Jonathan Villella C.

En su visita a la región para afiatar los equipos y comenzar las coordinaciones en torno a la evaluación ambiental de los distintos proyectos en Antofagasta, la abogada y directora ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), Valentina Durán Medina, conversó con El Mercurio de Antofagasta para ver cuáles son algunos proyectos importantes en la zona, además de explicar cuáles son sus convicciones en el liderazgo del servicio.

"El SEA es un servicio presente en todo el país, y para los ejes de gestión que nos hemos fijado es fundamental que trabajemos coordinadamente, afiatando los equipos, porque al margen de las particularidades y realidades ambientales de cada región, somos un solo servicio", explica la directora.

Agrega que "era importante conocer una región que recibe gran cantidad de proyectos para su evaluación".

"También buscábamos con esta visita asegurar la coordinación con la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente, la delegada presidencial y el gobernador, y saludar al equipo del Primer Tribunal Ambiental que tiene asiento en Antofagasta", comenta Durán.

¿Cuáles son y en qué consisten estos ejes de gestión?

-Asegurar una gestión técnica de excelencia, y apegada a la normativa, considerando la unificación de criterios para dar confianza y certeza a todos los actores del SEIA, tanto a los titulares de proyectos como a la ciudadanía que espera que aseguremos preventivamente el cumplimiento de la normativa ambiental. Dos, iniciar la implementación progresiva del Acuerdo de Escazú en el SEIA, poniendo todas las energías y esfuerzos de todas las divisiones y direcciones regionales del SEA en una implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia en asuntos ambientales, cumpliendo con el deber del SEA de facilitar y promover la participación ciudadana. Esto incluye identificar las barreras que dificultan un adecuado acceso a la información y a la participación ciudadana y adoptar progresivamente las medidas de gestión necesarias para levantar estos obstáculos.

También incorporar la variable cambio climático en la evaluación de impacto ambiental, conforme a la nueva Ley marco de Cambio Climático que está pronta a ser promulgada. Estamos en una crisis climática y la evaluación de impacto ambiental se debe hacer cargo no solo de los impactos, sino que de los riesgos climáticos.

¿Cuántos proyectos están sujetos hoy a evaluación en la Región de Antofagasta? ¿Cuál es el monto de inversión de estos proyectos?

-En calificación se encuentran 32 proyectos, por US$10.855,551 millones; 9 corresponden a Estudios de Impacto Ambiental, y 23 a declaraciones de impacto ambiental.

¿Cuál es la mirada del SEA respecto a la evaluación de proyectos en la Región de Antofagasta, considerando el impacto ambiental que se genera en la zona, gracias a la industria? Considerando además que existen zonas de sacrificio, como Mejillones.

-El SEA es un Servicio profesional y técnico en la evaluación ambiental. Los profesionales que aquí laboran y a los cuales ahora me toca liderar son un equipo de excelencia. Mi foco es asegurar una evaluación técnica, dé excelencia, que dé certezas a privados y a las comunidades. En Antofagasta y en el resto del país existen proyectos que son muy importantes para la descarbonización o para hacer frente a la crisis hídrica, y al respecto mi mensaje es que no deben escatimarse esfuerzos por parte de los titulares de proyectos, para presentar proyectos robustos, apoyados en la mejor información técnica y científica. Nosotros tenemos que dar garantías de igualdad ante la ley en la evaluación de todos los proyectos.

Por otra parte, los procesos de participación son fundamentales, y nosotros como Servicio estamos obligados a facilitar y promover estas oportunidades en que las comunidades pueden formular observaciones que deben ser consideradas adecuadamente. Mi invitación es a terminar con la consigna de que la evaluación ambiental es una traba a la inversión, pues no lo es. Es más, tanto la evaluación ambiental como la participación son condiciones del desarrollo sostenible y de clima de paz que éste requiere.

En esa misma línea, como Servicio, debemos considerar los impactos sinérgicos y acumulativos que se generan en zonas con alta presencia de proyectos de inversión, poniendo especial atención a la calidad de la evaluación ambiental, respecto de los componentes ambientales naturales y del medio humano, y por cierto al trabajo con las comunidades afectadas que requieren información clara y oportunidades de ser escuchadas.

Reformulación

Respecto del proyecto que pretende reformular el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a nivel nacional, ¿cuáles son los objetivos que persigue y cómo operaría el nuevo servicio?

-Nosotros somos ejecutores de política pública y nos corresponde asegurar el cumplimiento de la normativa ambiental en los proyectos que se presentan a evaluación. Si bien no tenemos potestad reglamentaria, estamos disponibles para colaborar con el Ministerio del Medio Ambiente en las reformas que se emprendan tanto al reglamento como al sistema en general, para asegurar que cumpla de mejor manera sus objetivos.

Respecto al proyecto que empuja la empresa chilena de infraestructura de agua, Cramsa, de realizar una planta desalinizadora en la región que, posiblemente, comience a funcionar en 2024 -siendo una de las inversiones más importantes a nivel nacional en este aspecto-, ¿cómo van estas gestiones? ¿Es viable este proyecto en términos ambientales?

-En cuanto al proyecto de la planta desalinizadora "Aguas Marítimas" de la empresa Cramsa, el SEA de la región y los demás órganos del Estado con competencia ambiental, lo están analizando en el marco del procedimiento reglado. Una vez que culmine la evaluación el Servicio deberá recomendar su aprobación o rechazo sobre la base de los antecedentes técnicos, y de acuerdo a la normativa vigente, tocará a la comisión de evaluación ambiental calificarlo, aprobando, rechazando o aprobando con condiciones. El Servicio siempre cumple con los plazos de evaluación.

En este caso el proyecto ingresó en marzo de 2022, y debe ser evaluado ambientalmente en 180 días hábiles, sin perjuicio de que el titular del proyecto puede presentar solicitudes de suspensión, para contestar a las observaciones. Según informa la región, y como se puede apreciar del expediente, este estudio está en una etapa temprana de evaluación, y adicionalmente se están desarrollando actividades de participación ciudadana en la que se han invitado a las comunas de Antofagasta, Sierra Gorda y Calama a que participen activamente. La comunidad tiene un período de 60 días hábiles para formular sus observaciones y hacerlas llegar a nuestro servicio.

"Siempre es relevante que la institucionalidad ambiental mantenga una buena coordinación para asegurar la correcta protección del medioambiente".