninguna. Si bien puede haber una buena intención detrás del dictamen, este fue concebido sin perspectiva de género, ya que se construyó en base a sesgos inconscientes de género, que solo continúan perpetuando los roles estereotipados de hombres y mujeres respecto al cuidado familiar. En este caso, el sesgo inconsciente de género está en asumir que la mujer hace mejor el trabajo de cuidado que el hombre.

En primer lugar, el dictamen solo habla que la madre de niños y niñas preescolares puede decir quién tomará el cuidado cuando se presente la opción de que padre o madre puedan, pero ¿qué pasa si es una familia diversa? Es decir, qué ocurre cuando los padres tienen el cuidado legal del niño o niña.

¿Por qué se le confiere sólo a la madre ese rol?, ¿acaso socialmente el padre no puede asumir el cuidado sin que la madre le dé permiso? En la lógica de la corresponsabilidad del cuidado, ¿no debería recaer en las mismas oportunidades y dejar de perpetuar a la mujer ese rol? Por otra parte, en una familia con dos mamás, ¿cuál de ellas decide? y en las familias con dos papás, ¿quién decide si no hay madre?

Finalmente, el dictamen explica que sólo uno de los padres o madres podrá hacer uso de la medida. El cuidado de niños, niñas, personas en situación de discapacidad y/o con enfermedades terminales y/o crónicas graves (estas dos últimas no contempladas en el dictamen) implica un gran porcentaje de horas de trabajo no remunerado, sumadas a las labores del trabajo remunerado. Cuando se está teletrabajando, la sobrecarga es compleja, entonces ¿por qué no distribuirla entre más personas? La corresponsabilidad del cuidado va de la mano con la conciliación de la vida familiar y laboral, medidas que hace tiempo se viene impulsando como políticas públicas.

Por todo esto, la construcción de políticas públicas con perspectivas de género aún es un desafío pendiente.