El nuevo Código Penal de Cuba, que fue aprobado ayer por la Asamblea Nacional, provocó el recelo y críticas de la disidencia y el activismo, que temen que afecte a la protesta social y el periodismo independiente.

El nuevo texto legal fue destacado por sus impulsores y defensores como "moderno", "educativo", "garantista" y de afán actualizador, ya que el anterior, de 1987, no contemplaba cuestiones como los delitos medioambientales, la cibercriminalidad, la violencia de género y las tramas delictivas transnacionales.

No obstante, sus detractores señalaron que aumentan los tipos de delitos en 37, y que se endurecen las penas: hay cuatro delitos más con pena de muerte y 10 más con cadena perpetua.

Asimismo, destacaron que incorpora una ambigüedad calculada que da cabida a la arbitrariedad y consideran la reforma una reacción legal a las protestas antigubernamentales del 11 de julio.

En este sentido, denunciaron por ejemplo los nuevos tipos delictivos por desórdenes públicos y contra la seguridad del Estado, así como aquellos que penalizan el financiamiento extranjero de ONG's o medios de comunicación y la descripción del delito de espionaje.

De esta manera, mientras los medios oficiales subrayaron que el texto blinda la presunción de inocencia, el derecho de apelación y el derecho a la defensa, además de limitar la prisión provisoria e impedir que una persona sea juzgada dos veces por un mismo hecho, el abogado Fernando Almeyda, en el medio independiente La Joven Cuba, consideró que el recién aprobado código "llega a un nuevo nivel, institucionalizando la violencia a favor de los intereses del Estado".

El jurista, también destacó que el texto exime de responsabilidad penal a aquellos que actúen para "repeler o impedir un peligro o daño a los intereses sociales del Estado" y apuntó a los grupos progubernamentales que chocaron con los manifestantes del 11 de julio.

De igual manera, alertó de que también exime penalmente a policías, militares y funcionarios por "obrar en cumplimiento de un deber".

1987 era el Código anterior que, según sus impulsores, no contemplaba delitos ambientales o de género.