Considerando la relevancia de la celebración del "Día de la Madre", el Sernac estará monitoreando que las empresas cumplan con los derechos que establece la Ley del Consumidor, especialmente respecto de la garantía legal y los plazos de entrega de los productos adquiridos a través de internet.

Recordemos que el pasado 24 de marzo comenzó a regir la ampliación del plazo de seis meses para poder exigir el derecho a la garantía legal en caso que compren un producto nuevo que salga defectuoso.

Esto quiere decir que las personas que compren un producto que venga malo, pueden exigir durante seis meses el cambio, la reparación o la devolución del dinero, esto a su elección.

En algunos productos como los electrodomésticos, eventualmente, la empresa podría proponer al consumidor la realización de un diagnóstico técnico del producto para conocer las razones del problema.

Una vez revisado el producto, el consumidor puede elegir cualquiera de las tres opciones de garantía, esto es, el cambio, la reparación o la devolución de lo pagado, si es que el defecto no fue de su responsabilidad.

Por eso, como Sernac estaremos monitoreando el cumplimiento por parte de las empresas, y en caso de detectar infracciones, tomaremos las acciones que correspondan para defender a los consumidores.

Además, vamos a monitorear que las empresas que venden sus productos a través de internet cumplan con la normativa.

En este contexto, indicar que también el pasado 24 de marzo entró en vigencia el Reglamento de Comercio Electrónico, norma que complementa la Ley del Consumidor, y que exige a las empresas que informen previamente cuánto terminarán pagando los consumidores, el plazo de entrega del producto, inexistencia de stock disponible del producto, las características del producto, forma de contacto, exclusiones al derecho a retracto, entre otros aspectos relevantes.

En caso de que las empresas no cumplan con las exigencias de la Ley del Consumidor respecto del derecho a la garantía legal o al reglamento de comercio electrónico arriesgan multas de hasta 300 UTM, esto es, cerca de 17 millones por cada infracción.

En caso que un consumidor tenga un problema de consumo, el llamado es a ingresar sus reclamos al Sernac a través de www.sernac.cl o llamando en forma gratuita al número 800 700 100.

El riesgo por el coraje de informar

A propósito de la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa el pasado martes 3 de mayo, como Colegio de Periodistas Regional El Loa nos sentimos en la obligación moral de referirnos a este derecho, el que debe ser consagrado por el Estado y que resulta fundamental para fortalecer nuestra democracia, promover la pluralidad y la participación de todos los actores sociales en la construcción del Chile que tanto anhelamos.

Para usted como lector o lectora de este diario, puede que la libertad de prensa no sea una prioridad entre las temáticas a debatir en nuestra comuna, región o país, sin embargo, cuando mediante la censura, presiones indebidas, o de plano la violencia se pretende coartar el trabajo de periodistas o comunicadores, quien pierde es la sociedad en su conjunto porque se vulnera un derecho fundamental, como lo es el acceso a la información.

En momentos en los que impera la distracción tecnológica y la creación de noticias falsas, el libre ejercicio del periodismo y la libertad de expresión resultan fundamentales en la búsqueda de la verdad a través de la contrastación de fuentes formales, por ello también es deber de la comunidad informarse debidamente, ir más allá de un titular y hacer una valoración critica respecto de contenidos que le parezcan poco verosímiles.

Volviendo a la conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa, esta efeméride fue establecida por la ONU también como una forma de recordar a los y las periodistas que han perdido la vida durante el ejercicio de su profesión, hecho que nos hace detenernos en los riesgos que enfrentamos a diario quienes ejercemos la vocación de comunicar.

El riesgo por el coraje de informar está presente en Latinoamérica y Chile por cierto no está exento. Francisca Sandoval (29), reportera que resultó herida a bala el pasado 1 de mayo mientras cubría las manifestaciones ocurridas en el Barrio Meiggs de Santiago, no hace más que corroborar la necesidad de resguardar la labor del gremio.

Mientras nuestros pensamientos y oraciones están con Francisca y sus cercanos, llamamos a la sociedad a reflexionar sobre la imperiosa necesidad de promover la seguridad hacia las y los periodistas y trabajadores de las comunicaciones, la defensa de la libertad de prensa y de expresión, como así también del acceso que tienen todos los ciudadanos a la información.

La diputada Nathalie Castillo y ex presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, dio luces de esperanza en esta materia, anunciando en la conferencia Global de UNESCO el ingreso en las próximas semanas al Congreso, de un proyecto de ley que busca brindar mayor seguridad a las y los periodistas y trabajadores de las comunicaciones, estableciendo protección especial en caso de conflictividad social, determinando el rol del Estado en materia de prevención de la violencia y estableciendo acciones particulares de resguardo para mujeres y disidencias sexuales.

Un avance que esperamos pueda tener un apoyo legislativo transversal y una tramitación ágil porque la defensa de los derechos fundamentales no puede esperar.

Marcelo Miranda

Director regional del Sernac

Carla Anziani Ribera

Colegio de Periodistas, Consejo Regional El Loa

Más allá de lo extenso y del controvertido debate que se generó en el pleno del Consejo Regional, el jueves pasado cuando se analizó el financiamiento del proyecto de Antofagasta Bodyboard Festival 2022, las dudas y cuestionamientos a la iniciativa merecen atención pública.

Si bien los recursos con los que se presentó para financiamiento de la iniciativa corresponden a los denominados Fondos de Interés Regional (FIR), una línea de financiamiento de responsabilidad directa del Delegado Presidencial y que permite, de acuerdo a su definición, priorizar iniciativas de forma directa, sin que necesariamente cumplan con la evaluación social y económica de proyectos regulares que se presentan al FNDR, la experiencia pasada de irregularidades en la asignación de recursos con el fondo FIR, debe necesariamente llamar a la prudencia y respeto a la normativa que el propio Concejo definió en su momento.

Ello porque fue el mismo CORE quien, debido a la serie de cuestionamientos de la administración pasada por el uso de los fondos FIR, definió un manual de asignación que permitiría mayor transparencia y rendición de cuentas a la hora de fiscalizar las iniciativas.

Llama la atención entonces, tal y como lo señalaron diversos consejeros durante la discusión, que el proyecto, que no contaba con la recomendación por parte de la comisión que revisó los antecedentes debido a una serie de inconsistencias en su formulación, fuera igualmente presentado por la División de Desarrollo Social del GORE para su discusión y, finalmente, aprobado por unanimidad del pleno.

No es necesario recordar la necesidad del apego a las normativas, sobre todo si fueron autoimpuestas, y el daño que produce a la institucionalidad pública señales equívocas como las observadas.

Razones como las planteadas por el proyecto de Antofagasta Bodyboard para su aprobación (su pertinencia, alcance mundial, impacto social) también podrían ser utilizadas por otras instituciones que, por una y otra razón, han quedado en el camino por mala evaluación de sus proyectos.

Es de esperar que el nuevo Consejo Regional reflexione sobre estos efectos. Un gobierno regional que ha reiterado en la necesidad de mayor transparencia y participación no debe tropezar con definiciones similares de aquello que, en otro tiempo, tanto cuestionaron.