En 2020, Naciones Unidas destacó a Chile junto a 17 países por su nivel de adopción de gobierno digital, progreso en la disposición de servicios en línea, conectividad, alfabetización digital y promoción del acceso a las TICs, conforme a los Índices de Desarrollo del Gobierno Electrónico. Un reconocimiento a la labor que hoy revela importantes resultados en medio de la implementación gradual de la Ley Nº 21.180, normativa publicada en noviembre de 2019 y que pretende digitalizar todos los procedimientos administrativos de las instituciones del Estado a 2024, a excepción del Poder Judicial y el Congreso Nacional

A la fecha, los datos oficiales consignan que en los últimos cuatro años el 86% de los trámites de la administración central del Estado se ha efectuado de manera digital, habiendo entre 2020 y 2021 más de 833 millones de atenciones en ChileAtiende; 14 millones de usuarios con Clave Única y 654 millones de transacciones en la red multicanal. Sin duda, un gran alcance, pero aún con pendientes y desafíos; entre ellos, el robustecimiento del sistema de identificación ciudadano (Clave Única) y la mantención de las capacitaciones a los funcionarios públicos en favor de un uso eficiente y responsable de las tecnologías

La transformación y digitalización del Estado, así como las políticas orientadas al gobierno abierto, no son un fin en sí, sino un proceso continuo de apoyo a la tarea de los funcionarios públicos, el que debe ser retroalimentado por la ciudadanía mediante canales adecuados, anticipándonos de este modo a las explosivas demandas en forma de protesta social. Es relevante también considerar la participación ciudadana desde el origen a través de una política de transformación digital que incluya la experiencia de la y el ciudadano, preguntándoles -por ejemplo- ¿qué trámites o procesos creen que deben ser simplificados? o bien, ¿cuáles de éstos les generan mayor o menor valor en la práctica?

Las ventajas de la transformación digital del Estado son varias, solo por mencionar algunas: incrementa la productividad, suma beneficios y reduce la burocracia. Sin embargo, no sacamos nada con tener un gran listado de trámites digitalizados si estos no se están ejecutando con un nivel de satisfacción ciudadana adecuado o no se ha hecho el esfuerzo por medir su grado de simplificación. Es clave construir una visión global de nuestro Estado Digital, utilizando como bases la información disponible y la respuesta de los ciudadanos para definir una hoja de ruta que permita establecer prioridades al servicio de una transmutación sin tropiezos.

Nadie dijo que sería fácil, fue una tramitación extensa, pero con perseverancia y esfuerzo, logramos el objetivo: "Devuélveme la Casa" será ley y, hoy, solo resta que el Presidente de la República, Gabriel Boric, promulgue esta tremenda normativa, una iniciativa que beneficiará a miles de personas, quienes, por cierto, esperaban con ansias este anuncio.

El proyecto- ya aprobado- modifica y actualiza las reglas que regulan los juicios de arriendo. En ese sentido, el cambio quizás más importante es el que permite al juez, que conoce de la causa, a solicitud del arrendador, decretar como medida precautoria la restitución anticipada del inmueble, sin necesidad de esperar la dictación de la sentencia definitiva.

En paralelo, decretado el desalojo de la vivienda, el proceso legal seguirá su curso normal, a fin de determinar, por ejemplo, cuánto es lo que se debe por concepto de rentas de arrendamiento, consumos de servicios básicos, daños a la propiedad, entre otros.

Conviene recordar que la normativa que hoy rige esta materia, implica esperar el término del juicio para que las o los morosos salgan del inmueble en cuestión, situación que podía tardar, en algunos casos, dos, tres y hasta cuatro años, una verdadera pesadilla para quienes se veían enfrentados al comportamiento muchas veces rebelde e irresponsable de ciertos arrendatarios y arrendatarias.

Aun cuando este proyecto fue aprobado por una amplia mayoría, lamento y no logro comprender la razón o el argumento de algunas parlamentarias y parlamentarios, quienes se abstuvieron o derechamente rechazaron la iniciativa, considerando que esta normativa beneficiará a miles de personas. Lo importante es que fuimos más, quienes nos pusimos en el lugar de mujeres y hombres que vivían un verdadero calvario, con personas inescrupulosas, quienes, en algunos casos, reconocían sus deudas, pero no eran capaces de dejar el inmueble o esperaban el término de los juicios, a sabiendas de lo extenso de estos procesos.

Este proyecto es un gran avance que moderniza los juicios de arriendo, pero sin duda, sigue pendiente la modificación integral a la justicia civil, iniciativa que actualmente se encuentra en la Comisión de Constitución de la cámara alta, y que a pesar de la insistencia de varias y varios senadores y las declaraciones de distintos Gobiernos de la necesidad de contar con lo recién expuesto, no ha podido ser despachado, debido al costo financiero elevado que implicaría su instalación, producto del nuevo modelo de tribunales civiles que se pretende implementar.

Esperamos poder consensuar una fórmula con la actual administración del poder ejecutivo, que nos permita avanzar en la dictación del nuevo Código Procesal Civil, y así comenzar a implementar la tan anhelada modernización.

Fue el propio Presidente de la República Gabriel Boric quien dio por finalizado el período de instalación de su gobierno y de paso instruyó a sus ministros y ministras a tomar con un sentido de urgencia las tareas y que la ciudadanía "note las prioridades que cada uno tiene en su cartera". En particular, profundizar el Programa Chile Apoya".

Es innegable que ha sido una instalación no exenta de problemas, principalmente porque se trata de una coalición nueva y que en sus lineamientos siempre ha tratado de desmarcarse de lo que han llamado la "antigua forma de hacer política" para centrarse en un foco alejado de los amiguismos, clientelismo, cuoteos y otros que largamente han criticado.

Lograr la instalación bajo esos términos no fue fácil y hubo errores que ya corregidos esperan poner en práctica las políticas incluidas en su programa de gobierno sobre el cual existen grandes expectativas.

La inflación galopante golpea y claramente el programa Chile Apoya contiene el paquete de ayuda para los sectores más vulnerables y que hoy sufren los embates de alzas continuas y que en algunos casos -como el aceite- son insostenibles. Eso en lo inmediato porque hay otros temas de larga data y que fueron abordados durante la campaña y que esperan un pronunciamiento del gobierno.

La reforma a la Ley de Pensiones, inmigración irregular, la pospandemia, seguridad ciudadana, medio ambiente y su participación de lo que será el proceso constituyente entre otros temas sobre los que se espera un sello de esta nueva administración.

Parafraseando al mandatario las "turbulencias" seguirán en el ejercicio del poder y de la administración pero finalizada la instalación hay que poner al servicio de los objetivos las capacidades y talentos de los elegidos. Demostrar que están en condiciones de gobernar, de dar estabilidad y de proyectar al país.

El lo regional, obviando las dificultades de la instalación, se debe trabajar en temas que están ocurriendo en el día

Educación tiene que intervenir para zanjar el paro de los docentes; Interior para dar más seguridad a los barrios y controlar la inmigración; Transporte en diseños para combatir los tacos y salud para enfrentar los rezagos producto de la pandemia.

Son urgencias que se deben enfrentar para tranquilidad de los habitantes de la zona.